“Los dueños de las estancias La Fueguina, La Pirinaika y María Luisa, entre otras cercanas a la costa, están atentando contra nuestra fuente laboral”. Orlando Genes, pescador artesanal hace 20 años, denuncia, junto a otros trabajadores de Ushuaia, Río Grande, Almanza y Tolhuin, el incumplimiento de la Ley 244 que garantiza pasos de servidumbre no solo para la actividad pesquera sino también para el libre tránsito ciudadano.
Un grupo de pescadores artesanales de Ushuaia, Almanza, Tolhuin y Río Grande denunció graves restricciones para acceder al mar en diversas zonas costeras de Tierra del Fuego. Según Orlando Genes, pescador artesanal con más de 20 años de experiencia, los propietarios de las estancias han cerrado pasos de servidumbre, instalado alambrados ilegales y cavado zanjas, lo que afecta directamente su actividad económica.
“La ley es clara: no se puede alambrar a menos de 50 metros de la marea más alta. Sin embargo, los estancieros no respetan esto. En el caso de la estancia La Fueguina, del legislador Jorge Lechman, colocaron postes y alambrados desde el puente del Río Laines hasta el mar, obstruyendo completamente el acceso”, explicó Genes en diálogo con Diario Prensa Libre.
El reclamo también involucra a los propietarios de las estancias La Pirinaika, la familia Sevillano y María Luisa, de Edy Vargaz, quienes habrían implementado medidas similares en sus terrenos. Estas acciones, según los pescadores, contravienen el artículo 19 de la Ley 244, que garantiza corredores públicos en las costas para el tránsito ciudadano.
Genes detalló que la pesca artesanal es una fuente de sustento para unas 20 familias de la región. Los pescadores afectados cuentan con permisos comerciales habilitantes y pagan impuestos, cumpliendo con la normativa vigente. Sin embargo, las restricciones al acceso no solo dificultan su trabajo, sino que también ponen en riesgo sus herramientas y vehículos.
“No podemos dejar un auto estacionado cerca de la ruta mientras revisamos nuestras redes porque al volver encontramos los vehículos destrozados. Esto genera un clima de inseguridad total. Solo pedimos acceso al mar para trabajar dignamente”, subrayó Genes.
La actividad de estos pescadores se centra en la captura de róbalo, pejerrey, salmón, pez gallo, palometa y cazón, especies que venden a particulares, restaurantes y hoteles en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. “Todo lo hacemos en regla: declaramos nuestras redes y pagamos permisos que este año costaron unos 100 mil pesos ante Recursos Naturales”, señaló el entrevistado.
El grupo de pescadores asegura que lleva años reclamando soluciones ante las autoridades provinciales y municipales, pero sin resultados concretos. “Algunos funcionarios vienen, nos escuchan y hacen promesas, pero después desaparecen. Mientras tanto, nuestra actividad se ve cada vez más limitada”, lamentó el pescador.
El problema ha llevado a los pescadores a reunirse y organizarse para visibilizar su reclamo. “Queremos que se cumpla con la ley. No estamos pidiendo más que el derecho al paso de servidumbre y la posibilidad de trabajar. Y que se terminen las agresiones, daños a nuestros vehículos y artes de pesca y amenazas a nuestra integridad física. Es inadmisible que incluso un legislador, como Jorge Lechman, esté incumpliendo normas que él mismo debería garantizar”, concluyó Genes.