El costo de las medidas, calcularon los gobernadores y luego avaló el Ejecutivo nacional, rondaría los 90.000 millones de pesos.
Los gobernadores, entre ellos la fueguina Rosana Bertone, fueron a la Justicia luego de que el gobierno nacional afectara sus recursos para congelar el precio de los combustibles; bajar precios de alimentos y aliviar la carga impositiva en los sueldos.
Según Clarín, antes de la elección de octubre, la Corte Suprema se pronunciaría sobre el reclamo de las provincias tras las medidas adoptadas por el gobierno nacional para atenuar el impacto de la devaluación tras las PASO.
En este caso, se trata del reclamo de los gobernadores contra un DNU y dos decretos presidenciales que salieron luego de las PASO, para congelar el precio de los combustibles, suspender el IVA en los alimentos y aliviar la carga de Ganancias para los asalariados, entre otras medidas. El tema es que parte de la recaudación por esos impuestos, más las regalías petroleras, son fondos de las provincias. El costo de las medidas, calcularon los gobernadores y luego avaló el Ejecutivo nacional, rondaría los 90.000 millones.
Si bien originalmente se especulaba con que la decisión judicial quedaría para después de las elecciones, los cinco miembros del Máximo Tribunal (Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda) comenzaron a evaluar el tema y se decidió avanzar con el tema antes de la elección general.
Al menos tres de los jueces (Lorenzetti, Rosatti y Maqueda) se inclinarían por fallar a favor de los gobernadores. Y en este punto, es interesante la lectura política que podrá hacerse de la decisión: si bien es cierto que todos los mandatarios que acudieron a la Corte son opositores, parte del costo de la marcha atrás podría terminar pagándolo Alberto Fernández, como nuevo presidente, una vez que asuma en la Nación. En caso de ocurrir, el candidato del Frente de Todos tendría poco margen para quejarse: él mismo cuestionó el modo de implementar las medidas de Macri.
Tanto el congelamiento del precio de los combustibles (que luego no terminó siendo tal, ya que se aprobó una suba de 4%), más las rebajas del IVA para alimentos y los menores descuentos en Ganancias y el monotributo, fueron la reacción de Macri para repuntar algo el consumo y paliar el efecto de la devaluación post PASO.
Las medidas tuvieron una buena recepción económica en general, ya que apuntaban a aliviar la carga sobre los bolsillos de la gente, pero enseguida los gobernadores y las empresas petroleras se quejaron de tener que hacerse cargo ellos de parte del beneficio.
Respecto a los tiempos, fuentes judiciales ironizaron: «Macri se quejó de que la Justicia es lenta. Bueno, acá La Corte estaría fallando rápido. Además, en 2015 se quejaron porque era 10 días antes de que asuma Macri, ahora porque sería antes de las elecciones. Si es por los tiempos políticos, nunca podés sacar un fallo».
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