Fueron condenados por matar a un recién nacido, homicidio y robo a mano armada, entre otros delitos.
“Si quieres que algo no funcione… crea una comisión”, dice la frase popular que se le atribuye a Napoleón Bonaparte.
En concordancia y ante la urgente necesidad por parte de la sociedad de que quienes imparten Justicia se expidan al respecto, se realizó una reunión ayer, entre miembros de los poderes Ejecutivo y Judicial, a cuyo término coincidieron en “crear una comisión” para analizar las concesiones que se le están efectuando a los internos de las unidades penitenciarias de la provincia, en el marco de la pandemia.
De tal modo, autoridades judiciales y gubernamentales llevaron adelante el jueves 30 de abril una reunión mediante videoconferencia en la que analizaron “la situación de las personas privadas de su libertad, que se encuentran alojadas en las unidades penitenciarias de la Provincia, ante la emergencia sanitaria producida por el virus Covid-19” según reza la gacetilla oficial.
Del encuentro, participó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume, junto a los secretarios Penal y de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, Roberto Kadar y David Pachtman, así como también el prosecretario de la Secretaría Penal, Dr. Marcos Hudecek.
Intervinieron también pero por videoconferencia el defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Gustavo Ariznabarreta; los jueces de Ejecución de los distritos judiciales Sur y Norte, Manuel López y Natalia Buitrago y el fiscal mayor DJS, Eduardo Urquiza.
Por parte del Poder Ejecutivo, participaron la ministra de Gobierno y Justicia, Dra. Adriana Chapperon; el director del Servicio Penitenciario, Claudio Canovas y la secretaria de Derechos Humanos, Abigail Astrada.
Durante el encuentro, los funcionarios y magistrados dieron cuenta del escenario existente en los establecimientos penitenciarios de Río Grande y Ushuaia, y se concluyó en que “cada uno de ellos presenta particularidades específicas”.
El informe de prensa judicial agrega también que “los jueces López y Buitrago, así como el defensor ante el STJ explicaron el tenor de las distintas presentaciones y peticiones que efectuaron los internos y se intercambiaron ideas y opiniones de cómo afrontar eventuales inconvenientes que podrían generarse”.
En forma concluyente y de manera unánime, las autoridades afirmaron – consignó asimismo el área de prensa de la Justicia – en que “se trata de una cuestión de suma importancia, que requiere de un seguimiento adecuado, por lo cual se propuso la creación de una comisión”.
Pese a los intentos de saber si habrá nuevas excarcelaciones por el mismo motivo y en ese caso, cuántas, a este medio le resultó imposible obtener la información, manteniendose el tema en un hermetismo absoluto por parte de jueces que deberían comunicarle a la comunidad lo que hacen y por qué lo hacen, dado que las consecuencias de sus decisiones impactará directamente en cada ciudadano.
LOS LIBERADOS HASTA AHORA
En la Unidad Penitenciaria Nro 1 de Rio Grande, en la Alcaidía y el anexo penitenciario de la calle Olegario Andrade, en Ushuaia, se encuentran varios internos efectuando huelga de hambre, en sintonía con lo que hacen los presos de todo el país.
Hasta ahora son ocho los liberados en Ushuaia, previéndose que en los próximos días se les vaya concediendo el mismo beneficio a otros reos que argumentan sufrir de asma, hipertensión arterial, diabetes y cáncer, entre otras dolencias. A la par de la presión de los abogados defensores que advierten que presentarán habeas corpus, la negativa a comer de los internos y los videos realizados en la cárcel en los que se los escucha responsabilizar a los magistrados “de lo que nos vaya a pasar”, la opinión pública hace oir su negativa sin no solo no ser escuchada sino tampoco atendida en sus interrogantes y temores.
Los internos que accedieron al beneficio y que ya se encuentran en sus domicilios, a cargo de padres o cónyuges son Andrea Paola González Paduan (condenada por asesinar a su hijo recién nacido en mayo de 2016), Brian Villegas (condenado por los delitos de homicidio doblemente agravado por el crimen de Héctor Nenén, sereno de la Pesquera del Beagle), Darío Ocampo (condenado por matar a Pablo Moya en 2011 en momentos en que terminaba de purgar una condena por abuso sexual), Iván Gallo (en 2006 mató a José Ismael Abdala en el barrio Colombo); Emiliano Ortiz (condenado por atropellar y arrastrar debajo del auto por 10 cuadras a Vanina Yésica Espíndola de 17 años de edad en 2008 y en un permiso de salida descubierto manejando pese a tenerlo prohibido), Roberto Rojas (condenado en 2008 por asaltar la farmacia ubicada en la esquina de las calles Kuanip y Concejal Rubinos del Rio) y Claudio Toledo (condenado en el año 2017 por robo a mano armada en el minimercado “El Gringo” de la calle Indios Yámanas al 1300, en momentos en que gozaba de libertad condicional).
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