Fue a raíz de la visibilización de la problemática en la prensa. Tras denuncias por el bloqueo de accesos costeros por parte de los estancieros asentados en las costas, pescadores artesanales fueron convocados por autoridades provinciales en Tolhuin. Aunque se plantearon propuestas para solucionar el conflicto, los trabajadores expresaron su desconfianza por la falta de medidas concretas.
En respuesta a las recientes denuncias efectuadas por parte de pescadores artesanales de Ushuaia, Río Grande, Almanza y Tolhuin, el Gobierno de Tierra del Fuego convocó a una reunión en la localidad de Tolhuin para analizar el conflicto por los accesos bloqueados al mar. La ministra de Producción y Ambiente, licenciada karina Daniela Fernández, junto al subsecretario de Pesca, Diego Marcioni y otros funcionarios, escucharon los reclamos de los trabajadores, quienes exigen el cumplimiento de la Ley 244 que garantiza pasos de servidumbre hacia la costa.
Orlando Genes, pescador con dos décadas de experiencia, denunció en la reunión que estancieros de propiedades como La Fueguina, La Pirinaica y María Luisa han instalado alambrados, cavado zanjas y restringido el acceso a zonas costeras esenciales para su actividad. “Esto no solo afecta nuestro trabajo, sino que también viola una ley que garantiza el libre tránsito en la costa. Llevamos años reclamando, pero la situación sigue igual”, explicó Genes.
Durante el encuentro, los funcionarios provinciales manifestaron que estaban “trabajando en soluciones”. Se comprometieron a inspeccionar las zonas afectadas, dialogar con los propietarios de las estancias y proponer medidas, como la creación de refugios específicos para los pescadores. Sin embargo, estas propuestas no disiparon la desconfianza del sector: “Nos pidieron que esperemos hasta mediados de enero para ver cómo avanzan las gestiones. Mientras tanto, los estancieros siguen cerrando accesos y colocando nuevos alambrados, como sucedió en La Fueguina. Esta falta de acción concreta genera frustración porque ya hemos escuchado promesas similares en gobiernos anteriores”, señalaron.
La actividad de estos pescadores se centra en la captura de róbalo, pejerrey, salmón, pez gallo, palometa y cazón, especies que venden a particulares, restaurantes y hoteles en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. “Todo lo hacemos en regla: declaramos nuestras redes y pagamos permisos que este año costaron unos 100 mil pesos ante Recursos Naturales”, recalcaron.
Según los pescadores, el problema que enfrentan no solo implica la imposibilidad de acceder al mar sino también a las amenazas, daños a sus herramientas de trabajo y vehículos, que atribuyen a los estancieros y que los viene damnificando.
“Los funcionarios se desligaron de la responsabilidad sobre los ataques y nos aconsejaron realizar denuncias policiales. Valoramos el diálogo, pero necesitamos soluciones concretas. No estamos pidiendo más que el derecho a trabajar dignamente”, agregaron.
“La ley es clara: no se puede alambrar a menos de 50 metros de la marea más alta. Sin embargo, los estancieros no respetan esto. En el caso de la estancia La Fueguina, del legislador Jorge Lechman, colocaron postes y alambrados desde el puente del Río Laines hasta el mar, obstruyendo completamente el acceso”, explicó Genes en diálogo con Diario Prensa Libre.
El reclamo también involucra a los propietarios de las estancias La Pirinaica, la familia Sevillano y María Luisa, de Edy Vargaz, quienes habrían implementado medidas similares en sus terrenos. Estas acciones, según los pescadores, contravienen el artículo 19 de la Ley 244, que garantiza corredores públicos en las costas para el tránsito
“La gente de Gobierno nos prometió que dialogarían con los estancieros y que mediarían para llevar a cabo un contrato. Nos dijeron que inspectores de Recursos Naturales fueron a la zona para constatar la situación y que también la gente de AREF iba a hacer una recorrida. Nos aseguraron que el gobernador estaba al tanto del conflicto y que nos manifestaba su apoyo” – refirieron.
Consultado Genes sobre su conclusión luego del encuentro con representantes gubernamentales, indicó su desánimo: “Personalmente creo que esto va a seguir igual porque hace 20 años que escucho la misma promesa y los estancieros siguen haciendo lo que ellos quieren. Valoramos que se nos haya escuchado pero ahora esperamos que se tomen medidas concretas”.
Los pescadores adelantaron que mantendrán su reclamo visible “pese a que los funcionarios de Gobierno nos pidieron que terminemos con el raid mediático” y que continuarán organizados para exigir el respeto a sus derechos. Aunque valoran haber sido escuchados, insisten en que el cumplimiento de la ley es fundamental para garantizar su actividad y seguridad.