Transcurrieron siete años desde ocurrido uno de los asesinatos que más minutos de cobertura periodística tuvo en nuestro país: el de Ángeles Rawson. Semanas atrás se produjo también otro trágico aniversario, el de la muerte de Natalia Fraticelli, con la consecuente causa judicial iniciada a su padre, juez de Santa Fe. Ambas tuvieron un marcado impacto mediático y son tristes acontecimientos que permiten reflexionar acerca de cómo se construye la noticia y la manera en que la opinión pública va forjando rápidamente conclusiones.
Vivimos tiempos dinámicos donde las conclusiones que hacemos generalmente se basan en lecturas rápidas y breves con una extensión limitada. Confiamos o desconfiamos de lo que leemos y escuchamos no por el contenido propio del mensaje ni por aquellos argumentos que lo fortalecen o debilitan, sino más bien en relación a quién lo emite en conjunción con nuestras miradas y creencias -políticas, ideológicas, sectoriales y, por qué no, preconceptos culturales- que nos transforman en pasivos espectadores de los acontecimientos. Consumimos las noticias desde medios tradicionales o redes sociales con cierta lógica ficcional donde, rápidamente y sin evaluar contexto alguno, se enaltecen o desprecian los mensajes e incluso se extraen conclusiones.
Atravesamos tiempos de “intoxicación digital”. Una constante sobrecarga de información (que ya no sólo producen los medios de comunicación sino que nosotros mismos a través de redes) en donde conviven una multiplicidad de mensajes cuyas características principales son los recortes informativos, las fake news o noticias falsas y los datos parcialmente ciertos. Frente a este contexto, ¿cómo se ubica la realidad judicial? En nuestro país muchos casos han tenido una importante cobertura mediática. Puede mencionarse el caso paradigmático de María Soledad Morales en Catamarca, el caso Dalmasso en Río Cuarto, la desaparición de la familia Pomar en Buenos Aires y los ya citados casos del juez Fraticelli y el de Ángeles Rawson, entre otros.
El tiempo ha transcurrido pero algo no ha cambiado: las distintas “verdades” que pueden presentarse y que se transparentan con ciertas particularidades. Si bien es indiscutible que una Justicia lenta no es Justicia, el que sea extremadamente rápida no garantiza lo contrario.
Por un lado, la “verdad judicial” se traduce en el convencimiento, fundado en Derecho y con basamento en pruebas concluyentes, dentro del respeto al marco legal vigente. Lo que debe primar es la interpretación razonadamente alcanzada a partir de los procedimientos, las pruebas y contrapruebas fundamentadas de acuerdo a la ley. Esas decisiones también deben ser comunicadas correctamente y a tiempo; pues toda decisión judicial -si bien tiene efectos jurídicos sobre las partes involucradas- genera posibles efectos sociales que deben ser explicados con claridad. Aquí también entra en juego la “verdad mediática” (hoy producida por medios tradicionales y redes). Esta verdad posee como característica la rapidéz y el dinamismo en su construcción, y pretende abarcar todo el espectro social y agotarse hasta lo efímero en un abrir y cerrar de ojos. En este vertiginoso contexto, en innumerables ocasiones se exige que la verdad judicial sea pronunciada a su ritmo o, más aún, desde la lógica de razonamiento de la verdad mediática, llegando ambas verdades incluso a contradecirse.
En el caso de la desaparición de la familia Pomar mediáticamente se dejaba entrever la posibilidad de que el padre hubiera cometido un crimen contra los otros integrantes del grupo familiar. Luego la realidad marcó que fue un accidente de tránsito. Hasta programas con altísimo rating llegaron a manejar la posibilidad de abducción de la familia por extraterrestres. En el caso Ángeles Rawson, los ojos mediáticos inicialmente apuntaban sin dudar al padrastro, aunque el autor del crimen -tras el trabajo judicial- resultó ser el portero del edificio.
Y hete aquí el dilema: ¿qué grado de legitimidad tendrá la “verdad judicial” si no coincide con la opinión pública traducida generalmente en “verdad mediática”? La verdad real, lo que de hecho sucedió, debe reflejarse coincidentemente desde la verdad judicial, más allá que pueda o no existir acuerdo con el sentir popular. Para la vida democrática y armónica convivencia debemos ser respetuosos de la verdad judicial, que se expresa mediante una sentencia firme. Ahora bien, dicha voz tiene que saber comunicar a tiempo y legitimar certeramente su actuación.
La verdad judicial deberá propender con sus mayores esfuerzos a acercarse a la verdad real, a cuyos pies deberá caer también la verdad publicada, cuya misión será echar luz sobre aquella realidad e iluminarla para poder visualizarla tal cual acontecieron los hechos. La legalidad se desvanece sin legitimidad, que se fundamenta en la sólida creencia y convencimiento social e individual que señala que la verdad real ha triunfado.
* Profesor e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba. Autor de los libros “Justicia, periodismo y sociedad” y “El vocero judicial”.
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