AUNQUE LOS MAGISTRADOS TIENEN PROHIBIDO POR LEY INMISCUIRSE EN CUESTIONES PARTIDARIAS PARA GARANTIZAR SU IMPARCIALIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EL JUEZ DE LA CAMARA DE APELACIONES DE RIO GRANDE SE REUNIO EN SECRETO CON CONVENCIONALES DEL MPF, EN TOLHUIN.
La asociación del candidato a la gobernación y actual intendente de Río Grande, Gustavo Melella de FORJA, con el “clan Loffler”- publicada en una investigación especial – quedó confirmada al trascender la realización de un cónclave estrictamente reservado en una vivienda particular de la población mediterránea entre Ernesto “Nené” Loffler y referentes del MPF. En esa ocasión se fracturó el partido al negarse un amplio sector del MPF a apoyar a Melella y otro que consintió postular a la legisladora Mónica Urquiza como su compañera de fórmula.
Días antes de la reunión de la Convención del Movimiento Popular Fueguino que desencadenó una agria interna en ese partido, Diario Prensa pudo confirmar que se llevó a cabo en una vivienda particular de la loalidad de Tolhuin una reunión secreta entre algunos convencionales del MPF, el intendente de la ciudad de Río Grande y candidato a gobernador por FORJA, Gustavo Melella y el juez de la Cámara de Apelaciones Ernesto “Nené” Loffler.
El motivo del conclave fue tratar de convencer al actual concejal Ricardo Garramuño y a algunos covencionales mopofistas renuentes, de la “conveniencia” de impulsar a la actual legisladora Mónica Urquiza como vicegobernadora en la fórmula con Gustavo Melella.
“El apellido Garramuño tracciona electoralmente” – sostenían los estrategas que operaban a favor del ex seminarista, pero fracasaron en su intento. La férrea postura de los mopofistas que deseaban postular a un candidato propio a la gobernación para no ir como vagón de cola de un extrapartidario, frustró la posibilidad de lista única y provocó una división interna que terminó por dejar al “Garrita” postergado y hasta impedido de entrar a la sede partidaria por un sorpresivo cambio de cerraduras, revelaría luego el concejal.
La reunión , efectuada con gran reserva en una casa del pueblo que está a medio camino entre Ushuaia y Rio Grande, contó con la presencia de un representante del Poder Judicial de Tierra del Fuego, en franca violación de lo que estipula el artículo 148 de la Constitución Provincial: “Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial NO PODRAN INTERVENIR EN ACTIVIDADES POLÍTICAS, ni realizar actos que comprometan la imparcialidad con que deben actuar en el cumplimiento de sus funciones. No podrán desempeñar otros empleos públicos o privados salvo la docencia, ni ejercer profesión, comercio o industria, o comisión de carácter político nacional, provincial o municipal”.
Al respecto la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), al cual todo los miembros judiciales están adheridos, estableció el 29 de marzo último un dictamen con las siguientes consideraciones: “La independencia judicial, concebida como garantía de la ciudadanía y del sistema democrático, es un valor que corresponde resguardar prioritariamente con acciones institucionales desde los tres poderes del Estado a fin de preservar la no interferencia en los procesos judiciales, de los otros poderes, de sectores políticos o demás agentes económicos y sociales. Es necesario profundizar la división de poderes y evitar la injerencia del poder político sobre el poder judicial”.
En este caso parece ser al revés.
Varios colegas del camarista Ernesto “Nené” Loffler expresaron a Diario Prensa su preocupación por el accionar del magistrado ante el compromiso partidario que demostró en esa reunión política en Tolhuin con el candidato a gobernador e intendente riograndense y con representantes del MPF. La novedad llegó a oídos de la estructura jerárquica judicial quienes ven con malos ojos que uno de sus integrantes esté poniendo en duda con su accionar la independencia de poderes como lo marca la Carta Magna provincial y la imagen que debe tener la institución teniendo en cuenta los tiempos electorales que transita Tierra del Fuego en estos días.
Al parecer, la camiseta del MPF que lleva puesta “Nené” Loffler es más fuerte que la exigencia de imparcialidad que le impone su cargo de juez. Baste mencionar que en su historial consta su paso por la Cámara de Diputados de la Nación, en donde ocupó una banca por ese partido en el periodo 1997 – 2001 y su desempeño mucho menos honroso, como síndico de HIFUSA. La empresa Hidrocarburos Fueguinos SA, fue considerada “fantasma” porque demandó 12 millones de dólares constituirla pero nunca funcionó. Esto ocurrió durante la gestión gubernamental de José Arturo Estabillo, primer y único gobernador que el Movimiento Popular Fueguino logró posicionar desde la creación de la provincia hasta la fecha. Loffler y otros funcionarios mopofistas de la época terminaron por quedar indemnes en la causa judicial por HIFUSA, dado que la misma prescribió.
UN CLAN DE TRES
¿A quién se refiere el medio capitalino cuando dice que “el clan Loffler” apuntala la candidatura de Gustavo Melella?. Al juez Ernesto “Nené” Loffler y a dos de sus hermanos: “Loly” y Guillermo. El primero es el legislador mopofista Damián Loffler, quien se postula para un quinto período en la Legislatura fueguina sin que se le conozca ningún proyecto de ley que le haya mejorado la calidad de vida a la ciudadanía y el segundo, el abogado y representante legal de la empresa constructora Zimentar SRl, una de las empresas favoritas del intendente Gustavo Melella a la hora de contratar. Esto se hace constar en el expediente judicial que tiene a Melella como denunciado por el abogado Francisco “Paco” Gimenez, en el que se sostiene que “ el 73% de las licitaciones públicas realizadas por el Municipio de Río Grande entre 2012 y 2019, por un monto de $142,3 millones, y el 54% de las licitaciones privadas, por otros $118 millones, fueron adjudicadas a tres empresas vinculadas a la administración municipal: Zimentar SRL, Dapco SRL y Constructora Patagonia SRL.
