La suspensión de las elecciones a convencionales constituyentes, dispuesta por el Poder Judicial el martes último y requerida por un legislador, produjo un cimbronazo en los poderes Ejecutivo y Legislativo, con entrecruzamiento de graves acusaciones.
A los dichos del gobernador Gustavo Melella vertidos luego de la medida judicial que impide modificar la Constitución, quien la atribuyó a “una decisión netamente política”, los jueces se consideraron “agraviados y amenazados por alguna reacción violenta” y pidieron que haya “una aclaración”. También se sintieron ofendidos por haber sido tildados de “casta”.
La inesperada resolución judicial del pasado martes 6 de agosto que fue firmada por los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Miriam Cristiano, María del Carmen Bataini, Ernesto Adrián Loffler y Javier Darío Muchnik, suspendiendo las elecciones a convencionales constituyentes, apenas horas después que la jueza electoral Mariel Zanini diera a conocer el cronograma electoral oficial, cayó como un balde de agua fría en el Gobierno de Tierra del Fuego, cuyo titular promovió la idea de modificar la Constitución y también en la Legislatura fueguina, en donde el año pasado se elaboró una ley para hacer viable tal iniciativa.
La decisión de los jueces obedeció a la presentación de inconstitucionalidad que días antes había formulado el legislador del partido Somos Fueguinos e histórico miembro del Movimiento Popular Fueguino, Jorge Lechman. En tiempo récord, la inquietud tuvo como respuesta el fallo registrado en el Tomo 149, folio 28/32 del Libro de Resoluciones y Sentencias, en cuya parte resolutiva se dispone “la suspensión del acto electoral fijado por el decreto Nro. 1.656 del Poder Ejecutivo provincial”, previsto para el 10 de noviembre de este año.
A raíz de la manda judicial, el gobernador Gustavo Melella realizó declaraciones en varios medios de prensa, criticando la decisión del Superior Tribunal de Justicia: “Llama poderosamente la atención la celeridad de la Justicia, para mí es una decisión netamente política” – evaluó.
El mandatario refirió a OPI Santa Cruz que “cierto grupo de personas de nuestra provincia se resiste a perder privilegios, me parece que es parte del juego político. Es claramente algo político y no judicial”.
“No quiero hablar mal de la Justicia, pero realmente pareciera que la presentación estaba escrita y el fallo también. Llama muchísimo la atención que en 24 horas se produjera esa respuesta, que hubiera habido tanta celeridad. Me alegro que haya celeridad en la Justicia, pero creo que la misma mano escribió las dos cosas, eso es lo que me parece grave” – insistió.
El mandatario gubernamental resaltó también que “no se pueden frenar los procesos democráticos, porque lo actuado es justamente eso. No es el problema del gasto ¡si ni siquiera saben lo que cuesta!. Es una excusa para no reformar la Constitución y para no perder privilegios”.
“Muchos se resisten a estos cambios, se creen dueños de la provincia, de la Justicia, de la economía, de la política y de la Constitución, y el único dueño de la Constitución es el pueblo de Tierra del Fuego” – cerró sus declaraciones con contundencia.
Inmediatamente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego, en la que están comprendidos los jueces que suspendieron las elecciones y todos los demás que conforman el Poder Judicial, recogieron el guante y se dieron por aludidos.
“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego, observa con atención y preocupación las declaraciones públicas efectuadas en diversos medios periodísticos por el gobernador Gustavo Melella, a través de las cuales agravia y descalifica a los jueces del Superior Tribunal de Justicia en particular y, a quienes integramos el Poder Judicial en general, de un modo que trasciende el marco lógico y sano de la crítica propia de la vigencia de la Constitución” – comenzaron diciendo en un comunicado que se distribuyó entre los medios locales y que lleva la firma del abogado Julián De Martino.
Denotando sentirse afectados, los jueces consignaron que “la denominación de `casta´ a los miembros de un Poder del Estado y la alusión a que una resolución judicial pone en riesgo la paz social, proviniendo de una persona de tan alta investidura, podría ser interpretado como un llamado a una reacción violenta, lo cual, entendemos, lejos está de su intención”.
Por último, los magistrados pidieron “una aclaración como aporte y contribución a la paz invocada”.