UN PLUS DE REPROCHE PARA EL OFICIAL DE POLICIA
El oficial de Policía Jorge Luis Fantoni deberá purgar tres años y medio de cárcel de cumplimiento efectivo, cuando su condena quede firme. Pudo irle peor. El Código Penal prevé hasta cuatro años de cárcel para aquel que se aproveche de un menor de edad a través de las redes sociales.
También influyó la benevolencia de los tres jueces varones que tuvieron a su cargo determinar el monto de la pena, quienes no consideraron tres puntos esenciales en el hecho, que podrían haber agravado la sanción.
El primero es que Fantoni, junto a otros dos policías de apellido Vargas y Reyes – que después quedarían apartados de la causa – custodiaba a diario la puerta de la Casa de Admisión del barrio 60 Viviendas, en donde el Estado provincial aloja a niños y niñas con problemas de conducta, abandonados o golpeados por sus padres o con una historia de vida de sufrimiento. El estaba ahí para cuidar, no para aprovecharse del destino que le asignaron para intentar seducir a una niña de 15 años de edad, marcada por el abandono de su familia y las adicciones.
El otro aspecto es justamente ese: la menor lleva dos tercios de su vida institucionalizada; ha sido abusada por adultos que a cambio de droga la indujeron a la prostitución; adolece de la madurez psicológica que le corresponde a su edad y no cuenta con ningún tipo de apoyo parental, más que una madre en la que le resulta imposible refugiarse, por sus particulares características personales. En otras palabras, si una menor de 15 años de edad es vulnerable, la víctima de este caso lo es infinitamente más, por lo expuesto más arriba.
El tercer punto es que el Estado provincial, constituído por todos y cada uno de los ciudadanos, invirtió una gran cantidad de recursos en la formación del oficial Fantoni, quien después de recibir una instrucción de nivel terciario prácticamente gratuita, accedió inmediatamente a un trabajo muy bien remunerado y con un régimen jubilatorio preferencial. ¿Qué se le pedía a cambio? Que velara por la seguridad de los ciudadanos. Pero hizo exactamente lo contrario.
Pese a estos evidentes agravantes, los jueces ni siquiera aplicaron los tres años y diez meses de prisión solicitados por el fiscal, propuesta que rozaba los cuatro años de pena máxima previstos por el Código Penal para quienes ejercen el viejo delito del abuso de los más débiles y vulnerables, como lo son los niños, valiéndose de las nuevas tecnologías.
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