A su vez, Zimentar y Constructora Patagonia se quedaron con el 81% de las contrataciones directas en el mismo período, por un valor de $53,2 millones”.
¿Y cuál sería la contraprestación, que según el abogado Giménez le daría “el clan Loffler” a Melella en caso de que llegue a ser gobernador el próximo domingo 16 de junio?: La tranquilidad de que la causa caratulada “Gustavo Melella sobre presunto abuso sexual coactivo”, mediante la cual tres sujetos vinculados a la construcción denunciaron al jefe comunal el año pasado, no llegue a ninguna parte.
¿Y cómo se lograría que se concretara esta hipótesis?
En que los allegados de mayor confianza del juez Loffler no tienen reparos en comentar que él desea coronar su carrera judicial como integrante del Superior Tribunal de Justicia, máxima expresión de poder desde donde se puede influir para que algunas cuestiones avancen o se ralenticen al punto de la parálisis.
Tampoco es un secreto que la ingeniería de ese ascenso de juez de Cámara a integrante de un Superior Tribunal podría contemplar el “desplazamiento” de uno de los miembros que no goza de la simpatía de Loffler, dado que “tribunal” no es equivalente a cuatro… Pero eso sería una tarea de mayor complejidad que dejaría ánimos heridos por lo que la creación de un “cuarteto”, o sea la integración de un cuarto juez a los tres actuales, sería la salida más airosa y feliz para todos.
Para la concreción de este anhelo, quien desee trepar hasta las altas cumbres judiciales, necesita ineludiblemente de la anuencia del gobernador, adonde entraría a tallar Gustavo Melella en caso de ser electo en dos semanas.
¿FICCION? ¡NO! HISTORIA PURA
Bien se dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, a lo que habría que agregar “y de cuyas andanzas no se acuerdan…”.
Si todas las señales de alarma que suenan por estos días en torno al accionar de uno de los integrantes del Poder Judicial, el que se supone independiente y respetuoso de los demás poderes sobre los que se sustenta el sistema democrático, no son suficientes, baste ir algunos años hacia atrás y comprobar cómo la mujer de la venda en los ojos fue ultrajada y vilipendiada más de una vez.
Fue en 1999 cuando por la Ley 460 se jubiló compulsivamente y descabezó a la cúpula judicial, para reemplazarla por otros magistrados afines a las ideas políticas del gobernador de turno, el justicialista Carlos Manfredotti.
En aquellos tiempos la tarea sucia la ejecutó el gobernador que a los tumbos terminaba su mandato, el mopofista José Arturo Estabillo, quien negoció puertas adentro de su despacho una salida decorosa por la puerta de adelante y no vergonzante por la de atrás, con el nuevo mandatario, a cambio de firmar la rebaja del 30% de los sueldos a los empleados públicos y del mismo porcentaje a los proveedores.
Hace veinte años atrás Estabillo le dejaba así allanado el camino al gobernador entrante a cambio de no tener cuestionamientos judiciales sobre su administración de ocho años, dos períodos consecutivos, plagada de derroches e irregularidades. El acuerdo se respetó ya que Estabillo nunca fue llamado a los estrados de la Justicia a explicar cómo fue el primer gobernador de la recién nacida provincia que llegó con el pan de la solvencia debajo del brazo y la entregó fundida.
Si la reunión de un juez de Cámara con referentes políticos en plena campaña electoral cerrando un acuerdo partidario, con la presencia de uno de los candidatos a gobernador, a días de una elección provincial, no es una injerencia del poder judicial sobre otro, el Ejecutivo, nos preguntamos entonces qué es. O bien se reformó la Constitución Provincial, que acaba de cumplir 28 años justamente el 1ero de junio último y nadie avisó…
 Por Mariel Fitz Patrick y Nicolás Pizzi
Luego de las denuncias por presuntos acoso y abuso sexual reveladas por Infobae hace dos semanas, el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, apuesta a blindarse políticamente a partir de una alianza con el “clan Loffler”, una familia tradicional de esa ciudad que lidera un sector del Movimiento Popular Fueguino (Mopof) y tiene fuerte injerencia en todos los poderes, especialmente en la Justicia, donde ahora se debate la suerte del jefe comunal. Los hilos de la Justicia local La Justicia es el ámbito donde se mueve, desde hace más de una década, su hermano Ernesto Loffler, el camarista de la familia. En Tierra del Fuego nadie desconoce que maneja un sector de la Justicia de Río Grande. Sus comienzos están asociados a la política. Fue electo concejal en 1995, y luego diputado nacional entre 1997 y 2001. En ese entonces, estuvo imputado en el escándalo de la firma Hidrocarburos Fueguinos SA, la fallida destilería de petróleo que quiso instalar el Mopof cuando fue gobierno en los 90. Este expediente llegó a la Corte Suprema y finalmente prescribió. Negocios más allá de la política En Río Grande, hay varias voces que advierten que la vinculación de los Loffler con Melella excede la política. Concretamente, apuntan a la empresa Zimentar SRL, y los contratos que obtuvo esta constructora con la Municipalidad de Río Grande, aunque también con la de Ushuaia. Esta firma se creó en 2012, un año después de la llegada de Melella a la intendencia. |
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