Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat.
Laura Montes, presidenta del Instituto, se refirió al equilibrio financiero que buscan llegar para adecuarse a las nuevas políticas nacionales implementadas por la gestión de Javier Milei. También informó sobre los alquileres sociales y la próxima entrega de lotes con servicios para seguridad, educación y salud.
En diálogo con la prensa, la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, Laura Montes, habló sobre el trabajo puertas adentro que realizan para adecuarse a las nuevas políticas nacionales implementadas por la gestión de Javier Milei.
En esta línea, contó: “Estamos ordenando lo que actualmente el IPVyH tiene como convenio de ocupación. Hoy tenemos unos 400. Es un alquiler social. Son políticas que ya se vienen implementando. Son personas que no pueden ser adjudicatarias, entonces el Instituto les cobra un costo, muy por debajo de un alquiler, para que acceda a un techo”.
Según Montes, “tenemos que ver esto, para que edificios completos puedan ser mantenidos. A veces cuesta el mantenimiento de lo que sigue siendo del Estado. Por eso, ante esta nueva política, ordenamos eso hacia adentro. En las próximas entregas, evaluaremos esa situación”.
“Otorgamos esta modalidad de alquiler hasta que regularicen su situación y puedan empezar a pagar”.
Según la titular del organismo, “el desafío es segmentar la demanda. Al hacerlo, podremos atender la demanda más vulnerable. Recién el año pasado indexamos las cuotas, pero entregamos pocas viviendas. Entonces, el impacto es muy bajo”.
Y enfatizó que “es crucial trabajar en ese recupero y segmentar la demanda en quienes tienen un empleo formal y pueden pagar. Aun así, con ese tipo de cuota, podemos atender a la gente vulnerable, que formalmente no puede acceder a una vivienda”.
Laura Montes explicó que “como todos los organismos, tenemos prioridades. Tenemos que terminar las 500 viviendas que están en ejecución y adaptarnos a las políticas nacionales”.
Consultada por la liberación de fondos desde el Gobierno nacional, dijo: “Tenemos proyectos para la adaptación, pero estamos buscando equilibrio económico. Hace 3 meses que está mejorando nuestra recaudación. Estuvimos deficitarios el último año y medio. La Nación ya empezó a ver el tema de obra pública y de vivienda. Si bien no es la totalidad del financiamiento cuando firmamos los convenios, están dispuestos a aportar un 30% de lo que queda de obra, para reiniciarlas”.
Este 30% liberado por la Nación “es un monto fijo, y en pesos. Tener esto, a no tener nada, nos ayuda a reiniciar las obras. Además, con la posibilidad de que la proyección del FONAVI se mantenga. Para el año que viene tendremos unos 10 mil millones, que si bien no alcanzan para la totalidad de las viviendas, tendremos un año de ejecución”.
Es por esto que previó que “la ejecución será más lenta, porque depende de ese dinero, y de los fondos propios del IPVyH. Si aparece otro financiamiento, iremos adecuando los planes de trabajo”.
“La adaptación que tengamos está en estudio. Son operatorias que hemos concretado, como programas secundarios, que hoy al no haber planes federales, serán las operatorias principales. Esto será a mediano plazo, cuando podamos establecer un equilibrio”, siguió.
Gracias a este convenio marco firmado por el gobernador Gustavo Melella con autoridades nacionales, “se han destrabado 12 obras, y tienen que reiniciar todas. Estamos con los planes de trabajo, para gastar el dinero que mandará Nación contra certificado. Son casi 5 mil millones. Mientras las contratistas van generando obras. Del total, 500 millones son de deuda. Ya se mandó una planilla de desembolsos, para acelerar el pago de la deuda, que son certificados del año pasado”.
“Queremos empezar a trabajar en la ejecución de las viviendas paralizadas hasta hoy. Será en principio con FONAVI. Tenemos un ritmo de obra que no supera los 18 meses y se va a alargar un poco, porque los fondos no alcanzarán. Un certificado de obra supera los 100 millones. Los planes de obra estarán más planchados, y la ejecución será más lenta, pero se van a terminar las viviendas”, siguió.
En paralelo, Montes adelantó que desde el IPVyH trabajan “en la entrega de lotes con servicios. No son masivos, serán 100 o 120, en una operatoria específica para seguridad, educación y salud. En eso estamos. Ya se está evaluando la demanda, que tiene que ver con antigüedad de inscripción. Los listados estarán publicados en septiembre, para las impugnaciones o que la gente pueda opinar”.
Y recordó que “el IPVyH siempre ha tenido programas y operatorias alternativas, que serán principales en un tiempo: Entrega de lotes con servicios y créditos. Obviamente estamos viendo cómo seguir entregando viviendas de llave en mano. Con otras características, como lo hemos hecho años atrás. Vemos otras posibilidades, pero siguen siendo proyectos, porque económicamente no podemos salir a promocionarlas”.
En cuanto a los nuevos proyectos orientados al trabajo junto al sector privado, narró: “La política nacional lo ha bajado, y es una opción. Lo que vemos de diferente, es que dependemos de la inversión de un privado. Tienen, a diferencia del Estado, una necesidad en la inmediatez de la reinversión. Ahí es donde cuesta armar un proyecto viable, con el fin social que tenemos nosotros”.
Aunque reconoció que, para que prospere, hace falta mayor estabilidad económica: “Hoy en el privado hay un temor por invertir. Puede existir la posibilidad. Una vez terminado el proyecto, se lo presentaremos al Gobernador para que lo evalúe. Es algo chico, para medir resultados, pero no es nuestra lógica. Vemos costo-beneficio, porque siempre queremos tener el beneficio social. Buscando ese equilibrio es que generamos este proyecto piloto”.
Por otro lado, Montes habló sobre las gestiones tendientes a generar equilibrio financiero en el IPVyH y subrayó que “recién cuando entreguemos las 500 casas vamos a mejorar el recupero. Estamos trabajando en la extinción del fideicomiso de ATE, para poder empezar a cobrar esas viviendas”.
Finalmente, enfatizó: “Queremos generar un círculo virtuoso. Al depender del dinero de Nación, el IPVyH tenía la característica de congelar las cuotas. Hoy no lo podemos hacer, no es factible. Hoy hay viviendas cuyas cuotas no superan los 8 mil pesos”.
“Más de 3 mil personas cancelaron y regularizaron, gracias a nuestro último programa. En la Margen Sur hay más de 3 mil lotes en regularización. Fue una propuesta que funcionó, lo que nos permitió bajar mucho el expendio administrativo”, cerró.