El caso juzgado actualmente en Ushuaia, reabre el debate sobre la conveniencia o necesidad de bajar los límites actuales de imputabilidad a menores de edad. Al violento accionar de los cuatro sujetos juzgados, un joven y una chica de 17 años de edad y a dos adultos de 18 y 29 años, se suma el de un adolescente de 15 años, sobre el que pese a haber obrado de manera activa en el hecho, se debió por ley declarar la inimputabilidad.
Dos menores de 17 años y dos adultos, de 18 y 29 años de edad están enfrentando cargos gravísimos de homicidio y amenazas coactivas agravadas en un juicio que comenzó el día martes 3 de diciembre, en Ushuaia. El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad penal de adolescentes.
En la capital fueguina la justicia penal juvenil enfrenta un caso que pone a prueba los límites del sistema: el pasado 7 de diciembre de 2023, en una vivienda abandonada de calle Acigami, un grupo de cuatro personas —incluidos dos menores de 17 años, otro de 15 y una niña de 14 años — protagonizó un hecho de violencia que dejó a una de las víctimas con lesiones invalidantes y de consecuencias irreversibles en su calidad de vida.
El debate, siempre latente a nivel nacional, es ineludible en este caso dado que aunque uno de los involucrados, de 15 años de edad, no es imputable según la Ley 22.278, su participación le habría provocado, entre otros daños extremos como la desfiguración facial, la pérdida de uno de los ojos del atacado. A A.D.F., hermano además de uno de los menores enjuiciados, se le enrostra haber golpeado con una piedra el rostro de Quinteros cuando éste yacía sobre la vereda, después de haber sido arrojado desde un primer piso, mientras sus compañeros de fechorías, Facundo Jeremías Ezequiel Gómez Ávila, de 18 años lo acuchillaba en el estómago con un cuchillo tipo carnicero y G.A.F., de 17 años, lo hería con una botella rota.
La legislación penal juvenil en Argentina, vigente en Tierra del Fuego, busca equilibrar la responsabilidad penal de los adolescentes con un enfoque de reintegración social. Según la normativa, los menores de entre 16 y 18 años son punibles solo en casos de delitos graves, como el aquí descripto.
Además, en caso que los menores sean condenados, las penas privativas de libertad – a diferencia de lo que ocurre con los adultos – no pueden exceder los 10 años y deben revisarse periódicamente. En este contexto, el caso reabre el debate sobre cómo abordar las conductas violentas en jóvenes y el impacto de factores sociales y educativos.
La elevación de la causa a juicio se convierte en un punto crucial no solo para determinar las responsabilidades individuales, sino también para revisar el rol de los padres y la escuela, entre otras instituciones, en la formación de los jóvenes fueguinos. Mientras tanto, la comunidad sigue conmocionada por la gravedad de los hechos.