Además, la nueva legislación también aumenta las multas económicas a los infractores, con montos de hasta 15.770 dólares. El país austral registra 220.628 contagios y 3.615 fallecidos por COVID-19
El Congreso de Chile aprobó este miércoles un proyecto de ley para sancionar con penas de cárcel a los ciudadanos que no cumplan las cuarentenas domiciliarias, situación en la que se encuentran más de la mitad de la población del país como medida para evitar la expansión del coronavirus.
La Cámara de Diputados despachó el proyecto, impulsado por parlamentarios oficialistas, con votación favorable y la normativa recalará ahora en el Gobierno para ser promulgado por el presidente Sebastián Piñera y publicado en el Diario deicial para ser efectivo.
Este cambio en la legislación penal se produce tras las críticas de las autoridades hacia parte de los ciudadanos que, sobre todo en Santiago de Chile, que se encuentran bajo cuarentena desde hace cuatro semanas, no cumplían con el confinamiento obligatorio.
En ese sentido, los cambios en el Código Penal aprobados por el Poder Legislativo estipulan tres situaciones sancionadas con penas de prisión.
En el grado más severo, el proyecto señala penas de hasta 5 años de presidio para quien “en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria”.
En este caso, el texto legislativo se refiere a los pacientes confirmados por la enfermedad de la COVID-19, que en lugar de mantener la situación de cuarentena domiciliaria u hospitalaria, se encontraran en la vía pública sin permiso explícito de la autoridad sanitaria.
En otros casos, se pena con hasta 3 años de cárcel a quien ponga en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, en relación, por ejemplo, a quien salga a la vía pública sin el permiso pertinente en lugares bajo cuarentena, ya que en Chile la medida no se aplica a nivel nacional sino selectiva.
También será la misma pena para quien “a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando este sea distinto a su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio”.
Además de las penas de prisión, la nueva legislación también aumenta sustancialmente las multas económicas a los infractores, con montos de hasta 15.770 dólares para los casos más extremos y de unos 12.500 dólares en los otros dos supuestos.
A pesar de la severidad de la nueva normativa, el texto puntualiza que al tratarse de penas privativas de libertad se podría aplicar medidas sustitutivas de servicios sociales.
Chile registra tras más de 100 días desde la llegada del SARS-CoV-2 al país austral 220.628 contagios y 3.615 fallecidos por la COVID-19.
El país se encuentra bajo estado de excepción por catástrofe y toque de queda nocturno, con cuarentena en la capital y diversas ciudades del centro del país, como Valparaíso y Viña del Mar; con las fronteras cerradas, así como las escuelas y los negocios que no sean de primera necesidad.
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