El máximo Tribunal alista una serie de fallos –en los próximos 15 días o 3 reuniones de acuerdo- a favor de todas las provincias que plantearon reclamos por fondos afectados por los decretos del Gobierno que dispusieron una reducción del IVA y de Ganancias, así como el congelamiento del precio del combustible, para paliar los efectos de la devaluación post-PASO.
En total, son 15 demandas interpuestas por gobernadores ante el dinero que dejarían de percibir, y en el paquete se incluyen las quejas de las provincias petroleras que cuestionaron el congelamiento de los combustibles por el impacto en lo que deberían recibir por concepto de regalías. Prudencialmente antes del 27 de octubre, las decisiones concatenadas del máximo Tribunal que se conocerán de manera simultánea, van a trascender el 10 de diciembre y la próxima administración deberá hacerse cargo de las devoluciones.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti ya conforman la mayoría que se prepara a sepultar las últimas decisiones del Gobierno destinadas a llevar un tenue alivio tras los efectos de la depreciación del peso el 12 de agosto. La Procuración General ya dictaminó a favor de la competencia de la Corte, algo poco discutido ya que son conflictos que encabezaron las provincias contra la Nación, competencia originaria del cuarto piso del Palacio de Tribunales. “Esta Corte no está para agradarle a nadie”, repiten en los pasillos como una suerte de blindaje ante una medida de alto voltaje político. Esta vez no van a salir los fallos por “goteo”, sino que habrá solución para las 15 provincias que presentaron medidas cautelares y cuestionamientos de fondo por la presunta inconstitucionalidad de los decretos que Macri firmó para anunciar las medidas sin enviar un proyecto de ley al Congreso. En un primer análisis, había cuestiones disimiles en los planteos de las provincias, pero en lo sustancial eran idénticos respecto de los ejes. Este primer tamiz ya fue realizado por las vocalías. Resta definir qué tramo de las medidas anunciadas por el Gobierno es tomado para un fallo de alcance general. No necesariamente sería el DNU sino cualquiera de las posibles implicancias económicas de surjan de las medidas anunciadas y cuyo impacto haya sido cuestionado.
Los decretos son tres. Un DNU y dos decretos simples. Pero el Gobierno ya había estado “toqueteando” vía modificaciones reglamentarias publicadas en el Boletín deicial los simples para delinear sus alcances y buscar correcciones. También buscó transmitir que estaba “negociando” con las provincias y la Secretaría de energía que autorizó el 4% de aumento a los combustibles.
El Gobierno estuvo al tanto al fin de la semana pasada de las conversaciones tras el acuerdo del martes. Decidió intentar anticipar la jugada de la Corte con lo que podría ser una lectura “antipopular” de retrotraer las medidas anunciadas y también dejó trascender la estrategia de los jueces. En el cuarto piso visualizaron el escenario de tensión pero adoptaron dos medidas a futuro: no medir en el calendario electoral el impacto de sus sentencias; y que no vuelva a ocurrir lo que sucedió con la causa “Vialidad”, donde debieron volver sobre sus pasos a partir de las presiones que se generaron a partir de lo que podría haber sido la suspensión del juicio contra Cristina de Kirchner.
“Nos quisieron trasladar un problema de la política para que lo resuelva la Justicia”, indicaron fuentes judiciales, que reiteraron la postura que había adelantado Ámbito Financiero el 2 de septiembre respecto al debate interno sobre si actuar o no ante un escenario convulsionado que incluía el condimento electoral. La conclusión fue que no había necesidad de esperar si la causa no presentaba complejidades: esa es la principal noticia adversa que deberá esperar Macri en plena recta final antes de las generales.
Además de los tres jueces que ya mostraron coincidencias, podrían sumarse más firmas a los fallos, en lo que sería la despedida formal de Elena Highton de Nolasco y de Carlos Rosenkrantz de cualquier eventual lectura de “cercanía” con el oficialismo. De todas maneras, podría ser Alberto Fernández el que deba hacer frente a las devoluciones por el período descontado (no alto impacto) si es que ocupa la Casa Rosada a partir de diciembre. Si es así, se repetiría el escenario de 2015 cuando con la elección definida la Corte falló contra Cristina por los reclamos de fondos coparticipables de San Luis, Santa Fe y Córdoba.
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