El secretario de derechos humanos del CECIM La Plata marcó un vuelco en el criterio que sostuvieron los jueces Lilian Herráez y Federico Calvete. Consideró inadmisible el argumento de falta de espacio o personal. Ahora analizan elevar la conducta de la jueza al Consejo de la Magistratura.
El secretario de derechos humanos del centro de excombatientes de La Plata, Ernesto Alonso, se refirió ayer a la decisión de la jueza federal Mariel Borruto de suspender las indagatorias a 18 ex militares con el argumento de “falta de personal” y “falta de espacio”.
Dijo que “el viernes pasado fuimos notificados de la resolución y nos llamó la atención porque mantenemos una comunicación con el juzgado, con el secretario Dr. Vicente, y la Dra. Borruto hace 25 años que trabaja en ese juzgado, no es una persona que viene de otra jurisdicción. Nos sorprendió lamentablemente esta decisión y no entendemos cuál fue el cambio de una día para otro”.
Consideró que, o bien la jueza los está poniendo “como moneda de cambio” para obtener más personal y mejoras edilicias, o está cediendo a “presiones del lobby militar”.
“Las víctimas esperan justicia porque hace 12 años fue iniciada la causa, y van 37 años de producidas estas graves violaciones a los derechos humanos. Vemos con mucha preocupación esta actitud del juzgado y no se están tomando en cuenta las expectativas que habían generado en los compañeros que sufrieron estas aberraciones”, cuestionó.
Remarcó que “la suspensión es sin fecha”, por lo cual la incertidumbre es total. “Estuvimos dos años trabajando con el Dr. Calvete subrogando en la causa y logramos que a fines del año pasado se llamara a indagatoria. Posteriormente se le puso fecha y teníamos las mejores expectativas porque iba a haber al frente una jueza, que ya no estaba subrogando, pero esas expectativas se desvanecieron. Acá algo pasó, y con esta resolución la jueza está diciendo que no puede brindar el servicio de justicia. Los equipos jurídicos de CECIM (Centro de Excombatientes de La Plata) están trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y con la comisión provincial, porque es inadmisible la suspensión de la jueza sin fecha. Estamos hablando de dos o tres indagatorias por día y el juez debe brindar servicio de justicia”, reclamó.
Advirtió que “hay sectores interviniendo y el lobby militar está detrás de esto. Durante años dijeron que eran mentiras, que se ofreció dinero a las víctimas, que quieren cobrar indemnizaciones. Por suerte en 2015 logramos la desclasificación total de los archivos secretos de Malvinas, porque negaban las declaraciones de las víctimas y los testigos”, dijo.
Además, marcó una profunda diferencia entre la actuación de la ex jueza Lilian Herráez y quien la subrogó hasta la designación de Borruto, el juez Federico Calvete, con la posición de la flamante magistrada, que sería cuestionada ante el Consejo de la Magistratura.
“Con la cantidad de prueba que hay, ya deberíamos estar en un juicio oral. El fiscal Rapoport intervino e investigó, y por eso se resolvieron los llamados a indagatoria, porque hay prueba suficiente. Estas dilaciones consolidan la impunidad. Dos de los llamados a indagatoria han fallecido, sin haber declarado. ¿Cuánto tiempo más va a pasar, porque nosotros estamos alrededor de los 70 años?”, se preguntó.
“Hace doce años que estamos remando en contra de la corriente y estamos sufriendo un amedrentamiento no solamente quienes somos testigos, sino quienes además asumimos un rol dentro de nuestra organización. Yo soy secretario de derechos humanos y hemos asumido la representación como querella de todas las víctimas del país. Esto había abierto una expectativa en muchos compañeros que no habían denunciado, pero la decisión tomada por la jueza Borruto, nos pone como moneda de cambio, porque la interpretación que se hace es que, hasta que no le den más personal y mejores condiciones edilicias, no va a tomar las indagatorias, y esto es inadmisible”, enfatizó.
Dijo que entre otros recursos que están preparando con otras organizaciones, se cuenta “enviar un informe al Consejo de la Magistratura, porque un juez no puede decir que no puede brindar el servicio de justicia porque le falta personal. Esto fue un baldazo de agua fría. Hay sectores que no quieren que avance esta causa. La jueza habla de respuestas parciales que le han dado los organismos requeridos en su resolución, pero si el Ministerio de Defensa no envía los requerimientos, la jueza puede allanar para obtener esa información y tiene distintos mecanismos”, subrayó.
Cabe recordar que los ex militares imputados en la causa debían ser indagados por disposición del juez subrogante de Ushuaia Federico Calvete, antes de que Borruto asumiera sus funciones, entre el 27 de junio y el 4 de julio.
Además, Alonso reveló mensajes intimidatorios en su teléfono particular por parte de Pedro Güiraldes, ingeniero y columnista del diario La Nación, hijo del comodoro Juan José Güiraldes, quien fuera presidente de Aerolíneas Argentinas y también redactor de muchos de los discursos emitidos por los jefes militares durante la última dictadura. Además de adelantarle el fracaso de la causa, le desea “un lindo 25 de mayo, sobre todo con suficiente espacio, que parece que en Río Grande no es suficiente”, teniendo en cuenta el argumento de la jueza de falta de espacio y personal para tomar las indagatorias.
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