Rosana Bertone fue cuatro veces diputada nacional, senadora y gobernadora de la provincia entre 2015 al 2019. En las elecciones del próximo domingo, los electores encontrarán su nombre encabezando la lista 501, por Unidad y Reconstrucción, como candidata a legisladora.
La abogada que durante su mandato concretó e inició obras fundamentales para la vida de la provincia, como por ejemplo la extensión del Hospital Regional Ushuaia, entre muchas otras, fue entrevistada por Diario Prensa Libre. Por qué quiere ser legisladora y por qué impulsó reformas previsionales, además de su opinión acerca de las críticas de un sector de los empleados públicos en relación a la política salarial que aplicó, además de la decisión de comprar el edificio del ex Casino Club, fueron algunos de los planteos que la mandataria mandato cumplido no tuvo reparos en responder con seguridad y contundencia.
Entre los años 2015 al 2019 la provincia de Tierra del Fuego fue gobernada por Rosana Bertone. Llegó al Ejecutivo provincial después de desempeñarse como diputada nacional y senadora, cosechando durante su mandato amores y odios, en un contexto de país muy complicado. Mauricio Macri era presidente de la nación y a ella, de extracción justicialista, por el Frente de Todos, le tocó la compleja tarea de gobernar a la provincia más joven del país.
Diario Prensa Libre: ¿Por qué quiere ser legisladora de Tierra del Fuego?
Rosana Bertone: Porque desde hace cuatro años que vengo viendo que en la Legislatura no hay voces que se levanten para representar a los ciudadanos y sus necesidades. Ni tampoco han habido muchas sesiones. Es más, el año pasado solo hubo cuatro. Creo que es tiempo de escuchar otras voces, que haya debate, que se generen opiniones, ideas… Además hay muchas cosas para preguntar, como por ejemplo qué está pasando con los fondos de la obra social, por qué hay una cobertura del 40% cuando siempre fue del 80%, por qué los co seguros aumentaron de 30 a 350 pesos, qué pasó con los 2 mil millones que se iban a dedicar al incendio en el corazón de la isla, cómo se aplicaron esos recursos, por qué no se hacen inversiones en salud pública, en equipamiento y en tecnología e insumos… Entre muchísimas preguntas más. Hay cuestiones por las que nadie levanta la voz. Y no estoy diciendo que quiero ir a la Legislatura para obstruir el camino de nadie porque no es mi manera de ser. Yo ayudé al gobernador Gustavo Melella, por ejemplo, por la adenda de la ley 19640 desde mi banca en Diputados, porque es el gobernador de la provincia a la que me debo. Es notorio que en la Legislatura provincial no hay representación de los ciudadanos, que necesitan este debate y el mejoramiento de la discusión legislativa, como debe ser en toda democracia.
D.P.: Usted impulsó la ampliación del actual HRU en una superficie casi equiparable a un nuevo hospital cuya obra estuvo paralizada desde el año 2019 al 2021. ¿Qué opina al respecto y cuál es su propuesta sobre salud?.
R.B.: La verdad es que estoy muy contenta de que haya habido continuidad en una obra pública que para nosotros es muy importante porque la ampliación del hospital es casi un hospital nuevo. También es cierto que en algún momento hubo mucho egoísmo al dejar paralizada la obra y no querer continuarla, lo que también pasó con otras obras que empezamos, como por ejemplo el Centro de Distribución en el barrio Río Pipo; la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada frente al barrio 640 Viviendas, para evitar la contaminación del Canal Beagle; el gimnasio del Colegio María Auxiliadora que estaba casi finalizado y que se iba a compartir con la escuela técnica que está al lado, en Río Grande, entre otras. Con el hospital pasaron muchas cosas que la gente debe saber. Hasta llegaron algunos a cuestionar el lugar y mandaron a hacer una auditoría por gente de la UBA, por esas “dudas”. Y cuando se incendió el hospital, recién entonces, no les quedó otra que continuar la obra. Yo celebro que finalmente hayan tomado esa decisión porque para eso son los gobiernos, para crear obras que beneficien a la gente, sin importar si fueron iniciadas por una gestión anterior o no. A mí me pasó también cuando asumí en el año 2015 – (la gestión precedente fue la de Fabiana Ríos) – que nos encontramos con muchas obras paralizadas que continuamos. Y si bien soy crítica de la gestión de Melella me alegra que haya seguido la obra del hospital, aún con la demora con que lo hizo. Es positivo. En su momento lo pensamos como un hospital moderno, con mucha tecnología y complejidad. En contraste, veo que hoy hay mucha aparatología a la que le falta mantenimiento y reparaciones. Se hacen muchas derivaciones de pacientes a la Clínica San Jorge y a Buenos Aires por cuestiones más bien técnicas que perfectamente podrían resolverse acá. En el caso de las cirugías ocurre lo mismo. Se podrían hacer 8 operaciones por día y se hacen solo 2 y por urgencias. Muchos prestadores han cortado sus servicios porque la obra social no les paga. Y eso que se están emitiendo letras de Tesorería para pagarles a los proveedores. Los prestadores se quejan y me preguntan a mí, como diputada, si la nación deposita algún fondo, como el Fondo de la Sequía. Todo el tiempo me dicen “Doctora, si se va a depositar eso ¡nosotros queremos cobrar…!”.
