Proyecto sobre la imposición de una superlativa carga tributaria a propietarios de viviendas desocupadas en Ushuaia. “Carece de sustento” – sostuvo el presidente del Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y Corredores de Tierra del Fuego, Gabriel Martínez. “Hay más oferta y muchos alquileres temporarios se convirtieron en permanentes” – evaluó.
En la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Ushuaia, realizada el miércoles pasado, se debatió un proyecto que propone un incremento tributario a las viviendas desocupadas de la ciudad. La iniciativa, impulsada por la concejala Laura Ávila, busca que los propietarios de estos inmuebles paguen 150 veces el valor ordinario del Impuesto Inmobiliario. La medida fue enviada a comisión para un análisis más profundo, pero ya generó un fuerte rechazo entre gran parte de sus pares y principalmente desde el sector inmobiliario, desde donde se cuestionó la necesidad y la viabilidad de la propuesta.
Los integrantes del Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y Corredores de la Provincia de Tierra del Fuego, representados por su presidente, Gabriel Martínez, fue uno de los primeros en manifestar su desacuerdo con la iniciativa. En una carta entregada a cada uno de los ediles, la entidad planteó varios puntos clave que refutan el argumento principal de Ávila sobre la existencia de una emergencia habitacional debido a la falta de viviendas disponibles para alquiler en Ushuaia.
El CPMTC destacó en el documento que “a partir de la derogación de la Ley 27.551 y 27.221 por el DNU 70/23, el mercado inmobiliario de alquileres ha mostrado una notable mejora”. Según explicó su presidente “actualmente hay un promedio mensual de 120 viviendas en oferta, con un tiempo promedio de disponibilidad de solo dos semanas. Esta cifra, que solo incluye propiedades gestionadas por inmobiliarias, no tiene en cuenta los alquileres sin intermediación, lo que aún incrementa la oferta de viviendas”. En consecuencia estos datos, según Gabriel Martínez, refuerzan la idea de que no existe una carencia de viviendas para alquiler en Ushuaia, como sostiene el proyecto de Ávila.
Los martilleros colegiados aportaron además otro dato fáctico, derivado del ejercicio de la actividad que desarrollan en Tierra del Fuego: “La desregulación del mercado ha facilitado que muchos inmuebles destinados anteriormente al alquiler temporario hayan sido reconvertidos a alquiler para residencia permanente. Esto ha contribuido aún más a satisfacer la demanda de viviendas para habitarlas de manera regular, contrarrestando de esta manera la premisa de Ávila de sancionar con un elevadísimo monto por Impuesto Inmobiliario a quienes no pongan sus viviendas o departamentos en el mercado de alquileres.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es sin dudas el monto propuesto para el impuesto a las viviendas desocupadas, que podría llegar a ser 150 veces superior al valor ordinario del Impuesto Inmobiliario. Martínez calificó esta medida de “exagerada” y “confiscatoria”, advirtiendo que podría tener un impacto negativo sobre los propietarios de viviendas, especialmente en aquellos que no tienen la posibilidad de alquilarlas por razones ajenas a su voluntad.
Asimismo, el referente del sector de martilleros expresó su preocupación por la forma en que se determinaría si una vivienda está desocupada. Según el proyecto, esta condición se establecería por simple presunción, lo que, según el experto, generaría incertidumbre y obligaría a los propietarios a tener que demostrar lo contrario. Este enfoque, indicó, no solo sería poco claro, sino que también podría generar trámites administrativos innecesarios y perjudicar a los contribuyentes.
En su intervención, Gabriel Martínez hizo un llamado a la “buena fe” de los concejales para que reconsideren el impacto de la medida, especialmente en un tema tan sensible como la oferta de viviendas para alquiler. Asimismo, reiteró una crítica recurrente de su institución: el ejercicio ilegal de la profesión de corretaje, que sigue siendo un problema en la provincia, y que la actual normativa no ha logrado resolver de manera efectiva. Sobre el tema, la máxima autoridad del Colegio de Martilleros reiteró un viejo reclamo de esa institución: “La situación actual del ejercicio ilegal del corretaje constituye un factor de riesgo para toda la ciudadanía y es una clara violación a la normativa legal vigente, que a su vez, también es vulnerada por la Ordenanza 1.874, la que a pesar de su inconstitucionalidad, hecho que fue advertido al intendente municipal Walter Vuoto, continúa vigente y favoreciendo la habilitación de inmobiliarias contra lo normado por la Ley Provincial 762, avalando así el ejercicio ilegal de la profesión de corredores a los matriculados que ceden o facilitan sus matrículas a quienes no las poseen”.
En medio de una franca oposición y del pedido de varios concejales que se archive, el proyecto finalmente fue girado a comisión para que el año que viene el cuerpo legislativo decida qué hacer con él.
Blanco y negro
• Mercado de alquileres. La concejala Laura Avila sostiene que hay escacez de viviendas o departamentos para alquilar. El Colegio de Martilleros afirma lo contrario: “La oferta de viviendas ha aumentado, con un promedio mensual de 120 viviendas puestas a alquilar y un tiempo promedio de disponibilidad de dos semanas”.
• Transición de inmuebles de alquiler temporario a alquileres permanentes: Avila cree “en Ushuaia la gente prefiere alquilar sus propiedades a los turistas y así desabastece el mercado de alquileres permanentes”. En oposición, el experto del mercado inmobiliario Gabriel Martínez, asegura que “como resultado de la desregulación del mercado, un número significativo de inmuebles ha pasado del mercado de alquiler temporario al de alquileres permanentes, lo que ha contribuido a la oferta de viviendas para residencia habitual”.
• Ajuste impositivo sideral: Laura Ávila pretende obligar bajo presión fiscal a los propietarios a poner sus bienes inmuebles en el mercado de alquileres permanentes. Gabriel Martínez argumenta en cambio que, dado que no hay una crisis de oferta de viviendas para alquiler, no sería necesario implementar un ajuste impositivo,
• Castigo al contribuyente: Avila propone que aquellos que tengan viviendas o departamentos ociosos paguen el Impuesto Inmobiliario regular multiplicado por 150 y así disuadirlos de su actitud. Martínez por su parte considera que el monto propuesto en el proyecto – de 150 veces el valor tributario ordinario – “es extremadamente exagerado y confiscatorio», y la medida “desproporcionada y perjudicial para los propietarios”.
• ¿Y cómo se sabe cuándo una vivienda está desocupada?: Avila considera que para esa detección bastarían denuncias o la simple observación. Martínez cuestiona la vaguedad de la definición de «vivienda desocupada», ya que ese concepto solo se puede basar en presunciones. Además, destaca que de implementarse la medida se obligaría a los propietarios a demostrar que sus viviendas no están deshabitadas, lo cual podría generar complicaciones administrativas y judiciales.