El ex cura Fue condenado a 11 años de prisión por haber sido encontrado «autor material y penalmente responsable» de los delitos de «abuso sexual simple» y «abuso sexual con acceso carnal» contra una adolescente de 13 años.
El sacerdote de la ciudad fueguina de Río Grande Cristian Abel Vázquez apelará la condena a 11 años de prisión que le aplicó en junio el Tribunal de Juicio en lo Criminal de ese distrito, por abuso sexual de una adolescente de 13 años, en lo que constituyó el primer juicio oral de Tierra del Fuego a un religioso por este delito, informaron hoy fuentes judiciales.
El abogado defensor del cura, Javier Da Fonseca, presentará en las próximas horas un recurso de casación que tramitará directamente ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, según adelantó el letrado a Télam.
Da Fonseca cuestiona la presunta «arbitrariedad» con que los jueces valoraron las pruebas del caso, y volverá a mencionar «planteos de nulidad» ya realizados durante el juicio.
Vázquez quedó detenido desde el veredicto porque los magistrados consideraron que «no tiene arraigo en Río Grande, ni domicilio fijo, ni trabajo, ni familiares, lo que en virtud de la pena conlleva un riesgo procesal y un riesgo para la víctima», explicó el abogado querellante Francisco Ibarra, que representa a la víctima.
El sacerdote fue hallado «autor material y penalmente responsable» de los delitos de «abuso sexual simple» (dos hechos) y «abuso sexual con acceso carnal» (un hecho) en todos los casos «agravado» por su condición de religioso.
La víctima «frecuentaba asiduamente la iglesia junto a su familia» y realizaba «tareas como monaguillo», y «todo el grupo familiar formaba parte del círculo íntimo del cura ya que tanto la joven como su hermana limpiaban su departamento a cambio de un salario, e incluso celebraron juntos una Navidad», según el requerimiento fiscal de elevación a juicio.
El cura aprovechó las circunstancias para acercarse a la joven y abusar de ella en tres oportunidades: dentro de un automóvil, en la casa de la menor y en su domicilio, «siendo este último el más grave porque incluyó el acceso carnal», resumió Ibarra.
Los hechos sucedidos en 2013 fueron denunciados por la madre de la víctima en 2016, cuando su hija (que hoy tiene 18 años) pudo contar por primera vez lo sucedido.
El sacerdote fue separado del cargo desde poco después de la denuncia por el obispado de Río Gallegos (Santa Cruz) a raíz de un proceso de la justicia canónica.
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