D.P.L.: Tierra del Fuego y particularmente Ushuaia, padece de un mal doloroso que es el de la falta de viviendas. ¿Cuál es su opinión sobre este problema?
R.B.: Sé perfectamente que hay una preocupación muy grande en nuestra comunidad con el tema viviendas porque no hay lotes. Es fundamental trabajar en la ampliación del ejido urbano, dotar de más fondos e imprimir mayor dinámica al Instituto Provincial de Vivienda y hay que proporcionar recursos al fideicomiso creado entre el Banco de la Provincia y la Caja de Jubilaciones, a través del cual se pueden realizar viviendas. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno compramos 60 hectáreas en la Margen Sur en la organización Cabo de Mar, pero no se han entregado esos lotes hasta el día de hoy. Inclusive se podría hacer algo rápido, dado que las tierras están disponibles, como es permitirle a los vecinos que hoy están alquilando terrenos para estar con sus casillas, que las puedan trasladar a esos predios, respetando claro los requisitos que las normativas del IPV exigen. Pero para encontrarle soluciones a los problemas de la gente hay que tener iniciativas y debatir en la Legislatura y eso hoy no ocurre.
D.P.L.: Otra de las críticas que surgen por parte de algún sector de jubilados estatales son las modificaciones que se impulsaron durante su gestión, en el año 2016 y por las que muchos hoy están todavía enojados…
R.B.: Hay un dato que es definitorio: desde 2016 las leyes impulsadas en aquella época no fueron derogadas. La emergencia previsional continúa vigente. La ciudadanía tiene que saber que el espíritu que me animó en ese entonces, en una situación más que crítica y riesgosa, era salvar la caja y evitar que hubiera un traspaso a la nación. Había que salvar la obra social y por esas medidas, lo conseguimos. Muchos, en un marco de honestidad intelectual, recordarán que cuando asumí en el año 2015 no se pagaban las jubilaciones hacía tres meses y solo cobraban aquellos jubilados que habían recurrido a un abogado para presentar amparos. Eran solo 1.200 jubilados los que habían interpuesto amparos judiciales, mientras que los otros que no lo habían podido hacer, estaban en una desigualdad muy penosa. Pero insisto: todas las modificaciones que tanto se nos criticaron nunca fueron derogadas, continúan vigentes y le siguen dando sustento al régimen previsional. ¿Pero qué veo yo ahora? Que si una persona que trabajó toda su vida en el Estado fallece, cuando va la señora a hacer los trámites para la pensión, está dos años peleando por algo que le corresponde. Ahora que está la moratoria previsional de ANSES también hay gente que ha trabajado en el Estado provincial dos o tres años y que necesita acreditar esos aportes, pero están supeditados a dos turnos por día, o que no les den la documentación que necesitan para jubilarse… Durante mi gestión se había avanzado mucho pero salta a la vista que hubo un retroceso a la hora de la ejecutividad en resolver los casos, detrás de los que hay personas que sufren.
D.P.L.: Los empleados públicos también suelen criticarla en las redes sociales porque la acusan de no haberles aumentado el sueldo…
R.B.: Insisto, hay que recordar cuál era el contexto de país en esos momentos. Estaba el gobierno de Mauricio Macri, quien en la primera reunión nomás que tuvimos todos los gobernadores con él, nos dijo que la nación no iba a acompañar a las provincias ni con salarios ni con jubilaciones. Nos remarcó que cada uno tenía que hacerse responsable de estas obligaciones y todos tuvimos que firmar el famoso Pacto Fiscal, en donde por ejemplo constaba tajantemente que para que ingresara un empleado a la planta solo podía ocurrir si se producía una vacante… entre muchas otras limitantes. Nosotros en Tierra del Fuego nos tuvimos que administrar con nuestros propios recursos y dimos aumentos que quizás no iban al ritmo de la inflación, lo que tampoco hoy se puede hacer. A modo de ejemplo actualmente un director general ganará alrededor de 300 mil pesos pero el gobernador gana más de un millón. Es marcada la diferencia que existe entre lo que gana un trabajador con respecto a los funcionarios políticos. Y aunque nosotros tampoco podíamos dar aumentos, un director general ganaba en ese entonces unos 70 mil y yo, como gobernadora, ganaba 98 mil. No había una gran diferencia entre los trabajadores estatales y la planta política. Pero bueno, quizás a algunos no les convenga admitir que las cosas fueron muy difíciles en esos años y que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y dentro de las posibilidades. Yo, por ejemplo, entendí que si uno está trabajando en un momento tan difícil también tiene que dar el ejemplo, y hay que poner lo mejor de uno y me congelé el sueldo. Tampoco se pagaban en esa época desarraigos como se pagan ahora, y a tanta cantidad de gente. La nuestra fue una administración austera en muchos