Están juzgando a una mujer por estafas inmobiliarias millonarias

El martes 6 de febrero tendrá lugar la segunda ronda de testigos.

El juicio a Susana Ancalipe comenzó en mayo del 2023 y se condenó en esa ocasión a su pareja, Carlos Pérez, a 4 años de cárcel, reiniciándose el lunes 5 último para enjuiciarla luego de haber permanecido prófuga de la Justicia por una década.

En el año 2010 Carlos Pérez y Susana Ancalipe constituyeron una asociación ilícita para estafar a vecinos de la ciudad de Ushuaia, Río Grande y Tohuin, bajo la denominación comercial “Río Grande Construcciones”. Les aseguraban a sus víctimas que les construirían la casa de sus sueños, percibiendo por ello sumas de dinero ya en aquella época millonarias. Para aparentar solvencia y confiabilidad, la pareja les mostraba a los clientes inmuebles terminados, con los que en realidad no tenían nada que ver pero que exhibían como de su autoría.
Luego de muchas denuncias, finalmente en el mes de mayo del 2023, fue enjuiciado Carlos Adrián Pérez, de 59 años de edad, resultando condenado a 4 años de prisión por el delito de estafas inmobiliarias reiteradas, cometidas de modo conjunto con su pareja, Susana del Carmen Ancalipe, quien continuó prófuga fuera de la isla.
Diez años después de haber sido denunciada, Susana Ancalipe fue hallada y detenida en la casa de su hija, en Comodoro Rivadavia, el 22 de septiembre de 2023, desde donde fue trasladada por la Policía a Tierra del Fuego.
Retomado el juicio que había quedado en pausa luego de la condena a su pareja, el lunes 5 de febrero la mujer comenzó a ser enjuiciada, negándose a expresarse ante los jueces cuando fue invitada a hablar y mostrándose esquiva con respecto a los damnificados, solicitándole incluso al Tribunal que le permitieran no estar presente en el recinto cuando declararan.
Para hoy martes 6 de febrero los integrantes del Tribunal de Juicio, los jueces Cecilia Cataldo, Marina Montero y Fernando González, continuarán escuchando los testimonios de quienes resultaron sumamente perjudicados por las fallidas inversiones inmobiliarias.
Actúa como fiscal en el juicio el abogado Ariel Pinno mientras que la defensa de la imputada la ejerce el letrado particular Lucas Sartori.