POR EL RECORTE DE RECURSOS COPARTICIPABLES LOS REPRESENTANTES DE 19 ESTADOS PROVINCIALES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA ROSANA BERTONE, EMITIERON UN DURISIMO DOCUMENTO EN EL QUE LE ADVIERTEN AL GOBIERNO NACIONAL QUE DE NO ATENDER EL RECLAMO, ACUDIRAN A LA JUSTICIA.
La mandataria fueguina firmó ayer junto a otros 18 gobernadores un petitorio dirigido al Ejecutivo nacional para exigirle que compense el quebranto financiero que provoca la aplicación de “medidas erráticas y flagelantes”, que hacen peligrar el pago de los haberes de los empleados públicos y el sostenimiento de los servicios básicos.
Con la participación de Rosana Bertone por Tierra del Fuego; Juan Manuel Urtubey, por Salta; Alberto Rodríguez Saá, por San Luis; Gerardo Zamora, por Santiago del Estero; Miguel Lifschitz, por Santa Fe; Carlos Verna, por La Pampa; Alberto Weretilneck, por Río Negro; Sergio Uñac, por San Juan; Hugo Passalacqua, por Misiones; Juan Manzur, por Tucumán; Gustavo Bordet, por Entre Ríos; Mariano Arcioni, por Chubut; Lucía Corpacci por Catamarca; Sergio Casas por La Rioja; Gildo Insfrán, por Formosa; Omar Gutiérrez, por Neuquén; Domingo Peppo, por Chaco; Pablo González en su carácter de vicegobernador de Santa Cruz y Osvaldo Giordano, ministro de Economía de Córdoba, se realizó ayer al mediodía en la sede del CFI, una reunión en Buenos Aires con el objetivo común de rechazar contundentemente el paquete de medidas dado a conocer recientemente por el presidente de la nación, Mauricio Macri.
Durante la cumbre de gobernadores que no pertenecen a Cambiemos se elaboró un documento dado a conocer a la opinión pública en el que consideran que las medidas anunciadas por el presidente son “inconsultas e unilaterales y en cuya aplicación no se tuvo en cuenta de dónde saldrán los recursos”.
Al respecto, los mandatarios sostienen que “el gobierno nacional nos hace compartir los costos fiscales al no disponer las compensaciones necesarias para las provincias, generando el despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento».
Los firmantes del documento señalan también que “Macri no puede disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias” advirtiéndole que recurrirán a la justicia en caso de que no instrumente las compensaciones para que no se pierdan recursos.
De no escuchar el titular del Ejecutivo nacional el reclamo, los 19 gobernadores se presentarían en forma conjunta ante la Suprema Corte de Justicia para presentar un recurso extraordinario, dado que “ante el recorte de recursos coparticipables se pone en grave peligro el cumplimiento de gastos corrientes como lo son las obligaciones salariales y la consecuente prestación de servicios esenciales”.
Los mandatarios subrayan además en referencia al titular del gobierno nacional que “no nos corresponde pagar por las consecuencias de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales no tenemos ninguna responsabilidad».
EL DOCUMENTO TEXTUAL
Ante los anuncios realizados por el gobierno nacional después de las PASO, en medio de un clima electoral nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:
1) Dejamos bien en claro que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesa la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos, pero las medidas que se han dado a conocer realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando el despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.
En este estado de cosas, si bien nos parece positivo que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se está vulnerando.
2) Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos. Ante todo eso no podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales por parte del Estado nacional, solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad. Por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.
3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial esta acción del Estado nacional que al privarnos de los ingresos que por ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar inclusive a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo.
4) Expresamos enérgicamente que vamos a defender los intereses de nuestros representados si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.
Edición:
Diario Prensa
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