El jefe de la bancada oficialista remarcó que el fallo sobre la cesión de diez mil hectáreas de tierras fiscales en el corazón de la isla a la familia bridge es contundente y está firme. Consideró que hay un tiempo prudencial de treinta días hábiles para debatir en comisiones junto con los funcionarios del Ejecutivo.
El legislador Federico Bilota, presidente de la bancada del FPV, explicó el alcance de la ratificación legislativa del decreto que adjudica en venta diez mil hectáreas a la familia Bridge, en cumplimiento de una sentencia judicial.
Consideró “un disparate” que el legislador radical Oscar Rubinos planteara como “una estrategia” direccionada a esta ratificación la ley que se aprobó el año pasado, por la cual a los 30 días de no tratarse un asunto de este tipo, queda aprobado de hecho. “Este asunto estuvo dos años en comisión en la Legislatura, y principalmente estuvo en la comisión de tierras fiscales, que está presidida por un integrante del bloque de Cambiemos, y está en la comisión de presupuesto que también la maneja un integrante de Cambiemos”, subrayó, cuestionando que surjan ahora las críticas y no se haya convocado al debate de parte de quienes manifestaron su oposición. 
“El eje de la cuestión es que acá hay un fallo judicial, que no sé si leyó el legislador Rubinos, y la parte resolutiva es contundente. Algunos pretenden desconocer un fallo, pero cuando les toca recibir la concesión de algún hotel del estado ahí está todo bárbaro”, disparó.
“Hay que respetar los fallos, y hay que respetar los fallos para todos, no solamente para algunos”, enfatizó el parlamentario.
Estimó que “los 30 días hábiles para que se analice empiezan a correr a partir de hoy y es un tiempo prudencial para que se analice el fallo judicial y las implicancias que tiene. Nos vamos a reunir con los funcionarios del Ejecutivo para analizar esta cuestión. Hay que analizar jurídicamente el alcance del fallo y ver si es necesaria la ratificación legislativa o si el fallo ya es operativo. Esto lo veremos con los funcionarios del Ejecutivo”, dijo.
“Existe una división de poderes y cada uno tendrá su interpretación. Si hay una sesión especial, la mayoría decidirá. Yo creo en el respeto de la ley y en los derechos, cuando se los adjudica un órgano judicial. En este caso, hay claridad respecto del fallo, que está firme. La adjudicación en venta ya está ordenada por la justicia. Esto no es una cuestión de caprichos, sino de interpretación de la norma y del alcance que tienen los fallos judiciales”, concluyó.
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