La situación de los servicios de salud en Tierra del Fuego es alarmante. La falta de profesionales médicos especializados está alcanzando niveles críticos, con efectos devastadores para la comunidad. El caso del Hospital de Ushuaia es paradigmático: especialidades como cardiología, oftalmología y pediatría presentan una escasez tal que quienes solicitan un turno deben esperar hasta tres meses, en muchos casos poniendo en riesgo su salud y bienestar. Por otra parte los profesionales que están atendiendo se ven superados ampliamente por la demanda y súper humanos no son.
Esta problemática se agrava debido a la falta de prioridad en la convocatoria y contratación de estos profesionales esenciales, mientras que en otros sectores de la Administración Pública proliferan las contrataciones sin formación específica.
Resulta especialmente preocupante que el Estado priorice la incorporación de empleados sin experiencia en áreas administrativas, generando una estructura que no responde a las necesidades reales de la población sino a intereses de expansión electoral. Este crecimiento desmedido del aparato estatal no solo desvía recursos necesarios para la salud sino que también impacta en la eficiencia del sistema.
El déficit de especialistas en Tierra del Fuego afecta de manera directa a los pacientes, muchos de los cuales enfrentan serias dificultades para acceder a tratamientos y diagnósticos a tiempo. La espera prolongada para turnos médicos en ciertas especialidades puede resultar en el empeoramiento de condiciones crónicas y el aumento de las complicaciones, algo que podría evitarse con una atención oportuna si hubiese la cantidad de médicos adecuada a la demanda.
No es menor tampoco el hecho de que en un sistema de salud saturado, la falta de especialistas incrementa la carga de trabajo para los pocos que están en funciones, lo que puede afectar tanto la calidad de la atención como la salud mental de los profesionales, que enfrentan jornadas agotadoras.
Además esta crisis no solo se reduce a la escasez de profesionales, sino que es un síntoma de una administración deficiente, caracterizada por decisiones políticas que anteponen intereses particulares a las verdaderas necesidades del sistema sanitario.
La contratación de personal sin la experiencia ni la formación adecuada refleja una preocupante falta de enfoque en la calidad y efectividad de los servicios públicos, afectando así a quienes dependen de ellos para recibir atención.
La politización del aparato estatal y sus consecuencias
Uno de los aspectos más inquietantes de esta situación es la politización del sistema. En lugar de concentrarse en fortalecer áreas críticas, el Estado parece priorizar la incorporación de personal administrativo sin formación en detrimento de la contratación de profesionales médicos. En muchos casos, estos nuevos empleados son asignados por motivos de conveniencia política, como parte de estrategias para asegurar permanencia en el poder, en lugar de responder a necesidades operativas. El resultado es un aparato estatal inflado, con un gasto innecesario que no se traduce en mejoras tangibles para la población.
Por otra parte, existen empleados públicos que gozan de beneficios como adscripciones a otros poderes del Estado, a pesar de vivir fuera de la provincia e incluso en otros países. Esta situación no solo representa un gasto injustificado sino que refleja una falta de control y responsabilidad por parte de las autoridades que supervisan estos sectores. La desatención a la hora de gestionar los recursos humanos y financieros en áreas críticas como la salud y la educación revela una administración desconectada de las necesidades reales de la comunidad fueguina.
La necesidad de un cambio urgente
El tiempo de espera de tres meses para recibir atención médica especializada es solo uno de los síntomas de un sistema que necesita reformas profundas y un enfoque renovado, centrado en las verdaderas necesidades de la gente.
Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para revertir esta situación. La primera prioridad debe ser la contratación de profesionales de la salud en áreas críticas. La Administración Pública debe entender que la inversión en salud es una inversión en el bienestar y el desarrollo de la sociedad. No se trata solo de llenar plazas, sino de garantizar que estas plazas sean ocupadas por personas capacitadas que puedan responder a las demandas de una población que confía en los servicios públicos para su atención.
Además, es necesario implementar un control riguroso sobre las adscripciones y las prácticas de contratación, para asegurar que los recursos del Estado se destinen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El sistema de salud y la educación pública deben ser áreas de máxima prioridad, y esto solo se logrará cuando las decisiones se tomen en función del beneficio de la comunidad y no de intereses políticos o electorales.
La comunidad de Tierra del Fuego merece un sistema de salud eficiente y accesible, con profesionales bien pagos que no deban estar pensando cómo llegar a fin de mes.
Este es un llamado urgente a las autoridades provinciales para que asuman su responsabilidad y tomen decisiones que verdaderamente promuevan el bienestar de todos.