EL ABOGADO ELEVARA LAS ACTUACIONES DEL FISCAL PABLO CANDELA Y DEL JUEZ RAUL SAHADE AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PARA QUE SE ANALICE LA CONDUCTA DE AMBOS. SOSTIENE QUE LOS INTEGRANTES DE LA JUSTICIA INTENTAN FAVORECER AL INTENDENTE GUSTAVO MELELLA.
El patrocinante de los tres obreros de la construcción que denunciaron haber sido abusados y coaccionados por Melella dijo que “no es cierto lo que dice el comunicado oficial del Poder Judicial sobre que las víctimas pidieron retener sus teléfonos celulares porque los usaban para el trabajo. No fue así de ninguna manera y consta en el expediente que se los quisieron entregar al juez Sahade pero que él los mandó de vuelta para la casa. El juez ni siquiera los abrió o les pidió que muestren los mensajes”, aseguró, refiriéndose a los supuestos audios que habrían intercambiado los denunciantes con el denunciado, de elevado tono sexual.
El abogado Francisco Giménez confirmó la decisión de elevar todo lo actuado por el fiscal Pablo Candela y el juez Raúl Sahade a consideración del Consejo de la Magistratura, para que se investigue la conducta de ambos en torno a la causa que investiga el presunto abuso sexual del intendente Melella hacia tres trabajadores de la construcción.
Además puso ayer a disposición del Juzgado de Instrucción los teléfonos celulares de los tres denunciantes – Gerónimo Alfredo Suasnabar, de 55 años de edad; Damián Rivas, de 58 años y Mario Loberas, de 43 – dado que a más de un mes del inicio de las actuaciones no obraban los audios y mensajes que se conocieron por los medios, en el expediente.
Gimenez sostuvo que “las víctimas pusieron sus celulares a disposición el mismo día que hicieron la denuncia, que fue el 31 de agosto, y hasta ayer (- por el lunes 22 de octubre -) no habían sido convocados para que los entreguen. No es cierto lo que dice el comunicado del Poder Judicial, que las víctimas pidieron quedárselos porque los usaban para el trabajo. No fue así de ninguna manera y consta en el expediente que se los quisieron dejar al juez Sahade y que el juez los mandó de vuelta para la casa. El juez ni siquiera los abrió o les pidió que muestren los mensajes de texto”, aseguró.
“Pedimos que el juez nos fije una audiencia y que estos celulares sean puestos en un sobre lacrado con la firma de las partes, para evitar cualquier tipo de violación hasta que se realicen las pericias; pedimos que se conserven en la caja fuerte del Juzgado y se ordene una pericia en esos celulares. Nosotros sabemos que están los audios del intendente con una de las partes, y algunos ya trascendieron a los medios de comunicación. A su vez, esperamos que nos diga fecha y hora de la audiencia y el día de inicio de la pericia para que designemos un perito de parte y esos celulares puedan ser abiertos en nuestra presencia”, detalló.
El abogado expresó su temor de que, “si no se toman estos recaudos, el perito después diga que no encontró nada. Con esto vamos a terminar con la discusión planteada por el intendente Melella respecto de que los audios son editados o no es su voz. Con esto se termina definitivamente la discusión, cuando se incorporen los audios al expediente, algo que hasta ahora la Justicia no quiso hacer”, reiteró.
Respecto de la presentación en el Consejo de la Magistratura por la actuación del fiscal Candela, que desestimó el abuso sexual, agregó también al juez Sahade “por cuya inacción se habrían perdido pruebas”.
“Llevaremos copia certificada del expediente y el Consejo de la Magistratura analizará su conducta. El dictamen del fiscal dice que las víctimas no fueron coaccionadas y no fue vulnerada su libertad sexual; dice que son mayores y el ataque sexual fue consentido, sin tomar ningún tipo de medida de prueba. Es algo inédito en la praxis de investigación de abusos sexuales”, remarcó.
“Será el Consejo de la Magistratura el que evalúe si el fiscal actuó de acuerdo a la ley o se pretendió beneficiar a alguna de las partes”, planteó, y agregó que por la actuación del juez “se perdieron pruebas, porque en el domicilio de la calle Anadón 1071, donde fueron convocadas las víctimas por el intendente Melella, y en el despacho del intendente, había cámaras de seguridad. Lamentablemente el juez no tomó el recaudo de proceder al secuestro de los registros de esas cámaras y hoy es una prueba absolutamente perdida, que hubiese acreditado el día y hora en que las víctimas estuvieron en ese lugar”.
“Tampoco se secuestró el teléfono del denunciado como se hace con todas las víctimas que relatan que existen registros telefónicos. Hoy sabemos que el intendente cambió su aparato celular por uno nuevo. Son medidas que conspiran contra el esclarecimiento de la verdad y será el Consejo de la Magistratura la institución que defina la suerte de los funcionarios judiciales”, sentenció.
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