La exgobernadora recordó que “en la presidencia de Mauricio Macri, tuvimos que crear durante nuestra gestión en TDF una secretaria especial y convocar a Argüello para lograr que nos escuchen”.
En la sesión de este martes de la Cámara de Diputados de la Nación se trataron, entre otros temas, los proyectos sobre la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y el proyecto sobre Demarcación del Limite Exterior de la Plataforma Continental. Estas iniciativas “demuestran un cambio sustancial con relación a la orientación seguida por el anterior gobierno”, expresó la diputada nacional Rosana Bertone en su discurso durante la sesión; y dio como ejemplo de ello el Acuerdo Foradori-Duncan del 2016.
Asimismo, la exgobernadora recordó que “en la presidencia de Mauricio Macri, tuvimos que crear durante nuestra gestión en Tierra del Fuego una secretaria especial y convocar a Argüello para lograr que nos escuchen”, y agregó que “a pesar de ello, puedo decirles que fueron 4 años en los que no hubo avance por la falta de interés en continuar los legítimos reclamos por nuestros derechos soberanos que durante años y de manera constante veníamos realizando en las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner”.
“Luego de este lamentable paréntesis de 4 años, volvemos a tener un presidente que decidió devolverle a la cuestión Malvinas el lugar que se merece dentro de los intereses estratégicos nacionales de política exterior”, dijo.
El proyecto de creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tiene la mirada puesta en la defensa de la soberanía.
La idea es “construir un espacio amplio y plural que diseñe y promueva estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional e internacional en relación con la postura sobre Malvinas, buscando los consensos que garanticen la continuidad de las políticas que sustentan la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas”, explicó Bertone.
En este sentido, detalló que el Consejo estará encabezado por el Presidente de la Nación, el canciller Felipe Solá, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, tres diputados y tres senadores que representen a los bloques con mayor peso parlamentario, el gobernador de Tierra del Fuego, dos especialistas en derecho Internacional, tres miembros del sector académico y un representante de los ex combatientes.
Respecto del proyecto sobre Demarcación del Limite Exterior de la Plataforma Continental tiene como objetivo principal “consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo”. De acuerdo a los fundamentos del proyecto “la sanción de esta ley constituye una reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre tales áreas”.
“El actual gobierno y nosotros, el Parlamento, tenemos una ardua tarea por delante que es recomponer los apoyos internacionales y procurar nuevos”, que promuevan los legítimos reclamos de soberanía realizados por nuestro país.
“Con Alberto Fernández, la causa Malvinas es política de Estado”, concluyó la diputada fueguina.
En la misma sesión, se dio media sanción a la modificación del presupuesto 2020 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto es así porque el presupuesto de este año era el prorrogado de 2019 dado que el año pasado no se aprobó el correspondiente a este año. Pero para hacer frente a la pandemia, el Poder Ejecutivo Nacional tuvo que destinar determinados fondos para ayudar a paliar las consecuencias de esta situación inesperada. De allí que surgieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a través del Programa de Emergencia Financiera Provincial, entre otros. Esto requiere de una modificación del presupuesto para reasignar e incorporar estos fondos.
En este sentido, Bertone explicó que “esta modificación del presupuesto da continuidad al Programa para la Emergencia Financiera Provincial creado por el decreto 352/2020 para asistir financieramente a las provincias en el marco de la pandemia”, y agregó “esta asistencia es por un total de $120.000 millones y se implementa mediante dos instrumentos: Asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); y Préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Específicamente, el proyecto asigna $50.000 millones adicionales al Programa, los cuales serán canalizados a través del FFDP, quedando facultado el Ministerio de Economía para establecer las condiciones de los préstamos”.
Detalló que, respecto del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, a Tierra del Fuego le corresponden $ 732 millones en función del índice de coparticipación establecido para cada jurisdicción, que en el caso de la provincia es del 1,22%. Entre abril y julio la Provincia recibió 5 ATN por un total de 528 millones de pesos (72% del total). Respecto de los IFE hubo 22.603 titulares y el monto distribuido fue de $ 226 millones; hubo 1295 beneficiarios de créditos a tasa cero por 172 millones de pesos, y en créditos al 24% se invirtieron $ 1197 millones en la provincia. En las dos primeras rondas de la ATP, se abonaron $1.197 millones a trabajadores de la provincia.
“Durante el gobierno de Macri los dólares no fueron destinados para impulsar la economía, o fortalecer la producción y las exportaciones sino para financiar la fuga de capitales al exterior y para implementar un programa de ajuste monetario y fiscal”, señaló la diputada fueguina.
“En este contexto de recesión extrema en que dejó a la Argentina el gobierno anterior, Alberto Fernández asume la presidencia con la plena convicción de que debíamos avanzar en una política económica de crecimiento, empleo y con una mirada social”, dijo y agregó “lamentablemente la pandemia mundial complicó las economías de todos los países y a la nuestra con más razón por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba”.
Asimismo, Bertone destacó la intención de “invertir en infraestructura económica y social como una de las herramientas prioritarias del Estado para promover el desarrollo social y económico, en tanto facilita la integración territorial, el desarrollo de las economías, la generación de empleo y la reducción de las desigualdades regionales”.