Gustavo Vázquez confirmó que fueron aceptados como querellantes en la causa y la semana pasada sumaron otro damnificado. Ya prestó declaración y aportó los nombres de todos los postulantes rechazados por no cumplir con los requisitos.
El presidente del IPV Gustavo Vázquez informó a la prensa sobre el rol del organismo en la causa que investiga la estafa con las viviendas de ATE, en la que se constituyeron como querellantes.
Además dio a conocer la investigación interna realizada, para descartar complicidad de algún funcionario o empleado en la maniobra irregular.
“Desde el instituto llevamos adelante los procesos legales correctos y, de hecho, las personas que se intentó ingresar en su momento por fuera de la reglamentación, fueron observadas por el IPV”, sostuvo.
“Se hicieron investigaciones internas para ver si había personal de gabinete, contratados o de planta permanente que tuviesen que ver con esto, y no fue así, porque los controles del Instituto funcionaron correctamente”, reiteró.
Sobre el pedido a la justicia para constituirse en querellantes, al verse perjudicado el organismo, dijo que fue aceptado y personalmente se presentó a declarar. “Como presidente del IPV aporté toda la documentación y el conocimiento que teníamos sobre esto. La semana pasada aportamos también una nueva damnificada que vino a hacer un reclamo al IPV por la supuesta defraudación que a ella le habían hecho. Desde el IPV estamos tranquilos porque se cumplió con la normativa y no tenemos ningún empleado ni funcionario implicado en la causa”, afirmó.
Dio cuenta de varios postulantes que no pasaron el filtro del organismo desde que comenzó la operatoria, por no cumplir con los requisitos, y ante la justicia “aportamos quiénes fueron todas estas personas que fueron presentadas y que, después de la verificación del instituto, no pudieron entrar en el proceso”.
No descartó que entre estos nombres haya más damnificados que no se han presentado a la justicia, ni tampoco que entre ellos haya “partícipes de la maniobra”, que conocían que no les correspondía la vivienda, pero mediante un pago pretendían acceder a ella.
Recordó que entre los requisitos figura “estar inscriptos en el IPV, no superar dos salarios mínimos vital y móvil, y ser afiliados al gremio. Cuando no cumplían los requisitos, se daba de baja a esas personas. Había algunas personas nos dijeron que habían abonado y les habían asegurado la vivienda pero, cuando vinieron al IPV, se les informó que habían sido dados de baja por no cumplir con los requisitos. Yo recuerdo dos casos en los que no eran afiliados de ATE”, precisó.
“Hay que tener en cuenta que en algunos casos esto se hacía con conocimiento y nadie se va a presentar a la justicia si estaba cometiendo un delito, para decir que se lo cometieron a él”, advirtió.
El funcionario recordó que esta operatoria no comenzó con la gestión Bertone, sino con la de Ríos, en 2011: “El arquitecto Cárdenas estuvo al frente del IPV antes que yo y fue el primer presidente en la gestión de Bertone, pero este programa de ATE ya venía desde 2011. De hecho, las casas estaban terminadas hace dos años, pero estaban proyectadas para funcionar con gas en zeppelin. Eso era muy caro y, como la red de gas pasaba cerca, la gobernadora pidió que no se entregaran casas sin servicio, así que se demoró la entrega hasta tanto se terminara la infraestructura. Ya se pudieron entregar con todos los servicios, pero la operación veía desde 2011”, reiteró.
El IPV continuará llevando testimonios y documentación: “A medida que se presenta gente o tomamos conocimiento de algún damnificado, vamos a la justicia y nos ponemos a disposición del juzgado”, concluyó.
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