El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Grande, Pascual Lombardo, expresó el rechazo a la normativa que pretende aplicar el gobierno para controlar el gasto de los fondos que reciben como subsidio y la calificó de “inaplicable”.
“Lo que quiere poner en marcha el gobierno es una copia de una directiva nacional. Ayer quedamos con la ministra –Chapperón- que lo vamos a dejar sin efecto hasta que podamos juntarnos las partes para diagramar algo que se pueda aplicar en la provincia. Por la normativa nacional los bomberos cobramos una vez al año y tenemos 360 días para rendir y ahí sí se puede aplicar. Pero una normativa de esas características es inaplicable en la provincia”, sostuvo a la prensa.
“Para poder cobrar todos los meses nosotros hacemos las rendiciones correspondientes y ahí hacen los controles. Creemos que esto es meterse en la administración de cada una de las instituciones, que ya estamos esperando 30 días para poder cobrar. Deberíamos cobrar del 1 al 10 y con toda esta instrumentación tardaríamos más tiempo. Es más largo el plazo para rendir y no es para gastos corrientes. Acá en la provincia todos los meses hay que pagarle a la gente que está de guardia, hacer frente al pago de servicios y son gastos corrientes”, diferenció.
Aseguró que se va a trabajar en una reglamentación nueva, y además está pendiente la reglamentación para el acceso a la obra social y la jubilación, que está establecido por ley. “El problema es la deuda que tienen los diferentes gobiernos que pasaron por la provincia, que asciende a 145 millones de pesos al día de la fecha. Queremos que se pague en tiempo y forma todos los meses, porque tenemos todo vencido. Estamos a 17 de junio y todavía no hemos cobrado. En Río Grande el 21 de mayo cobraron lo que correspondía a diciembre de 2018 y otra vez estamos en mora con todos los servicios. En cualquier momento nos van a cortar la luz y el gas. Pagaron diciembre de 2018, falta todo el 2019 y lo que va de 2020”, aseveró.
“En enero de 2018, por un nuevo artículo de la ley de presupuesto, el Ministerio de Seguridad podía disponer de hasta el 50% de lo que cobraban los bomberos y lo aplicaron a rajatabla. Nunca supimos dónde fue a parar la plata que le correspondía a bomberos, porque se tenía que aplicar a cursos de capacitación, equipamiento y no tenemos respuesta hasta el momento sobre el destino de ese dinero”, dijo.
“Nosotros no nos oponemos a los controles, porque ya están desde que se implementó la ley. Nosotros cobramos, hacemos una planilla con el total y se ponen las facturas que se van pagando mes a mes. Estamos cobrando muy desfasado y desde que está el gobierno actual hemos cobrado una sola vez en diciembre, y en lo que va del año solamente tres veces, cuando transcurrieron seis meses. Nosotros presentamos las facturas, ellos las controlan y después Defensa Civil hace el expediente que va a Tesorería y todos los lugares que controlan en gobierno”, detalló del circuito.
“Cada vez que uno cobra tiene que hacer la rendición, si no, no podemos volver a cobrar. Esto se hace todos los meses. Hasta ahora podemos subsistir nada más porque estamos cobrando valores de 2018 y pagamos valores de 2020, con la devaluación que hubo. En Río Grande tengo 18 personas a las que le pagamos un sueldo, más combustibles, seguro, gas, reparaciones y todo lo que necesitamos para que funcione el cuartel. No es nada barato porque la mayoría de los insumos que usamos son a valor dólar”, advirtió.
Respecto de la cobertura de obra social, “todavía no está, hace poco falleció un bombero sin ningún tipo de cobertura, teniendo una enfermedad terminal. Se le solicitó por nota al gobierno la cobertura pero no tuvimos eco. Se le piden a los bomberos todas obligaciones pero el gobierno no tiene ninguna obligación. Nosotros no tenemos problema en rendir todo como corresponde pero del otro lado no hay una devolución”, cuestionó.
En cuanto a los pasos a seguir, informó que “la ministra se comprometió a sentarse con nosotros después de que paguen los aguinaldos, para ver de qué manera nos pagan la deuda, pero son siempre promesas. En total de todas las instituciones son 140 millones de pesos. Eso está comprobado y certificado”, subrayó.
Por otra parte, dio a conocer la decisión de recurrir a la justicia: “Nosotros ayer presentamos un recurso de amparo para que intervenga la justicia y de una vez por todas podamos cobrar. No puede ser que desde el año 2007 esté la ley y no podamos cobrar. En ningún momento nos oponemos a los controles, porque los controles están”, insistió.
“Hay cuarteles intervenidos, supuestamente por las anomalías que había, y tampoco se pueden normalizar los cuarteles con la falta de dinero. Si no tenemos ingresos, muy poco se puede hacer. No se puede capacitar ni equipar, no se puede hacer nada. Con lo poco que está entrando solamente se puede hacer frente a los costos fijos. Habría que comprobar si los desmanejos a los que aluden realmente son así, y no se puede meter a todos en la misma bolsa. Yo hace poco que estoy al frente de la Federación y puedo hablar por la institución de Río Grande, donde se trabaja con la jefatura y todo el cuerpo activo. Nosotros no nos podemos basar en un sistema netamente voluntario y en Río Grande tenemos la necesidad de contar con tres o cuatro cuarteleros en cada uno de los destacamentos y el cuartel central. El año pasado en Río Grande hubo 760 salidas, fueron 190 incendios más todos los otros servicios. Esto implica gasto en combustible, en vehículos, para cobrar un subsidio del 50%. Es muy difícil cuando se cae una institución de esta naturaleza volver a levantarla sin los recursos necesarios. Un equipo autónomo anda en los 3.500 y los 3.800 dólares. En su momento compramos un camión y costó 55 mil dólares. Vamos a tratar de que todo funcione como corresponde porque se necesita del equipamiento necesario para dar un servicio de primer nivel”, manifestó.
El próximo encuentro con la ministra Chapperón sería el próximo miércoles. “Ella quiere que llevemos un proyecto con lo que necesitamos para poder funcionar, vamos a intercambiar ideas y esperamos llegar a buen puerto. Si ellos realizan el control como corresponde, no debería haber grandes cambios en la normativa”, concluyó.
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