LA PRESTACION DE 1.752 PROFESIONALES DE LA EDUCACION DE ESCUELAS SECUNDARIAS SERA REGULARIZADA.
Desde la implementación del SIGE se detectaron 5.565 horas cátedra sin instrumento legal respaldatorio.
La medida gubernamental beneficiará a los docentes a través de la certificación de sus prestaciones mediante el SIGE, a fin de resguardar su carrera laboral y su estabilidad. Al respecto la titular del Poder Ejecutivo provincial sostuvo que “estamos convencidos que a partir del ordenamiento administrativo, se genera transparencia y seguridad jurídica para los docentes, salvándolos de la clandestinidad a la que estaban expuestos debido a la desinformación provocada por las prácticas obsoletas anteriores. Vamos a hacer crecer y defender nuestro sistema de educación pública”.
La gobernadora instruyó la regularización de los mismos, para dar seguridad jurídica a los 1752 docentes afectados.
A partir de la implementación del SIGE, quedó de manifiesto la inexistencia del aval normativo que debe sustentar cada una de las secciones que en la actualidad se encuentran en funcionamiento, en este caso, en los colegios secundarios del sector público provincial.
Luego de efectuar el traspaso del sistema de llenado de fichas a mano y la informatización de datos, se detectó un número de 172 secciones o cursos qué funcionaban históricamente sin el instrumento legal correspondiente que los avale, situación que involucraba a un total de 5.565 horas cátedra y que afectaba a 1.752 docentes fueguinos.
En este sentido, cabe señalar que la falta del pertinente acto administrativo ponía en riesgo la carrera laboral del docente y su estabilidad, dado que la certificación de su tarea debe ineludiblemente estar ligada a la legalidad del alta en su cargo, la que solo debería darse con expresa anuencia ministerial.
La anterior situación imposibilitaba la titularización de los cargos y horas cátedra que no contaban con reconocimiento legal dentro de las Plantas Orgánicas Funcionales institucionales y dificultaba los trámites asistenciales que no podían ser llevados a cabo sin la resolución ministerial que otorgara el cargo al afiliado en consonancia con la obra social.
A estos efectos, la gobernadora Rosana Bertone ordenó “regularizar la situación en lo inmediato, a fin de garantizar la seguridad jurídica de los docentes afectados por la informalidad en la que fueron otorgados sus cargos y solucionar su vida administrativa para no padecer los inconvenientes generados por la desidia de administraciones anteriores”.
La mandataria sostuvo finalmente que “estamos convencidos que a partir del ordenamiento administrativo, que genera transparencia y seguridad jurídica a los docentes, salvándolos de la clandestinidad a la que estaban expuestos debido a la desinformación provocada por las prácticas anteriores, vamos a hacer crecer y defender nuestro sistema de educación pública. Estas acciones, dan muestra de ello, todo esto sumado a la apertura de las instituciones educativas y secciones que venimos generando”.
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