Por Virginia Rizzo Lic. en Ciencias del Ambiente. Directora del Observatorio Socioambiental – Instituto de Estudios Fueguinos (I.E.F.)
Lic. en Ciencias del Ambiente.
Directora del Observatorio Socioambiental – Instituto de Estudios Fueguinos (I.E.F.)
Alguna vez en mi época de estudiante, oí a un profesor decir que hablar de “lo público” siempre sería más fácil que explicarlo. Cuando comencé a armar el artículo, no pude evitar caer en la cuenta que pensar esta proposición a la distancia, abría un complejo campo de interpretación y debate.
Es que cuando nos remitimos al fenómeno de “lo público”, lo primero que sabemos es que lo público está, existe, pero siempre como algo exterior a nosotros. Es decir que el carácter ecuménico de “lo público”, lo que está conformado por todos, muchas veces implica esa contradicción de ser parte del conjunto, pero sin poder asumirlo desde la individualidad. Parece entonces que el límite de lo que es común a todos son las autoridades (en definitiva, personas iguales que nosotros con una función determinada por el principio de delegación del poder ciudadano) y el espacio ocupado por los otros ciudadanos. En el caso de una ciudad, por los vecinos que conviven con nosotros.
No es mi intención filosofar sobre los principios del contrato social a nivel local ni los basamentos del sistema de organización política en el que vivimos, pero vale dejar en claro que en esta característica Fuenteovejuna de la cuestión pública (el hecho de ser todos y al mismo tiempo no ser ninguno) muchas veces se encuentra en la raíz de los conflictos públicos, que implican a diversos actores o grupos sociales, con sus objetivos, sus estrategias y sus intereses.
Lo cierto es que cuando las sociedades experimentan conflictos en la esfera de lo público, estos se manifiestan en primer lugar como una disputa discursiva, en la que activistas, técnicos, administradores estatales, empresarios, miembros “apartidarios” de la comunidad, definen que una cuestión se ha convertido en un problema y plantean eliminarlo, administrarlo y/o regularlo a través de diferentes herramientas, que habitualmente suele definir el Estado, sea del ámbito nacional, provincial o municipal.
Muchas veces hemos expuesto que al siglo XXI le corresponde una conciencia ambiental compleja y presente en las agendas de gestión gubernamental. Y como todo en la esfera del Estado, está sujeto también al juego político de conflicto de intereses. La clave entonces, es como asumirlos, abarcarlos y superarlos.
Procesos ambientales conflictivos
La realidad indica que para realizar un análisis de un proceso ambiental conflictivo, lo primero y principal es lograr “distancia”. Dicha objetividad, contrariamente a lo que suelen pensar muchos, requiere una toma de posición política, pero mediando la honestidad intelectual que se van a ponderar y contrastar todos los argumentos, inclusive las necesidades de aquellos que no piensan en mi línea de argumentación. Y es esa la perspectiva que permite analizar procesos socioambientales donde se seleccionen ciertas interpretaciones sobre las problemáticas definidas como tal.
Si bien los conflictos ambientales pueden darse tanto en la esfera de lo público, como en el ámbito privado, lo importante aquí es indicar que es en el ámbito público donde deben dirimirse, a través de la mediación se logran los consensos, agotada la instancia política, sobreviene la decisión judicial. Pero no es menos importante el direccionamiento de la opinión pública y la movilización sectorial.
De este modo, en el juego de interpretaciones e intereses, las estrategias de explicación y comunicación, a veces explícitas, pero muchas veces implícitas, prefiguran las nociones de lo que se considera un problema ambiental. Y no sólo eso, sino también los supuestos de lo que es o debería ser el ámbito y el campo de lo ambiental.
Así es que nos encontramos con que según el ámbito desde donde se lo considere o exprese, lo ambiental puede remitir a muchos aspectos. Algunos relacionados con la normativa vigente, otras con el diseño de políticas públicas, otras en la esfera del reclamo social y hasta del interés político partidario o empresarial.
Es claro que en todo momento son innumerables las situaciones que podríamos percibir como problemas ambientales, y ser objeto de intervención o mediación gubernamental, pero también es real que solo un número de ellas pueden ser abarcadas por políticas públicas específicas. Dicho de otra manera, claramente, una cuestión se vuelve un problema socioambiental de índole público en la medida que es analizado bajo cierta interpretación.
La movilización social ante el problema ambiental
Daniel Cefaï, un reconocido sociólogo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, advierte que la selección de un problema como objeto de la política pública, requiere que el problema movilice diferentes actores, como el sistema judicial, organizaciones de la sociedad civil, comunidades académicas, etc. Esta movilización supone, seleccionar unos pocos temas del universo completo y fijar ciertas interpretaciones de estos problemas, todo ello con miras a llevar el tema a las “arenas públicas” que claramente, se diferencia de las política públicas, ya que las primeras poseen reglas, muchas veces no explicitas, que establecen condiciones de acceso y procesamiento del problema ambiental.
Por su parte, el politólogo holandés Maarten Hajer, complementa esta visión, explicando que durante la lucha discursiva sobre una situación determinada (un problema ambiental, por ejemplo), los actores en pugna atribuyen causas, señalan víctimas, imputan responsabilidades, identifican expertos competentes, para finalmente confluir en el reclamo de la intervención del Estado. Pues cada situación colocada en la arena de lo público, incorpora una interpretación y posiciona a los actores con respecto al problema. De esta manera se trazan líneas de enfrentamiento, y alianzas posibles entre los actores, diseñando un escenario de conflictos pero no de búsqueda de soluciones.
Un ejemplo local
Un ejemplo reciente que podría ilustrar los postulados de Cefaï y Hajer sucedió en Ushuaia este año, a principios del mes de febrero, cuando por una manifestación por el día de los humedales (lo que en Ushuaia se reconoce como un característico problema urbano-ambiental) un grupo de activistas terminaron interviniendo con pintadas el corpóreo de Ushuaia y las veredas restauradas al pie de la Bahía Encerrada. Es decir, un reclamo por una cuestión ambiental de carácter público, terminó alterando patrimonio público de la ciudad.
Aquí puede apreciarse entonces como muchas veces el discurso ambiental dista mucho de basarse en paradigmas claros y que la “distancia” objetiva necesaria para entender la integralidad del fenómeno ambiental, es aplazado por otro tipo de necesidades que no se relacionan con el interés general ciudadano, sino a otro tipo de agendas que son arena de otro costal.
Quien busca un problema y conflicto ambiental, seguramente podrá encontrarlo. El desafío es superar los límites del interés sectorial para lograr verdaderamente una acción colectiva que beneficie a todos. A veces el que divide reina, pero en los temas ambientales, es mucho lo que está en juego, más que cualquier premisa o interés grupal. Por eso hay cosas que sólo las políticas públicas pueden resolver, porque su diseño siempre cuidará no alterar ni vulnerar los intereses y derechos del conjunto. Y si ello por algún motivo puede llegar a suceder, al menos cuenta con los consensos necesarios y la legalidad conferida por el marco institucional.
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