Entre otros puntos, el proyecto elimina las cláusulas de ajuste UVA-UVI para los que tengan por destino la adquisición de vivienda única y se las reemplaza por un mecanismo de indexación por el Índice de Salario que publica el INDEC.
El proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados para atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA obtuvo este jueves dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, por lo que podría ser tratado en sesión desde la semana que viene.
No obstante, a instancias del oficialismo, la iniciativa recibirá algunos cambios, por lo que, de ser aprobada en el recinto, deberá volver a la Cámara baja en segunda revisión.
Qué dice el proyecto
La iniciativa promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, basándonos en el planteo de que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, a lo que se agrega la suspensión de los desalojos por un plazo de un año.
Sin embargo, en el dictamen del oficialismo se agregaron algunos puntos que cambian el proyecto original.
En principio, se dejan sin efecto las cláusulas de ajuste UVA-UVI para todos los préstamos que tengan por destino adquisición de vivienda única y se las sustituye por un mecanismo de indexación por el Índice de Salario que publica el INDEC.
Además, se ordena la realización de nuevos mutuos, proponiendo una novación (la transformación de una obligación en otra) en la que el capital debe retrotraerse al 31 de agosto de 2019 sobre el cual hay que restarle las porciones de capital que están contenidas en las cuotas que se hayan abonado entre esa fecha y la fecha del mutuo nuevo.
En el dictamen oficialista, a partir de allí se ajusta por el índice de salarios con más interés del 3,5% nominal anual.
Además, el recálculo que deben hacer para novación las entidades financieras debe ser con fecha de 1 de septiembre de 2023: todos los cálculos para el nuevo crédito deben ser con esta fecha.
Asimismo, se establece como autoridad de aplicación al Banco Central y se le insta a que, a través de las entidades financieras que otorgan los créditos, se ponga en práctica un programa de difusión en materia financiera para los clientes actuales y futuros, poniendo énfasis en los riesgos que se toman ante determinados productos que ofrece el banco para evitar las publicidades confusas.
Además, se puntualizó que en el caso de que la relación cuota ingreso no calce en el 30 por ciento de los ingresos del tomador del crédito, las entidades bancarias deben establecer métodos para llegar a un acuerdo, pero siempre teniendo en cuenta la Ley de Defensa del Consumidor.
Finalmente, el proyecto mantiene los artículos para que quienes estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.
Además, la iniciativa prevé la creación de un fondo fiduciario para hacerse cargo de hasta tres cuotas del crédito en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral.
Al finalizar la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, reconoció que “el sistema de ajustes de préstamos UVA es un sistema que trajo muchos problemas” y que se busca “trabajar en la búsqueda de un equilibrio para que los deudores paguen de manera razonable y las entidades financieras tengan una rentabilidad razonable”.
Su compañera de bancada, la bonaerense Juliana Di Tullio, pidió firmar el dictamen pero anunció que lo iba a hacer “en disidencia” porque, según argumentó, estaba “preocupada por el patrimonio del Banco Provincia” ya que «el sistema público se hace cargo de la pérdida, pero no el sistema privado».
Desde la oposición, los radicales Víctor Zimmermann y Pablo Blanco coincidieron en que “el sistema de cuotas UVA es un buen sistema” pero que “el problema es la inflación”.
Además, el porteño Martín Lousteau subrayó que “se va a tocar una línea de créditos que tiene solo un uno por ciento de mora” y destacó que “la mayoría de los préstamos fueron otorgados por bancos públicos que no ejecutan a nadie que tenga voluntad de pagar”.
Fuente Telam