Hablemos claro.

La acuicultura no está prohibida en Tierra del Fuego

La ley reciéntemente aprobada no prohíbe, regula. No prohíbe la acuicultura como algunos insistentemente lo mencionan, no prohíbe la producción artesanal en piletones como se viene haciendo, incluso otorga extensos límites y deja la puerta abierta al denominado sistema RAS, que está siendo implementado como responsable opción para salmones  y otras especies de mucha mejor calidad, en varios países del mundo, incluso en Argentina, sin generar contaminación. Esta ley le ha dicho no a un modelo que ha probado claramente, ser altamente destructivo”.

Con la sancionada ley que pone límites a las salmoneras en las aguas del Canal Beagle, han surgido numerosas opiniones locales y nacionales, muchas de ellas cuestionando la medida bajo el rebuscado argumento «hay que regular no prohibir».

Estos eternos lobbystas del «desarrollo», término al que le otorgan un significado incuestionable y absolutamente veleidoso, deberían asumir que en realidad pregonan el productivismo ilimitado como solución a todos los males sociales, políticos y económicos. En función de ello  pretenden justificar la contaminación en un culto a un extractivismo que, según ellos, solucionará los eternos males que todas las actividades desreguladas del país hasta ahora no han solucionado.

Aseguran que no existe otro camino y hasta sugieren que actividades como el de las salmoneras, bajo un modelo caduco de 40 años, podrían solucionar el hambre del mundo y los déficit de nuestro país.  Claro que cuando les recordás que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero por lo menos la tercera parte de los argentinos está pasando hambre, recurren a la retórica de políticos corruptos y de pueblos ignorantes.

Hemos escuchado argumentos de sabios desaprovechados que, sin haberse tomado el trabajo de leer la ley, le adjudican prohibiciones inexistentes, hablando en nombre de los legisladores, los científicos, los pescadores y los ambientalistas, incluso acusando a estos últimos de militantes de Greenpeace, organización a la que adjudican intereses angloamericanos inconfesables, todo ello mientras defienden que megaempresas extranjeras se lleven nuestros recursos dejando, en la mayoría de los casos, miseria. En otros delirantes conceptos se ha insinuado que esta ley sería la responsable de perder potenciales ingresos de centenares de miles de millones de dólares por exportaciones, cuando la totalidad de la pesca en Argentina actualmente, apenas ronda los 2.000 millones o Chile que con centenares de fiordos, bahías, islas y costas, además de ser el segundo productor del mundo de salmones, obtiene unos 5.000 millones de dólares anuales y deja a las regiones de producción salmoneras, como una de las zonas más pobres de esa nación. Todo ello sostenido en la destrucción de la pesca artesanal, sueldos de pobreza, precariedad laboral, contaminación irrecuperable, muertes por accidentes laborales, etc.

Otros exponen la preocupación por la falta de dólares, como si la solución pasara por llenar de jaulas 100 kilómetros de un solo lado del Canal Beagle, el único fiordo de nuestro país o la necesidad de generar puestos de trabajo, como si los prometidos 170 puestos de esta cuestionable actividad, justificara el riesgo de malograr los miles de puestos que genera el turismo. En Chile 1.000 concesiones de 17 empresas generan 21.500 puestos de trabajo.

Pero volviendo al argumento de «hay que regular no prohibir», resulta casi imposible hallar en esta nación, ejemplos de «regulación», aunque no negamos los haya, pero ¿será acaso un ejemplo de regulación la megaminería en varios provincias del norte que envenenan miles de millones de litros de agua por día, mientras miles de conciudadanos se deben lavar en un tacho o beber agua embotellada, si pueden?  ¿será la sobrepesca descontrolada en nuestros mares que, además de no generar todos los beneficios económicos que requerimos, ponen al borde de la extinción a diferentes especies? ¿será un ejemplo de regulación el vertido de contaminantes de industrias que han hecho del famoso Riachuelo un pozo de miasmas con varias promesas de saneamiento incumplidas?, ¿acaso lo será la sojización de nuestros campos que desplazan la agricultura, motivan la destrucción de miles de hectáreas de bosques nativos, autorizan la siembra de soja hasta en los costados del camino y la fumigación con pesticidas sobre los techos de las escuelas llenas de chicos y docentes? y si venimos a nuestra provincia, ¿ha sido un ejemplo de regulación la introducción de castores para desarrollar la industria peletera?.

Lo cierto es que regular, si es que hablamos en serio, no escarbando en el terreno de las burdas justificaciones, implica límites, aceptaciones y prohibiciones. Caso contrario no es regular. Es solamente hallar un término para quienes les molesta la moderación a un productivismo irreflexivo, ilimitado, que ya sabemos a quienes beneficia.  Si analizamos la realidad observando solamente los intereses individuales, será muy difícil ponernos de acuerdo.

Lo cierto es que esta ley no prohíbe, regula. No prohíbe la acuicultura como algunos insistentemente lo mencionan, no prohíbe la producción artesanal en piletones como se viene haciendo, incluso otorga extensos límites y deja la puerta abierta al denominado sistema RAS, que está siendo implementado como responsable opción para salmones  y otras especies de mucha mejor calidad, en varios países del mundo, incluso en Argentina, sin generar contaminación. Esta ley le ha dicho no a un modelo que ha probado claramente, ser altamente destructivo.

Lo paradójico es que a la hora de defender ese modelo productivista, los que están de un lado o del otro de la brecha, parecen coincidir. Porque no se trata de darle de comer a los hambrientos, se trata de responder a la voracidad de un sistema perverso, siempre insatisfecho que en nombre del supuesto desarrollo, comete las atrocidades más repudiables en la calidad de vida de la gente.