LA EX GOBERNADORA AFIRMÓ QUE POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA ARGENTINA SU SUCESOR DEJO SIN EFECTO Y POR DECRETO UN CONVENIO COLECTIVO HOMOLOGADO, LO QUE A SU CRITERIO NO DEBE RESULTAR INDIFERENTE A LOS SINDICATOS QUE REPRESENTAN A LOS EMPLEADOS PUBLICOS PROVINCIALES POR LA GRAVEDAD INSTITUCIONAL QUE SIGNIFICA.
La ex mandataria acusó al titular actual del Poder Ejecutivo de mentirle a la gente. “Bajo el argumento, en sí mismo discriminatorio, de que los despedidos tienen determinada ideología, se han cancelado designaciones de personas con discapacidades y trabajadores con más de veinte años de trabajo, entre otras, o simplemente ciudadanos que dependían de ese ingreso. Una vez más, las consecuencias de normas dictadas por gobiernos autoritarios, generan miseria planificada” – denunció.
Ante la confirmación pública por parte del mandatario Gustavo Melella, de derogar el Convenio Colectivo de Trabajo firmado en el mes de noviembre de 2019 por la ex gobernadora Rosana Bertone con los gremios que representan a los trabajadores públicos, la actual diputada nacional salió a sentar postura y a defender las razones que la llevaron a impulsar la herramienta administrativa que contó con la firma de los sindicalistas estatales.
“La gravedad de lo sucedido nos convence de la necesidad de impedir que se imponga semejante retroceso. La eliminación del camino de democratización de las relaciones laborales para imponer un estándar autoritario; el aumento salarial del 100 % de las remuneraciones exclusivamente para funcionarios, la ampliación exponencial de la planta política como es la designación de 74 asesores para la vice gobernadora Mónica Urquiza; la eliminación del procedimiento de licitación pública, la exclusión de bonos a jubilados municipales, parecen ser medidas que, en los primeros treinta días de gobierno, comienzan a perfilar nítidamente el verdadero rostro político de las actuales autoridades. La política de despidos masivos dispuestos sobre la base de la anulación por decreto de un Convenio Colectivo de Trabajo conlleva una etapa oscura y sin precedentes y muestra la verdadera cara del Gobierno. La idea de que íbamos a vivir mejor queda reducida a su real dimensión. Se referían a pocos. La separación tajante que se ha establecido entre derechos de funcionarios y de empleados, resuelve la incógnita. Solo los funcionarios. Ellos van a vivir mejor” – sostuvo Bertone.
Respondiendo a las críticas que le cuestionaron el momento – un mes antes de dejar el poder – en que firmó el Convenio, Rosana Bertone respondió: “Se ha criticado la firma del acuerdo alegándose falta de oportunidad. El principal argumento esgrimido se basó en la vaga afirmación de que no era el tiempo. Nos permitimos disentir. Hemos transitado más de 25 años intentando encontrar el momento justo, ideal. Quizá sea cierto que podría existir uno mejor, pero la historia ha demostrado que el camino en encontrarlo terminó dejando de lado la posibilidad de concretarlo. Desaprobar lo que en su tiempo no fuimos capaces de hacer, se parece más a una excusa que a una crítica. En cuanto al contenido, el gran avance es el que pocos notan. La democratización de las relaciones laborales en el Estado, finalmente, se consagró. Ese es, creemos, el valor principal. Los trabajadores hicieron derecho, su derecho. El acto de Melella resulta inédito desde una perspectiva jurídica y política. Nunca, hasta ahora, se dejó sin efecto un Convenio Colectivo por medio de un decreto. No se atrevieron a hacerlo ni siquiera los gobiernos más autoritarios de la Argentina. La dictadura militar argentina interrumpió los derechos derivados de la libertad sindical, pero no derogó los convenios colectivos”.
Finalmente, la abogada y política Rosana Bertone sentenció: “El aire autoritario de la medida provoca que trabajadores fueguinos se queden sin empleo como consecuencia de la anulación del CCT. Bajo el argumento, en sí mismo discriminatorio, de que los despedidos tienen determinada ideología, se han cancelado designaciones de personas con discapacidades, trabajadores con más de veinte años de trabajo, entre otras, o simplemente ciudadanos que dependían de ese ingreso. Una vez más, las consecuencias de normas dictadas por los gobiernos más autoritarios de la Argentina, en su reproducción actual, generan miseria planificada. No pareciera aceptable que, como principal política pública, un gobierno quiera inaugurar su gestión despidiendo masivamente. Por otra parte, el argumento de que solo se limitarían los despidos a un determinado signo político, más que un fundamento, se acerca al reconocimiento de un acto discriminatorio y prohibido por la ley”.
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