El abogado formuló denuncia penal contra el intendente de Tolhuin en ejercicio y también contra el intendente electo, porque “es legislador”. Se debe a la supuesta venta irregular de terrenos que había expuesto la concejala Ana Paula Cejas.
El abogado Daniel Merlo dio a conocer AYER la presentación de una denuncia penal el jueves pasado contra el intendente Claudio Queno y el legislador Daniel Harrington, tras conocer por declaraciones a los medios de la concejala Ana Paula Cejas la supuesta venta de lotes entregados por el municipio de Tolhuin a valor fiscal para emprendimientos.
“Yo desconozco si la concejal Cejas formuló denuncia penal pero, ante las declaraciones que formuló a un medio periodístico el 8 de agosto, que luego reitera el intendente electo Harrington, yo formulé denuncia penal”, indicó.
La denuncia involucra a Claudio Queno y también a Harrington, porque “actualmente es legislador”, a quienes les imputa defraudación al Estado. “De acuerdo a sus declaraciones estamos ante la comisión de varios delitos, no de uno solo. Hay una defraudación en contra del Estado y de todos los fueguinos. Es muy grave y no lo podía dejar pasar por alto, porque están hipotecando el futuro de la provincia”, dijo.
La concejala Cejas había expuesto la falta de controles que permitieron la formación de un barrio privado en tierras entregadas para emprendimientos productivos, de lo que habría tomado conocimiento cuando los vecinos fueron a reclamar número de puerta y denominación de calles. Había adelantado la decisión de citar al funcionario responsable para que diera explicaciones ante el Cuerpo, pero no hubo más información al respecto. “Nadie sabe qué pasó porque sugestivamente la noticia desapareció de los diarios. Esto involucra a mucha gente, no hablamos solamente del intendente Queno, que viene haciendo adjudicaciones irregulares e ilegales, sino que Harrington reconoce en un reportaje que él refrendó esas adjudicaciones cuando fue Secretario de Gobierno, y el mismo legislador en funciones fue quien votó una ley en la Legislatura que amplió el ejido urbano de Tolhuin. Justamente los que compraron tierras lo hicieron a valor fiscal, para proyectos productivos que nunca se hicieron, sino que se parcelaron los terrenos y se vendieron. Compraron muy barato y con una reventa posterior se están llenando los bolsillos a costa de la provincia”, cuestionó.
“Esas tierras no eran para urbanizar y, al modificar el destino, están defraudando al Estado. Cuando Harrington dice que no recordaba quiénes eran los beneficiarios, no está diciendo la verdad, porque firmó el decreto. Evidentemente es muy probable que los beneficiarios estén ligados a varios sectores del poder, incluso sectores del Poder Judicial”, disparó.
“No se puede aceptar la complicidad ni el encubrimiento de nadie”, remarcó Merlo, con lo cual de no haber denunciado un presunto delito la concejala Cejas, por su obligación como funcionaria, podría quedar imputada también.
“Ahora el fiscal tiene la denuncia y deberá investigar si hay delito de defraudación al Estado, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita. En la denuncia mediática que hace la concejala Cejas dice que Catastro de la provincia ha aprobado los planos de más de 150 loteos, con lo cual esto excede la órbita del municipio. Estamos hablando de grandes extensiones de tierra y de mucho dinero en juego. Solamente en dos barrios privados hay 153 lotes y los planos están aprobados por Catastro. Ya hay un pedido de instalación de servicios y estamos ante otro problema porque, si hay vecinos que compraron de buena fe, se va a generar un problema dado que el vecino desconocía el origen espurio de la primera adjudicación. No sabemos si los adjudicatarios originales son los mismos que vendieron o en medio hay testaferros, pero acá hay un engaño al municipio que genera un doble perjuicio: al estado y al adquirente del lote que, si quiere escriturar el predio, no lo va a poder hacer”, alertó.
La presentación fue realizada el 26 de agosto en el juzgado de instrucción nro. 2, a cargo del Dr. Sahade, y el Dr. Merlo pidió “ser querellante para poder impulsar el proceso”, concluyó.
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