EN MARZO DE 2016 MANTUVO POR 11 DIAS, JUNTO A OTROS PROCESADOS, SITIADA A USHUAIA, CAUSANDO GRAVES PERJUICIOS A LA CIUDADANIA. ACTUALMENTE ES DIRECTORA DEL SECTOR PASIVO, CARGO AL QUE ACCEDIÓ CON EL VOTO DE APENAS 672 DE LOS 30 MIL EMPLEADOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROVINCIA Y DE LOS MUNICIPIOS FUEGUINOS.
Por mantener sitiada a la ciudad de Ushuaia, impidiendo el ingreso y egreso de cualquier persona que tuviera necesidad de transitar por la Ruta 3, con fines de salud, turísticos, comerciales o el que fuera, con total indiferencia y desprecio hacia el derecho que establece la Constitución Nacional a todos los ciudadanos argentinos de circular libremente por el país, la Justicia Federal comenzó a aplicar sanciones en el marco de la causa número FCR1770/2016.
Una de esas sanciones fue comunicada oficialmente en las últimas horas a Patricia Blanco, jubilada de la Municipalidad de Ushuaia quien en representación de un grupo que se autodenominó “Jubilados Autoconvocados” se instaló en inmediaciones del control policial, con el pretexto de que procedían en tal sentido por discrepar con un paquete de leyes que había aprobado en enero de 2016, la Legislatura de Tierra del Fuego.
El corte de la Ruta Nacional Nro 3 comenzó el 15 de marzo de 2016 con interrupciones parciales pero desde el 17 y hasta el 27 de marzo, constitió en un bloqueo total en el que se le denegó el paso inclusive a personas que necesitaban atenderse en centros de salud.
El juez Federico Calvete consideró a Blanco y a los demás dirigentes sindicales “autores de los delitos de interrupción del transporte y de servicios básicos, desobediencia y resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad” y les impuso embargos de $200 mil a cada uno.
Patricia Blanco fue procesada sin prisión preventiva junto al secretario general del SUTEF, Horacio Gustavo Catena, y a la dirigente del mismo gremio, Florencia Villarreal; al secretario general del ATE, Carlos Córdoba; al secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos, AFEP, José Darío Gómez; a los representantes del SOEM, Sandra Cristina Esperón y Horacio Gallegos; a la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control, APOC, Elisa Dietrich; al secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial, SEJUP, Roberto Marcelo Kuba; al secretario adjunto de ATSA, Jorge Daniel Saravia y al secretario gremial del sindicato de músicos, Juan Marcelo Levicoy Pérez.
Luego de ser procesada, Blanco se presentó ante la Justicia Federal para pedir que se le conceda el beneficio de la probation a fin de que no se realice el juicio oral y público pertinente, a lo que el juez Calvete accedió. En tal sentido el magistrado decidió que la actual representante del sector pasivo estatal enmiende su culpa y el daño causado a la sociedad, donando horas de trabajo en alguna entidad pública a determinar. 
Pese a la benevolencia judicial del magistrado interviniente, que podría haber aplicado a rajatabla el artículo 194, en su apartado referido a “Delitos contra la seguridad pública”, que establece una pena de tres meses a dos años de prisión por el delito que se le enrostra, sin contar la sanción que corresponde a los delitos de “Desobediencia y privación ilegítima de la libertad”, Patricia Blanco se victimizó y fustigó a la Justicia Federal, sosteniendo, en el desafiante tono que la distingue: “Ya sabemos cómo es la Justicia Federal y Provincial de Tierra del Fuego. Ve lo que quiere ver” para después reiterar que no se arrepiente de nada y por ende, que no pedirá perdón a la gran cantidad de vecinos a los que perjudicó – junto a los otros diez procesados – en la salud, economía, los afectos y en definitiva, en su calidad de vida.
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