Tras las quejas de las provincias, se “clarificarán” los artículos de la Ley Ómnibus sobre la pesca

Tras las quejas de las provincias, se "clarificarán" los artículos de la Ley Ómnibus sobre la pesca

Lo confirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Los referentes de la actividad cuestionan el proyecto porque asigna las cuotas al mejor postor, sin fijarse en el origen del barco o la tripulación.

Tras las quejas de las provincias, se "clarificarán" los artículos de la Ley Ómnibus sobre la pesca

El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que se realizarán cambios en los artículos que se refieren a la actividad pesquera que forman parte del proyecto de Ley ómnibus que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Tras las críticas que el Gobierno había recibido por parte de los gobernadores de las cinco provincias patagónicas y de las cámaras y sindicatos del sector, Francos recibió en su oficina de Casa Rosada al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.
«Tenemos claro que la pesca es un recurso de los argentinos» y garantizó que «para el Gobierno las 200 millas son de pesca nacional, pesca de buques con bandera nacional», sostuvo Francos en una rueda de prensa al finalizar la reunión.
El funcionario adelantó que, a partir de lo dialogado, realizarán algunas «clarificaciones» en el proyecto de Ley para superar de esta forma las controversias que se generaron en torno al tema.
«Como ha habido algunas preocupaciones vamos a clarificarlas, porque nuestro espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales, no había una diferencia allí, lo que pretendíamos es que todo este proceso se haga de una manera transparente y eficiente y proteger la pesca en las 200 millas», aseguró Francos.
Respecto a las cuestiones que tienen que ver con la trazabilidad de los recursos, el ministro dijo que «en eso vamos a trabajar también con los gobiernos provinciales, y hay un Consejo Federal que también se ocupará del tema. Estamos de acuerdo en que hay que sentarse en una mesa para analizar bien todos los aspectos».
«Tenemos que buscar la forma de que las empresas puedan ejercer su actividad, pero que también paguen lo que deberían estar pagando, ya que hoy la contribución es muy pequeña», agregó Francos.
Y concluyó: «vamos a conversar con las Cámaras (empresarias) sobre estos aspectos, como acaba de hacer Chubut, que licitó zonas pesqueras que le han generado una cantidad de recursos muy importantes a la provincia».
Por su parte, el gobernador Torres se mostró «muy conforme» y sostuvo que «es importante primero llevar tranquilidad de que está garantizada la soberanía en las 200 millas, que el espíritu de la ley no compromete eso».
Torres además anticipó el armado de una mesa sectorial en la que se discutirán temas como la obligatoriedad de las descargas en puertos argentinos.
Asimismo, estará sobre la mesa «el tema de mano de obra extranjera que no sólo se va a revisar, sino que lo vamos a hablar con todo el sector», adelantó el gobernador.
Otro ítem que se discutirá es el atinente a la pesca ilegal. «La Argentina pierde miles de millones de dólares al año por pesca ilegal y nunca se le puso el cascabel al gato, hasta ahora que hay un momento bisagra donde todos estamos de acuerdo en que hay que dar esa pelea. No solamente por la cuestión económica sino por una cuestión de soberanía», añadió Torres.
El pasado martes, Torres junto a sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, rechazaron las modificaciones propuestas a la Ley de Pesca por considerar que «afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros».
Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas eran: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.
El miércoles se sumó a las críticas el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al sostener que «el proyecto del Gobierno nacional implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones».
Por último, otro de los participantes de la reunión de este jueves, el intendente Montenegro resaltó «la posibilidad de generar el diálogo para que en un sector que da tantos recursos a la Argentina como es la pesca, podamos seguir trabajándolo juntos».
En esa línea, Francos agregó que «sintonizamos todos la misma frecuencia. Pensamos que este es un sector importante para el país, que hay un sector industrial importante. Todos queremos proteger el trabajo argentino, proteger la pesca argentina, y trabajar todos en conjunto para eso».

Los puntos cuestionados

Modificación del artículo 26 de la ley 24.992 que daban permisos pesqueros a buques con mano de obra argentina en un 75%, construidos en el país y con menor antigüedad. Con este cambio se le abría la puerta a buques extranjeros, con tripulación extranjera y que no hayan invertido en la Argentina, generando una competencia desleal con la industria local. Virtualmente, implicaba la apertura de la pesca a extranjeros dentro de la milla 200 del Mar Argentino. Además de la pérdida de puestos de trabajo local.

Derogación del artículo 25 de la ley 24.922 que obligaba a desembarcar los productos pesqueros en puertos argentinos. Eso dejaba abierta la posibilidad a que quienes pescaran en nuestras aguas pudieran descargar en otros países o incluso hacer trasbordos en altamar, impidiendo la trazabilidad de la actividad. Nadie podría verificar qué se pescaba y en qué cantidad.

La sustitución del artículo 7 en el cual se determinaba que los permisos de pesca sean autorizados por el Consejo Federal Pesquero. En este consejo tienen representatividad las provincias pesqueras. Al pasar esta facultad al Ejecutivo, se le quitaba peso a las provincias sobre lo que pase en su espacio marino. Al respecto, los gobernadores escribieron: “De tal manera, las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca”


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