El Ejecutivo acelera la venta de la aerolínea de bandera en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos por reclamos salariales y rechazo a los despidos.
Este miércoles ingresó a la Cámara de Diputados el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) 873/24, que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Ahora resta que el tema sea tratado en ambas cámaras del Congreso, que tendrán la última palabra.
El decreto había sido publicado este martes por la noche, en lo que fue el primer paso de la gestión de Javier Milei para desprenderse de la empresa estatal, que había quedado fuera de la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases.
El Gobierno se amparó en la Ley N° 23.696, que establece que para proceder a la venta de las empresas estatales, se deben previamente declarar “sujetas a privatización” por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, fundamentaron la decisión remitiendo al Decreto N° 70/23, con el cual «se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa».
En base a eso, sostuvieron que el Tesoro Nacional «no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina».
Para justificar esta afirmación, previamente señalaron que en los 16 años que lleva estatizada, «la empresa presentó marcadas pérdidas, las cuales fueron mitigadas a través del aporte del Tesoro Nacional con el fin de garantizar la continuidad operativa».
A su vez, manifestaron que uno de los objetivos de la privatización de la aerolínea de bandera es «la prestación de un servicio de excelencia que proyecte positivamente la imagen del país y permita acoger a los usuarios locales y extranjeros con hospitalidad, compromiso y conciencia gracias al buen servicio que debe brindar la línea aérea de bandera».
En ese sentido, argumentaron que «la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente».
Además, indicaron: «En un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1% el Estado nacional debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen».
Ahora, la privatización deberá ser aprobada por el Congreso. La semana pasada, en Diputados se debatió la privatización de Aerolíneas Argentinas en un plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto.
La insistencia de la administración libertaria por la venta de Aerolíneas se da en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, que llevan adelante medidas de fuerza por reclamos salariales y en rechazo a los despidos.