La Corte Suprema de Justicia de Tucumán postergó la reapertura de los tribunal provinciales y dispuso una prórroga del asueto extraordinario por razones sanitarias hasta el 24 de mayo, con suspensión de plazos procesales y administrativos, al aceptar las recomendaciones de ministerio de Salud local ante la pandemia de coronavirus, según fuentes judiciales.
El Poder Judicial «había tomado todos los recaudos para reabrir sus puertas a la ciudadanía a partir del lunes, de manera administrada y con todas las medidas de bioseguridad» que se impone en el contexto de la emergencia sanitaria.
Pero las autoridades sanitarias de la provincia aconsejaron a la Corte Suprema local que «lo mejor era esperar» hasta que termine la presente etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que concluirá el 24 de mayo.
A través de una acordada, el máximo tribunal de la provincia dispuso «exceptuar de la suspensión a las causas que se iniciaren en formato digital» y estableció que desde el lunes y hasta el 24 de mayo quedarán «afectados los magistrados, funcionarios y empleados, en el horario de 8 a 12, para atender aquellas cuestiones urgentes y/o impostergables que ingresen y den origen a un nuevo expediente; como también a cuestiones urgentes».
El Poder Judicial pretende reabrir las puertas para atender las necesidades de los abogados y especialmente de los «justiciables» y para se presentó un protocolo de atención al público que no recibió objeciones, pero «será activado cuando las condiciones sanitarias lo permitan».
La semana pasada se entregó al personal el protocolo con las medidas para que la reapartura de los tribunales fuese segura, con el propósito de «evitar posibles focos de riesgos, pero por su aplicación quedó en suspenso por la sugerencia de los funcionarios del área de Salud», consignaron fuentes judiciales.
Si bien las puertas de los tribunales locales están cerradas, los funcionarios judiciales explicaron que «el personal viene trabajando desde que se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, exceptuando al personal que forma parte de los grupos de riesgo».
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