Por el atentado incendiario registrado en el domicilio del policía retirado Julio Sáez Pertinez, en donde se domicilia su hija Vanesa y su nieto de 13 años.
La jueza María Cristina Barrionuevo ordenó la detención de Romina Cirigliano, Héctor Caballero y Gabriel Di Gangi por considerarlos autores del incendio automotor causado con bombas molotov, ocurrido en la madrugada del 4 de enero en Ushuaia. Cada uno fue embargado en 35 millones de pesos.
Héctor Pedro Caballero, 41 años de edad, profesor de judo en la Municipalidad de Ushuaia, es considerado partícipe necesario en el atentado al conducir un rodado Chevrolet Onix Joy que las cámaras de seguridad muestran detenido a metros del escenario del incendio.
Gabriel Di Gangi, de 29 años de edad, se desempeñaba como cocinero del local gastronómico de Romina Cirigliano y Diego Torrez. También prestó el mismo servicio en el CAMPOLTER. Se le atribuye a él la acción de arrojar las dos botellas con combustible en la propiedad del comisario retirado Sáez Pertinez.
El día jueves 16 de enero último la titular del Juzgado de Instrucción Nro. 2, María Cristina Barrionuevo, ordenó la detención de tres de las cinco personas que el 6 de enero habían sido notificadas de derechos y garantías procesales. La decisión de la magistrada se produjo en el marco de la investigación del atentado incendiario registrado en Ushuaia en la madrugada del sábado 4 de enero, en el que resultó damnificado el comisario retirado de la Policía de Tierra del Fuego, Julio Sáez Pertinez.
La jueza había dispuesto para Romina Judith Cirigliano Migura y su pareja Diego Torrez (alias Facha), Héctor Pedro Caballero, Noemí Sánchez y Gabriel Di Gangi la prohibición de salir de la provincia, firmar a diario el libro de registro en comisarías y observar estrictas reglas de conducta, sospechosos todos de haber participado en el incendio intencional de una SUV Toyota RAV, propiedad del mencionado policía jubilado. Como ya fuera informado, el rodado registró destrucción total al caer sobre su carrocería una de las dos bombas incendiarias arrojadas desde el exterior del predio, sito en la calle Vicente Canga al 2.100. En el domicilio reside la hija del integrante de la fuerza, Vanesa Noelia Sáez Rivarola, quien cumplía funciones de subsecretaria municipal del área Atención Vecinal, y su nieto de 13 años.
En las últimas horas la magistrada resolvió librar orden de detención para tres de los cinco imputados, siendo ellos Romina Cirigliano, de 37 años de edad; Héctor Caballero, de 41 años y Gabriel Di Gangi, de 29 años. La medida fue ejecutada por integrantes de la División Delitos Complejos de Ushuaia, quienes se dirigieron a los domicilios de los nombrados, procedieron a esposarlos, a trasladarlos a la guardia del Hospital Regional Ushuaia en donde les realizaron los exámenes médicos de rigor y a ponerlos a disposición del Servicio Penitenciario provincial, en carácter de comunicados, a fin de ser alojados en calabozos.
El hecho constituye un capítulo más en los recalentados ánimos de un grupo de personas, encabezado por Romina Cirigliano, quien desde el año pasado viene denunciando haber sido víctima de una mesa de dinero informal – en el que los acuerdos – según admitieron los protagonistas – habrían sido de palabra y entre amigos y familiares. En los medios de comunicación locales y en la prensa nacional la comerciante apuntó a un vecino de Ushuaia, Matías Roa, a su ex novia, Vanesa Sáez y a su padre, como responsables de dicha mesa, a la que los participantes dijeron haber aportado grandes sumas de dinero en moneda extranjera, bajo la promesa de recibir una superlativa rentabilidad.
La falta precisamente de documentación que acredite las supuestas transacciones, en las que no hay recibos ni contratos de ningún tipo que pruebe que existieron, llevó a los jueces y fiscales intervinientes a desestimar alrededor de cuatro presentaciones, por considerar que no hay elementos que permitan encuadrar a los hechos como delitos penales.
En el caso de la vocera del grupo, Romina Cirigliano y su pareja, Diego Torrez, declararon haberle entregado voluntariamente a Matías Roa, la suma de 36.600 dólares, sin que éste no solo no les abonara los intereses pactados en el orden del equivalente a 10 veces lo que se obtiene en un plazo fijo tradicional, sino que tampoco les habría devuelto el capital. Ambos admitieron haberlo hecho con un compromiso “de palabra” y calificaron a Roa como “un amigo de la infancia, de Córdoba”, de Torrez.
El caso sigue captando la atención pública, no solo por el hecho en sí, sino también por las complejas relaciones personales y financieras que habrían derivado en los delitos de amenazas, hostigamiento, roturas de los vidrios de una vivienda, pintadas en muros, agravios en redes sociales y un atentado incendiario.