EL PRESIDENTE DEL IPV DESMINTIÓ TAJANTEMENTE QUE LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO HAYAN ADHERIDO A UN COMUNICADO DEL QUE SE HICIERON ECO ALGUNOS MEDIOS Y EN EL QUE ANONIMOS INTENCIONADOS PRETENDEN GENERAR MALESTAR EN LA COMUNIDAD.
El funcionario desafió a los autores del libelo “a salir de las sombras” y a exponer “los verdaderos intereses que existen detrás de este tipo de movidas, en donde es obvio que solo hay politiquería barata”.
Gustavo Vázquez aclaró públicamente que la nota leída ayer en algunos medios radiales, en la que se hace constar como supuestos firmantes de la misma a empleados del IPV, “es completamente falsa en su autoría y en su contenido”.
El presidente del Instituto Provincial de Vivienda salió de ese modo al cruce de acusaciones realizadas por supuestos empleados del organismo mediante una comunicación en realidad anónima en la que los autores intentan hacer creer que se estaría dilapidando el patrimonio institucional por la entrega de más de 400 lotes en el Barrio Rio Pipo y de 384 en Cabo de Mar, en Río Grande.
Tras señalar que a dicha solicitada “no la suscribe nadie” el funcionario afirmó que “la planta de personal del IPV está compuesta por 260 personas cuyas firmas no están en ningún lado del escrito “y que se han sentido muy mal al ser involucrados en algo de lo que están totalmente ajenos, según ellos mismos me han manifestado. A mí me gustaría que quienes están alentando este tipo de situaciones den la cara y salgan de las sombras. Y que expliquen claramente por qué mandan escritos sin firmas a los medios y se arrogan la representatividad de algunos sectores de trabajadores, ocultando los verdaderos intereses que están detrás de todas estas movidas”.
El titular del IPV sostuvo también que la denuncia responde “a intereses de otro tipo, de gente que se arroga la facultad de opinar y de hablar en nombre de quienes han solicitado un terreno. Sería bueno que den la cara y que admitan que en realidad lo que quieren hacer es negarle a la gente el acceso a su terreno. Están queriendo perjudicar a más de mil familias con el único objetivo de hacer política barata y de generar malestar”.
Consultado el funcionario acerca de la disponibilidad concreta de tierras para quienes están inscriptos hace muchos años en el organismo a su cargo, Vázquez dio a conocer que “el Instituto tiene dos proyectos grandes: uno en Cabo de Mar en Río Grande, de aproximadamente 1.440 soluciones y otro en el sector 3 del barrio Río Pipo en Ushuaia, en donde hay unas 1.200 aproximadamente. La misión principal del IPV es la de dar soluciones habitacionales a los vecinos entregando viviendas o terrenos, tal como lo establece la ley 19, en su artículo 6 inciso D, otorgando lotes con servicios a las familias que los necesitan y no necesariamente viviendas construidas”.
En referencia a los valores que tendrán esos lotes y las características del plan de auto ahorro para hacer frente al pago, el funcionario refirió que “los precios están determinados por las áreas técnicas del organismo. El proyecto se trabajó en conjunto con la Municipalidad y con Catastro, así que esto no es de ahora sino que está en el marco de convenios que se firmaron hace mucho tiempo atrás.
En cuanto al sistema de ahorro previo previsto tampoco es nuevo porque ya se ha realizado antes. La gente va a empezar a pagar ahora un lote con servicios y al momento que la obra que ya está en ejecución, esté terminada, solo le va a quedar un saldo pendiente que va a poder financiar, porque con la adjudicación podrá gestionar una hipoteca. Para el organismo además es una manera de financiarse porque el Gobierno nacional a la fecha nos debe 518 millones de pesos”.
En cuanto a otra de las aseveraciones del comunicado, el presidente del IPV opinó que “es tal el desconocimiento o ignorancia que se manifiesta en ese escrito en cuanto al proyecto, montos y funciones del Estado, que se nos reprocha haber cedido a título gratuito una parcela de 32.360 m2 ¡para la construcción de una planta potabilizadora!. ¡Como si ello fuera en desmedro del Estado! Es tan absurdo como que se nos reprochara haber cedido un terreno para el funcionamiento de un CAPS (Centro de Atención Primaria de Salud) o de una comisaría… Es increíble. La construcción de una planta potabilizadora es indispensable para que las casas tengan agua y cloacas por lo que resulta inentendible que se nos critique por ello. Lo que lamentablemente ocurre es que quienes están detrás de todo esto desinforman y confunden a la gente de una manera increíble y repudiable”.
Finalmente, el funcionario llevó tranquilidad a los adjudicatarios, afirmando que “hemos inclusive implementado un sistema de cuota mínima para morigerar la situación de los adjudicatarios en el marco de la crisis que actualmente se vive. A través de las áreas Social y Recupero las familias se pueden acercar para solicitar este beneficio. En caso de que no puedan hacer frente a la totalidad de la cuota se hará una reevaluación para achicarla o para hacer un nuevo refinanciamiento. La ley nos faculta para dar solución a las familias que necesiten que las acompañemos y así lo estamos haciendo”.
Edición:
Diario Prensa
Noticias de: Ushuaia – Tolhuin – Río grande
y toda Tierra del Fuego.