sentidos y había mucho control y transparencia en la ejecución. Mucha información estaba disponible en el Boletín deicial, en las redes y se enviaban expedientes permanentemente al Tribunal de Cuentas para que controlen. Hoy nada de eso se da y se ve cómo hay licitaciones que no se condicen con la realidad. Decisiones como la iluminación de la Casa de Gobierno, con un gasto millonario, me llevan a preguntarme si esos millones se usaran en los hospitales, qué distinto sería todo. ¡Se gastaron 33 millones de pesos para esa obra!. Es un cachetazo para el ciudadano que cuando va al hospital no puede atenderse o contar con un estudio de diagnóstico porque el aparato está roto. Ese monto debió utilizarse en la compra de insumos para el hospital o para las escuelas. Es impresionante las notas que recibo todo el tiempo de directoras de los colegios de la provincia que me piden insumos, lavandina, computadoras, televisores. De todo. Las escuelas están desprovistas de cosas esenciales. Es lamentable que se haya retrocedido a esas épocas en que el Estado estaba desmantelado. Hoy vemos un Estado que no presta servicios, que tiene endeudamientos por gastos corrientes, que se endeuda y se endeuda emitiendo letras de Tesorería que las paga a un interés del 156% a 30 días. Tampoco se sabe qué destino tuvieron los 150 millones de dólares que dejamos en el Banco Tierra del Fuego cuando terminé mi gestión. ¿Dónde fueron a parar? Estaban previstos para la realización de obras públicas pero se desafectó ese destino. Reconozco que hubo una pandemia y que el gobernador tuvo que tomar decisiones, pero no está transparentado qué pasó y tampoco hubo rendición de cuentas.
D.P.L.: La compra por parte del Gobierno provincial, durante su gestión, del gran inmueble ubicado en avenida Maipú, entre las calles Belgrano y Sarmiento, fue celebrada pero también criticada. ¿Fue una buena decisión comprar el edificio en donde funcionaba el ex Casino Club?
R.B.: Sí, fuimos muy criticados por esa decisión, pero la gente tiene que saber que fue una muy buena medida por varias razones. Logramos terminar con la actividad que se ejercía en ese lugar, en coherencia con las medidas que impulsamos para que se cerraran los casinos de paño, de máquinas, como una política de Estado. Lo hicimos porque en nuestra provincia hay mucha adicción – ludopatía – y mucha gente hace que se le esfumen sus recursos y su vida, con el juego. La decisión fue hasta de salud pública, la de reducir a su máxima expresión la actividad. Además los cánones que recibía la provincia no eran importantes. También lo hicimos pensando en el planteo de muchos jóvenes que coincidentemente nos reclamaban un espacio para realizar actividades culturales y artísticas. Entonces analizamos su propuesta, pedimos una evaluación del inmueble al Tribunal de Tasaciones de la Nación y nos pareció apropiado intentar comprar el edificio. Primero los dueños dijeron que sí, después que no, hubo otros interesados privados y al final decidieron venderle a la provincia. Hicimos un pago inicial y el resto lo pactamos en cuotas. El dólar estaba a 18 pesos en ese entonces, después subió a 48 y hoy está a cuatrocientos y pico. Eso quiere decir que la provincia ganó para su patrimonio un bien valiosisimo, a un monto muy barato, y que está en el centro neurálgico de la ciudad. Además la actual gestión lo usó para la vacunación en la pandemia y ahora para el actual centro tecnológico para jóvenes. Inclusive el gobernador lo utilizó para pronunciar su discurso del 1ero de marzo. Tanto que nos criticó, lo terminó usando él mismo… La compra de este inmueble fue muy beneficiosa para la provincia y está siendo disfrutado por la comunidad. Eso es lo que a mí me importa. La utilidad está a la vista y creo que en el futuro también va a continuar sirviéndole a las generaciones por venir.
D.P.L: Abogada, luego de todo lo ocurrido ¿con qué ánimo encararía su labor como legisladora? ¿Sin rencores ni heridas que duelan?
R.B.: Soy una persona resiliente, que trata de mirar siempre hacia adelante, dejando atrás los agravios y el perjuicio que me causaron, con críticas arteras y mal intencionadas. Esto es real. Me causaron un altísimo costo político ante los ojos de la sociedad. Pero todo eso es tiempo pasado y hay que siempre seguir luchando, no solo por los que estamos hoy si no y sobre todo, por los que vienen detrás de nosotros, los jóvenes y nuestros niños. Por eso quiero promover y apoyar todo lo que sea bueno para los ciudadanos sin ser jamás un palo en la rueda de ningún gobernante, porque mi objetivo es ser una oposición constructiva. Solo les pido que nos acompañen votando la lista 501, porque somos gente comprometida con Tierra del Fuego. Creo que mi fuerte es gestionar, siempre lo he hecho y quiero poder volcar esa impronta también en la Legislatura.
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