Fue mediante un recurso de amparo que deberá decidir el juez de feria Alejandro Ferreto. El demandante apuntó contra la vinculación directa del postulante con los dos legisladores que lo seleccionaron.
El Dr. Jorge Pintos presentó un recurso de amparo para frenar la jura del Dr. Daniel Sacks como juez de la sala civil de la cámara de apelaciones, argumentando su vinculación directa con los dos legisladores que integran el Consejo de la Magistratura y definieron con su voto la designación.
En diálogo con la prensa, el Dr. Pintos dio detalles de esta medida cautelar, y dijo que lo movilizó “que esto haya ocurrido sobre el inicio de la feria judicial, como para que no haya muchas posibilidades de que estemos todos los letrados en la provincia. Además hubo un silencio frente a una situación de público conocimiento, que ha salido en los medios y ha sido criticado por algún jurista a nivel nacional”.
Lamentó que no hubiera “ninguna repercusión en el ámbito que debía darse, como el Colegio de Abogados, los abogados que integramos el foro local, los miembros de la justicia y los mismos legisladores. Me parece una situación suficientemente grave como para hacer un planteo de este tipo. Indudablemente cualquier planteo que pueda hacer un abogado en el fuero civil tendría que ser decidido por este candidato, en caso de ser nombrado juez, y en mi opinión hubo irregularidades que permiten rever la decisión, tal cual lo estipula el reglamento del Consejo de la Magistratura”, indicó.
Explicó que el Dr. Sacks “fue votado por el legislador Pablo Blanco, que integra el Consejo de la Magistratura, y de quien es asesor rentado. El segundo legislador que integra el Consejo, Federico Bilota, compartió estudio con el letrado, por cuanto ambos tenían una relación directa con el postulante. Esto es grave, porque la decisión sin duda fue política. La elección de un magistrado en Tierra del Fuego siempre tiene una influencia directa de la política. Yo lo digo con conocimiento de causa, porque he concursado para algún cargo y pude ver de forma directa que el concurso es hasta inconstitucional, porque la Constitución establece que los funcionarios públicos deben fundar sus decisiones, y en Tierra del Fuego los consejeros no fundamentan nada. Simplemente levantan la mano y deciden como se les da la gana o en base a criterios sectoriales”, cuestionó.
“En este caso puntual hubo una justificación del legislador Blanco, que dijo que no había contratado a Sacks, pero confirmó que hay un contrato, y dice que no se excusó porque Sacks no le presta servicios directos a Blanco sino al bloque de la UCR-Cambiemos. Lo que omitió decir el legislador es que es el presidente del bloque, y el presidente es quien decide las contrataciones. En consecuencia, sería Blanco quien directamente contrató al postulante”, expuso.
En la presentación pide que “se investigue si el postulante está recibiendo algún tipo de contribución por el contrato que tendría con el Fondo Residual. Si fuera así, esto fue omitido en sus antecedentes, y la Constitución establece claramente que ninguna persona puede tener dos contratos con el estado. Además se omitió el contrato con la Legislatura en la declaración jurada que presenta cuando se postula como candidato, y esta declaración tiene directa incidencia sobre una cuestión ética. No puede esconder determinadas cosas para ser seleccionado, porque uno de los requisitos fundamentales de un juez desaparece, que es la transparencia, la honestidad y la probidad que toda la sociedad le debe exigir”, subrayó Pintos.
En el caso del legislador Bilota, con quien también tuvo vinculación el postulante, el abogado informó que “en la entrevista, que es filmada, el legislador le preguntó si en algún momento fueron socios y la respuesta fue que no, sino que compartieron estudio jurídico, porque Bilota en determinado momento le prestó el estudio para que trabaje. Si hubo un préstamo, hay una deuda que bien podría saldarse de esta manera –barajó-. Y si lo contrató en forma verbal, el Consejo de la Magistratura no analizó si ese contrato está vigente o no, si es verbal o escrito, si hay una deuda producto de ese contrato, porque uno era titular del estudio y de alguna manera hizo un negocio jurídico con el postulante. De esto nada se dice y no están saldadas las sospechas”.
Para el Dr. Pintos no es justificativo que se trate de una ciudad chica, donde es común que haya relación entre unos y otros, que fue el argumento esgrimido por el Dr. Gonzalo Sagastume en nombre del Superior Tribunal de Justicia. “Eso es simplemente admitir la corrupción y justificar cómo deciden irregularmente quién forma parte de la familia judicial, porque termina siendo una familia y la creación de una nueva casta, de acuerdo a lo que ellos deciden”, fustigó.
En la medida cautelar pide “que se suspenda la jura, porque una vez que jura adquiere estabilidad en el cargo, que es vitalicio. Luego la remoción tiene que ser a través de un jury y por eso pido que se suspenda la jura hasta tanto se reúna el Consejo de la Magistratura; y creo que el Dr. Sagastume debería excusarse, porque ya dio una opinión sobre el tema”, manifestó.
“Yo planteo subsidiariamente la nulidad de la designación” agregó y, a su criterio, no debe haber un nuevo proceso de selección sino excluirse a Sacks como candidato, para elegir entre los demás postulantes.
“Además pido que se tramiten medidas de prueba para verificar la relación con los legisladores Bilota y Blanco, considerando que ambos se debieron haber excusado en el concurso. De haber sido así, había dos candidatos más que tenían cuatro votos”, observó, por lo tanto la decisión final fue de los legisladores.
“Hubo tres candidatos que tuvieron el mínimo de cuatro votos que se exige para pasar a la segunda ronda de selección, y entre ellos Sacks obtuvo seis, con los dos votos de los legisladores”, repasó.
A todo esto, recordó que el Dr. Sacks “integró el Consejo de la Magistratura, y votó por la generación de la vacante para la que luego se postuló”.
Cabe señalar que la acción tramita ante el juez de feria Alejandro Ferreto y, respecto de los plazos para decidir, el Dr. Pintos dijo que “hasta última hora de ayer no estaba ni siquiera el primer proveído respecto de esta presentación que hice el 19 de diciembre. Yo pido la habilitación de feria, en virtud de que el Poder Judicial habilitó la feria para la jura de determinados funcionarios. Hubo funcionarios que juraron el 17 de diciembre, ya en feria. Ante la posibilidad de que se habilite la feria para que jure Sacks es que planteé la medida cautelar, dado que si jurara ya tendría la inamovilidad. Ahora el juez tiene que decidir si es competente y si hace lugar a la medida. La causa es la 22229/18 y le corresponde al juzgado civil y comercial nro. 1 del distrito judicial sur”, concluyó.
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