EJEMPLAR PRONUNCIAMIENTO DE FISCAL DE TIERRA DEL FUEGO DR. FERNANDO BALLESTER BIDAU, EN EL CASO QUE TIENE A UN EX EMPRESARIO TURISTICO IMPUTADO DE MALOS TRATOS Y ACTOS DE CRUELDAD EN PERJUICIO DE 87 PERROS, DE LOS CUALES MURIERON 33, Y A QUIENES CALIFICA COMO `SUJETOS DE DERECHO SINTIENTES´.
El Fiscal Fernando Ballester Bidau, remitió un dictamen al Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur, en el que expresa su postura respecto de la causa caratulada “Callo, Walter p/Infracción a la Ley 14.346”, en el que concluyó que no presta consentimiento para la suspensión del juicio a prueba ni para la derivación de la causa al Centro de Mediación (CEDEME).
El juez de Instrucción Javier De Gamas Soler, deberá resolver si hace lugar al pedido de mediación o, si dicta el procesamiento, la falta de merito o sobreseimiento al imputado.
Se trata de la causa originada en abril pasado, tras la presentación judicial por parte de la Asociación “Patitas Tolhuin” -que se presentó en calidad de Amicus Curiae (amigos de la Corte o Tribunal)-, en la que denunciaron al encargado del complejo Valle de los Lobos de Ushuaia, Walter Cayo, por presunto maltrato animal a los perros que se encontraban allí.
En el documento emanado, el representante del Ministerio Público Fiscal sostiene que es de vital importancia velar por la protección de los animales y del medio ambiente, para el desarrollo del turismo local “tan preciado en nuestra provincia”, para que todos los habitantes “puedan gozar de sus beneficios”.
Así, considera esencial “salvaguardar la seguridad de los animales, siempre y cuando no dañen nuestro eco-sistema, y en función de ello propugnar el rechazo de los mencionados institutos cuando violen sus derechos”.
De acuerdo al punto de vista del fiscal interviniente en la causa “es indispensable la realización de un juicio oral y público, ya que serviría de escarmiento para aquellos que desprecien la vida ajena de los sujetos de derecho ‘sintientes’, que merecen vivir dignamente al igual que los seres humanos”, aconseja.
En su dictamen, hace mención a casos destacados sobre la temática, tales como el fallo de la Cámara Federal de Casación que reconoció jurídicamente como sujetos no humanos, titulares de derechos, a la orangutana Sandra que se encontraba alojada en el zoológico de Buenos Aires.
Asimismo, menciona a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala Penal III, en palabras del Dr. Jorge Atilio Franza, quien sostuvo que el bien jurídico protegido es precisamente “la vida y la integridad física y emocional de ese animal que está siendo objeto de hechos delictivos que lesionan sus derechos”.
El fiscal cita también que en la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, se establece que la flora y la fauna debe ser preservada, siendo deber del Estado que el medioambiente sea protegido. Además, el artículo 76 de la Carta Magna le exige al Estado “fomentar el desarrollo de la actividad turística en todas sus formas”.
En este caso en particular, para Ballester Bidau, los perros de trineo “contribuyen y fortalecen al desarrollo turístico, tan preciado para nuestra provincia”, e indica que los perros de raza ‘alaskano’ y ‘siberiano’, han sido utilizados como instrumentos de trabajo en el continente antártico, por lo que resulta “útil para la supervivencia humana en esos lares”.
En consonancia con la jurisprudencia y la manda constitucional, el fiscal asegura que los perros son “sujetos no humanos y titulares de derecho”, ya que “no son cosas, sino seres que piensan y sienten”.
“Es nuestro deber protegerlos, por lo que no hay dudas que son sujetos de derecho y que, por tal razón, han sido las únicas víctimas de maltratos sufridos”, asegura el funcionario del Ministerio Público fiscal.
Sobre Walter Cayo recae la imputación de malos tratos y actos de crueldad -previstos en la Ley Nº 14.346 de Protección de los Animales-, contra 87 perros de los cuales se produjo el deceso de 33 canes, todos ellos en concurso real, por lo que “el daño sufrido sería de imposible reparación”, advierte.
Respecto de las 54 víctimas restantes, “tampoco podrían aceptar ningún tipo de reparación porque a través de las mandas judiciales, el propio Estado se ocupó de garantizar la salud y supervivencia de los demás perros maltratados, resultando abstracto cualquier tipo de ofrecimiento de reparación”, dijo Ballester sobre el pedido de suspensión del juicio a prueba.
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