LOS JUECES JULIAN DE MARTINO, JORGE LUIS JOFRE Y FEDERICO VILELLA DIERON UN VUELCO AL EXPEDIENTE QUE INVESTIGA EL PRESUNTO ABUSO SEXUAL COACTIVO Y MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS EN LA QUE ESTA DENUNCIADO AL INTENDENTE DE RIO GRANDE.
La Cámara de Apelaciones revocó las últimas resoluciones del titular del Juzgado de instrucción Nro 1 del Distrito Judicial Norte, Raúl Sahade en torno a la causa Nro. 32.723/18 por presunto abuso sexual coactivo y desmanejo en la obra pública por parte del actual intendente de Río Grande, Gustavo Melella. El organismo de apelación le exigió también a Sahade que no obstruya la investigación con medidas como la de prohibirle al abogado Francisco Giménez, patrocinante de las presuntas víctimas de abuso sexual, que pueda tomar vista de una parte de las actuaciones. Asimismo ratificó que los hechos denunciados deben tramitarse “en forma conjunta y no por separado” como lo había dispuesto el juez de instrucción, bajo la denominación en un caso de “Abuso sexual” y “Obras Públicas”, en el otro, pero sobre el mismo asunto. Para los jueces de Cámara, los hechos investigados están “estrechamente vinculados”, dado que los denunciantes coincidieron en acusar a Melella de haberlos sometido a prácticas sexuales contra su voluntad a cambio de trabajo o del pago con fondos públicos de servicios prestados en construcciones municipales, por lo que ordenaron que se tramiten en forma conjunta. Fundamentan su postura en que como se investiga un presunto abuso sexual coactivo, las circunstancias de “relación de autoridad o de poder” deben buscarse en el modo en que se manejaron las contrataciones del Municipio, y en la injerencia de Melella en esos procesos.
De la lectura de los oficios recibidos por las partes el pasado lunes 6 de mayo y a los que pudo acceder Diario Prensa, se desprende una explícita llamada de atención al juez Raúl Nahim Sahade, cuyas decisiones fueron revocadas por la Cámara de Apelaciones. La postura de los magistrados resultó coincidente con el reclamo público efectuado por el abogado querellante que representa a los trabajadores de la construcción Mario Lovera, Alfredo Suasnabar y Damián Rivas, quien no se cansó de afirmar que el juez Sahade procedía de manera intencionada para beneficiar los intereses del intendente Gustavo Melella. Por ello Francisco “Paco” Giménez confirmó que efectuará un pedido de jury ante el Consejo de la Magistratura.
En los mismos escritos los jueces de la Cámara ordenan que se concrete la realización de pericias psicológicas a todas las partes involucradas, incluidos los tres denunciantes y el denunciado.
Giménez planteó en su momento que la Justicia debía llamar a prestar declaración no solo al titular del Ejecutivo municipal riograndense sino también a otros actores vinculados con el intendente, como Fabián Daldi, Ayelén Barboza y los empresarios que fueron adjudicatarios de obras de construcción municipal en las que se desempeñaron Lovera, Suasnabar y Rivas.
En otro punto de la resolución judicial, el Tribunal se refirió al recurso de queja tramitado por Giménez el 14 de marzo de 2019 cuando al presentarse en la mesa de entradas del edificio judicial se encontró con que Sahade había ordenado a los empleados que le prohibieran al letrado acceder a uno de los cuerpos de la causa particionada. Sobre el tema los jueces de la Cámara de Apelación fueron contundentes en su escrito, en el que afirmaron que dicha prohibición de acceso a la causa “violenta grávemente la garantía de defensa”.
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