Rastreadores informáticos de una organización de protección infantil estadounidense avisaron a la Policía de Tierra del Fuego que en computadoras de dos domicilios se registraba actividad de distribución de imágenes y videos de abuso sexual a menores.
Personal policial de la División Delitos Complejos, a las ordenes del Juzgado de Instrucción Nro. 2, allanó una vivienda ubicada en la calle Areguatí al 700, en la Margen Sur y otra sita en Punta María al 700, en el barrio Malvinas Argentinas, en Chacra XIII. En ambos domicilios se secuestraron computadoras y teléfonos celulares para ser peritados.
El National Center for Missing & Exploited Children encendió las alarmas al detectar, en los equipos informáticos con los que opera desde sus tres sedes estadounidenses ubicadas en las ciudades de Nueva York, Texas y Florida, dos puntos rojos en el sur argentino.
La corporación privada y sin afán de lucro, cuya misión es ayudar a encontrar a niños perdidos, reducir la explotación sexual infantil y evitar que los chicos sean víctimas de abuso sexual, se comunicó con la Policía de Tierra del Fuego para alertar sobre el hallazgo y para brindar precisiones sobre la localización de los dos IP de computadoras en los que se registraba actividad referida a la distribución de material de pederastia, en la ciudad de Río Grande.
Con la información aportada por el NCMEC a lo largo del mes de agosto, el Juzgado de Instrucción Nro. 2 del Distrito Judicial Norte, a cargo del juez Raúl Sahade, ordenó el 3 de septiembre último a la División Delitos Complejos que allane dos domicilios para buscar contenidos MASI – Material de Abuso Sexual Infantil. La primera de las viviendas allanadas en la fecha mencionada está emplazada en la Margen Sur, sobre la calle Areguati al 700, mientras que en la segunda, sita en la calle Punta María al 700, en el barrio Malvinas Argentinas, Chacra XIII, la Policía irrumpió el día 4 de septiembre. En ambos domicilios se secuestraron computadoras y teléfonos celulares que fueron entregados a técnicos especialistas del área pericial de la Justicia para ser abiertos y analizados.
Los efectivos policiales procedieron al cumplimentar la manda judicial a notificar de derechos y garantías procesales a las cuatro personas mayores de edad que se encontraban en los sitios allanados.
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