El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado es investigado en el marco de la operatoria que llevaba adelante el gremio con el IPV. El viernes fue allanada su vivienda.
El secretario general de ATE Carlos Córdoba enfrenta un revés en la causa que investiga las estafas con las viviendas de ATE y, de denunciante, quedó como imputado y deberá comparecer a indagatoria.
El pasado viernes fue allanada su vivienda junto a otros cuatro domicilios de presuntos implicados.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, a cargo de la causa Nº 36.414, y estuvieron a cargo de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial.
Además del domicilio de Córdoba, la comitiva allanó la casa de una mujer que se desempeñó como secretaria de la comisión de viviendas de ATE, en la calle Pingüino Emperador al 3900, y también la de un agente inmobiliario que habría colaborado con la maniobra de defraudación que se investiga, en la calle Las Águilas. La diligencia judicial continuó en otra vivienda de la calle Lucas Bridges al 800, y en una casa situada en la calle Costa de Barranca al 3900, donde vive Martín Arana, hijo de Miguel Arana, otro directivo de ATE sindicado como uno de los principales responsables.
La policía secuestró documentación, computadoras y teléfonos celulares, incluido el de Carlos Córdoba, y todos fueron notificados de derechos y garantías. En los próximos días serán citados a indagatoria y luego el juez deberá determinar si avanza con el procesamiento.
En su denuncia, Córdoba había señalado como responsables a Miguel Arana y Daniel Belbey, que integraban la comisión de vivienda del sindicato y manejaban la operatoria con el IPV. Tras la denuncia, Arana fue salvajemente golpeado el pasado 25 de mayo en la puerta de su domicilio, y Belbey apareció ahorcado en el Polideportivo Municipal el pasado 1° de junio.
La pareja de Arana, Gisela Edith Escobar, dueña de una empresa de máquinas viales y ex empleada de ATE, también aparece vinculada a la causa y no podría justificar el origen del dinero con el que adquirió la maquinaria que alquilaba a privados y organismos públicos, y que ya fue secuestrada por la Justicia.
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