MIENTRAS LAS PROVINCIAS DE SAN LUIS Y FORMOSA PUBLICARON INFORMACION AL INSTANTE, TIERRA DEL FUEGO DESCOLLO EL DOMINGO ULTIMO POR LA LENTITUD DE LA CUENTA DE YOUTUBE, QUE LA JUSTICIA ELECTORAL ELIGIO PARA CADA TANTO DAR A CONOCER DATOS.
El pésimo desenvolvimiento del área de la Justicia encargada de ocuparse de todo lo referido a la celebración de los actos comiciales en la provincia, se produjo en el marco de denuncias que se le venían haciendo a la Justicia de Río Grande, cuyo juez Raúl Sahade está acusado de haber favorecido al electo gobernador Gustavo Melella, denunciado por abuso sexual coactivo y mal uso de dineros públicos.
Solo críticas recibieron desde días antes de la elección que tuvo lugar el domingo último en toda la provincia, los integrantes de la Junta Electoral de Tierra del Fuego.
A poco de la fecha de los comicios, la Junta Electoral provincial presidida por el Juez Electoral Isidoro Aramburú, con la prosecretaría a cargo del sindicalista Luis Simón Bechis, decidió volver sobre sus propios pasos, se expidió en contra de un dictamen que el mismo organismo había antes rubricado y cambió las reglas de juego, o mejor dicho volvió a restablecer las que rigieron en elecciones anteriores, en cuanto a la designación de candidatos a cuerpos deliberativos.
Esta desprolijidad fue aprovechada aviesamente por los militantes de FORJA, quienes hicieron una campaña del terror por las redes sociales dos días antes de que los fueguinos fueran a votar, sosteniendo falsamente que Rosana Bertone intentaba dejar fuera de carrera a Gustavo Melella, cuando en realidad la resolución nada tenía que ver con el estamento gobernación y solo involucraba a la designación de bancas en la Legislatura y Concejo Deliberante.
En definitiva, la Junta Electoral dispuso en los últimos días de la semana pasada que a efectos del conteo de votos en las listas colegiadas, no se aplicaría la sumatoria de sufragios entre las diversas fórmulas que acordaron con FORJA, bajo el sistema conocido como “colectoras” o “listas espejo”, si no lograba superar, cada una, el porcentaje mínimo exigido para acceder al reparto de bancas por sistema D’Hont, como ha ocurrido en elecciones anteriores.
Como si eso fuera poco, la Justicia Electoral no previó un modo ágil para informar a los medios y a la ciudadanía en general, los resultados que iban arrojando los conteos parciales de mesas en las tres ciudades. Mientras en las pantallas de los noticieros nacionales aparecían en grandes números los guarismos referidos al posicionamiento que tenían dos de de las tres provincias que definían el nombre de sus futuros gobernantes el domingo 16 de junio, Tierra del Fuego brillaba por su ausencia debido a la falta de datos oficiales.
Cualquier ciudadano podía ingresar a las páginas informativas dispuestas por las justicias electorales de Formosa y de San Luis y enterarse al momento y con claridad cómo se iban contando los votos, hasta la obtención del número final. En Tierra del Fuego, en cambio, la búsqueda de información era una misión imposible. Baste mencionar por ejemplo que a las 22.30 apenas se podía saber el resultado de cómo había votado el 3,5% del padrón fueguino.
Y como si aún todo esto fuera poco, se sumó el hecho de que el mismo día del comicio, en plena votación, integrantes del Juzgado Electoral procedieron a retirar de los cuartos oscuros, boletas con fecha 23 de junio, previstas para una segunda vuelta que nunca ocurrió, ante la mirada atónita de los electores.
No es menor tampoco el dato del momento en el que se produce la mala actuación del Juzgado Electoral, inédita por otra parte, nunca destinataria de criticas si no de elogios desde su creación con el advenimiento de la democracia en 1983 y el desempeño en ese período de juezas como las abogadas María Cristina Barrionuevo (actualmente jueza de Instrucción de 2da Nominación del Distrito Judicial Sur) y Martha Milloc (ya retirada y radicada fuera de la provincia).
Tampoco se puede obviar que el deficiente proceder de la Justicia Electoral fueguina, marcado inclusive por los medios nacionales en sus publicaciones, se produce en el marco de duras sospechas de parcialidad sobre la conducta del juez del Distrito Judicial Norte, Raúl Sahade, denunciado ante el Concejo de la Magistratura por el abogado Francisco Giménez, quien sostiene que el magistrado protege al todavía intendente de Río Grande Gustavo Melella, en las causas por abuso sexual coactivo y uso indebido de fondos públicos. Sobre estas y otras intervenciones judiciales algunos creen ver la mano de otro juez, asociado a Melella, Ernesto «Nené» Loffler, integrante de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, quien tuvo un rol muy activo en la campaña del gobernador electo.
Por todo esto y por ciertos incidentes que ocurrieron durante el horario de realización de los sufragios, particularmente en la ciudad de Río Grande, la elección del domingo 16 de junio de 2019 quedará inscripta en la historia como la de peor actuación de la Justicia Electoral.
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