En el Día Mundial del Turismo, bien vale hacer algunas reflexiones relacionadas con la situación motivada en Ushuaia por esta actividad y a título solo de generar el debate, porque eso es lo mejor que nos puede pasar: asumir que tenemos un problema y que es hora de buscar seriamente las posibles soluciones.
De acuerdo a las últimas estadísticas, disponemos de no menos de 161 alojamientos con 4.400 plazas y un ingreso de visitantes que se aproxima a los 500.000, entre extranjeros y el turismo interno. Claro que no se mencionan aquí, al no existir ningún control, la oferta de alojamiento no registrada, ya que se trata de números en negro. Me resisto a denominarla “clandestina” por cuanto se trata de una oferta pública que se ofrece abiertamente, pero sobre la que no existe control, no tributa y tampoco aporta información.
He escuchado a algunos actores, ya no sólo del turismo, sino también de otros sectores de la economía y la política. Y aclaro que no es objeto de esta misiva alimentar diferencias; solamente me anima brindar una opinión más de a quien el turismo lo ha mantenido ocupado las últimas cuatro décadas. Ello no significa que “uno se las sepa todas”, ya que esta actividad atraviesa muchas otras, y nadie es experto en todo. Quizás sea por esta misma razón que deberíamos comprender que el debate debe ser respetuoso y abierto por cuanto lo que para algunos puede ser una solución, para otros quizás sea todo lo contrario.
Particularmente pienso que una de las cuestiones que, en no pocas ocasiones, agudiza el debate es si EL ESTADO debe estar presente o debe dejar que todo sea regulado y administrado por EL MERCADO. Digo esto porque también en muchas ocasiones he escuchado que el Estado no debería intervenir en nada y si es posible “no existir” sin embargo, cuando se generan distorsiones o crisis que erosionan o lastiman el proceso de oferta y demanda, no son pocos los que salen corriendo a reclamarle al Estado, auxilio, reglas de juego equilibradas o asistencia mientras dure la tormenta.
Por ejemplo: hoy tenemos un enorme problema con la cada vez más grande oferta de alojamiento clandestino y que algunos defienden porque hay que respetar la oferta y la demanda; otros porque sienten que tienen el derecho de invertir y ofrecer lo que alguien está dispuesto a comprar y otros más porque les resulta más fácil y beneficioso, y por lo tanto pregonan la no intervención del Estado, pero no obstante ello si éste impone reglas de juego, en forma de leyes, tampoco las obedecen o le buscan la vuelta para eludirlas…
La primera confusión que se genera en ocasiones, quizás como estrategia para desautorizar opiniones en contrario, es que “el turista tiene derecho a elegir” y esa no es la discusión, todos estamos de acuerdo, el tema pasa por si vamos a permitir que la visita se aloje en sitios no registrados y que, por lo tanto, no tributen como lo hacen todos los demás, sin garantizar seguridad, bienestar y sin que formen parte de un sistema regulado.
El otro aspecto, quizás el más grave, es que esta variable ha reducido terriblemente la oferta de alquileres para un grueso porcentaje de nuestra población, encareciendo la existente a niveles impagables y con esto generando, lo que podríamos denominar, una de las desventajas de vivir en un destino turístico.
Entonces nos preguntamos: sin excepciones entre el sector estatal y el privado ¿qué hacemos?.
Quizás en cuanto al sector privado respecta, asumir que está generando un problema debido a ese culto de respetar el proceso de oferta y demanda. Por su parte el Estado debería dejar de “mirar para el costado” como si ello trajera la desaparición del problema.
Algo está muy en claro y es que cualquiera fuera la solución, ésta será molesta, cuestionable y criticada. Todos sabemos también que a los políticos que nos gobiernan les espantan este tipo de palabras. Muchos sospechamos que los controles, que deberían garantizar más equidad a la hora de aplicar las obligaciones, no son rigurosos y constantes, porque ello toca los intereses de gente que es poderosa política o económicamente.
Quizás el sector político, en este caso nuestros legisladores, podrían generar leyes que beneficien impositivamente a quienes destinan departamentos para alquileres, obligando a un mayor tributo a quienes los destinan para el turismo. También podrían tomar la determinación política de controlar y blanquear la oferta sin que importe el apellido o la ocupación. El empresariado, a su vez, debería plantearse no trabajar con la oferta que se halla en negro, porque seamos sinceros: siempre existe un porcentaje de complicidad entre diferentes sectores.
Otro problema que se ha agudizado en los últimos tiempos, ha sido el de la oferta de taxis o remises. Son constantes los reclamos de vecinos que no pueden trasladarse principalmente en determinados horarios o cuando hay cruceros. Es frecuente también ver a los turistas incluso, esperando horas un móvil. Y el impacto del problema en tantos otros rubros, como el de los restaurantes, que pierden numerosas reservas porque sus comensales no encuentran un servicio de transporte que los lleve a sus locales. Sobre este asunto todo parece indicar que la solución pasa por aplicar la más rigurosa lógica. Si no hay suficiente oferta, sumar más oferta. Si no la hay de noche, hacer cumplir horarios. Si no hay móviles en la parada, obligar a que los haya. Lo mismo en el aeropuerto, en donde ya debería existir un transporte regular.
Como dije al comienzo de esta nota, la idea es promover el debate, que siempre enriquece.
¿Puedo estar equivocado? Sí, puedo estarlo.
Busquemos entre todos soluciones para que el turismo no sea sinónimo de problema sino de progreso y disfrute.
Diario Prensa Noticias de: Ushuaia – Tolhuin – Río grande y toda Tierra del Fuego.
