EL INTEGRANTE DEL MINISTERIO PUBLICO HABIA PROPUESTO QUE AL EMPRESARIO DARIO WEISS – CONDENADO POSTERIORMENTE A OCHO AÑOS DE PRISION POR ABUSO SEXUAL DE DOS NIÑAS – SE LE OTORGARA EL BENEFICIO DE LA OMISION DE JUICIO, SIN PENA CARCELARIA, EN BASE A FUNDAMENTOS QUE SE CONSIDERARON ABSURDOS.
El Consejo de la Magistratura se reunió ayer por la mañana para resolver si admitiría los argumentos brindados por el abogado riograndense Miguel Castro, a quien ese cuerpo asignó la responsabilidad de analizar la conducta de Nicolás Arias – en el marco de la causa Nº 93/18: Fiscal del Distrito Judicial Sur, Dr. Nicolás ARIAS s/ Antecedentes –
o si votarían en disidencia con su criterio e impulsarían un jury al fiscal.
En forma unánime, los integrantes del Consejo denegaron la posibilidad de que Arias sea sometido a un juicio político, aunque sí estuvieron de acuerdo en girar todo lo actuado al Superior Tribunal de Justicia provincial para que se analice la aplicación de una sanción disciplinaria administrativa.
La decisión contó con los votos de la presidente María del Carmen Battaini, del vicepresidente Virgilio Martínez de Sucre, del ministro jefe de Gabinete Lic. Leonardo Ariel Gorbacz, de los legisladores Pablo Daniel Blanco y Federico Bilota Ivandic, y del consejero Miguel Ángel Castro. Este último vale destacar que cumplió además el rol de fiscal del fiscal.
La jueza del Superior Tribunal Battaini propuso la remisión de la causa al organismo que la tiene como parte, para que se analice la responsabilidad de Arias en el ámbito de la Superintendencia.
El consejero Martínez de Sucre votó también por rechazar la denuncia, pero reiteró su posición respecto a la sanción administrativa y la solicitud para que desde el Superior Tribunal de Justicia se analice la política criminal que lleva adelante el Ministerio Público, dado que existen al menos 66 casos de omisión de debate por hechos de igual naturaleza al analizado.
A su turno, el consejero Bilota, manifestó su respeto a la opinión del fiscal acusador, en tanto entendió que respetar su decisión implicaba “el debido resguardo de la autonomía funcional del acusador, sin perjuicio de que lamento que la legislación vigente no permita adoptar un camino diferente por cuanto ambos fiscales han expuesto su decisión de no avanzar en la acusación”. El legislador justicialista manifestó también su preocupación por la política criminal llevada adelante por el Ministerio Público, requirió que en el ámbito administrativo del Superior Tribunal de Justicia se adopten medidas al respecto e impulsó la reforma de la Ley Provincial Nº 525.
El consejero Leonardo Gorbacz, integrante del gabinete gubernamental, expresó en primer término que “respeto la opinión del Dr. Castro en su decisión de no avanzar en el procedimiento de enjuiciamiento, máxime cuando existe imposibilidad de acudir al fiscal suplente porque ha manifestado por escrito su adhesión a la opinión del abogado Castro”.
Gorbacz agregó luego que “comparto la necesidad de enviar las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para que evalúe la conducta del fiscal Arias, y también, habida cuenta de la reiteración de actuaciones similares, se promuevan medidas que mejoren el desempeño del Ministerio Público Fiscal como capacitaciones y protocolos de actuación, amén de analizarse también alternativas en el ámbito legislativo, para mejorar la legislación estableciendo procedimientos de juicio político que brinden mayores herramientas”.
Luego, el consejero Pablo Blanco manifestó que “respeto la opinión del abogado Castro, pero insisto también en la preocupación por la necesidad de generar un cambio en la política criminal que lleva adelante el Ministerio Público para estos casos, y la necesidad de establecer un criterio uniforme para todos los hechos de esta naturaleza, habida cuenta de los criterios diferentes que evidenciaron en este caso los dos fiscales actuantes, como así también en otras causas similares con solicitudes de penas mayores”.
Por último, el consejero Virgilio Martínez de Sucre pidió nuevamente la palabra, y expresó que “la investigación evidenció la falta de informatización de los dictámenes del Ministerio Público, que sería sumamente importante no sólo a los fines de que los fiscales al solicitar la omisión de debate puedan tener un conocimiento acabado de los antecedentes que obran en ese organismo, sino que permitirá mantener una política coherente en todo tipo de casos en los que intervengan”.
En conclusión, el Consejo resolvió rechazar la denuncia a Arias, remitiendo las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, a los fines de que se analice la conducta del fiscal, como así también la política criminal llevada adelante por el Ministerio Público, para hechos de igual naturaleza al analizado.
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