La medida fue dispuesta por el juez Sergio Pepe, a cargo del Juzgado de Instrucción Nro. 1 del Distrito Judicial Sur y fue ejecutada por personal de Gendarmería Nacional.
El jueves 22 de agosto en horas del mediodía, se produjo un despliegue de unidades de la fuerza federal frente a los accesos de la calle San Martín y del playón de estacionamiento posterior, en el marco de una causa judicial en la que se investiga una presunta falsificación de instrumentos públicos en torno al proceso de modificación de la Constitución provincial, abortado reciéntemente.
Los automovilistas y peatones que pasaban frente a la sede del Gobierno fueguino, en calle San Martín, entre las arterias Lasserre y Roca, se sorprendieron el jueves último, alrededor del mediodía, al observar estacionadas frente a las puertas de acceso al edificio, camionetas con la inscripción Gendarmería Nacional.
Un importante despliegue de uniformados se apoderó de la vereda y de las oficinas y pasillos internos, comentando a este medio los empleados que “vivimos momentos de tensión. Los gendarmes iban y venían, daban órdenes y revisaban papeles y computadoras. Algunos se pararon en los baños para que nadie se llevara ninguna carpeta o moviera nada. Pasamos un feo momento” – coincidieron en relatar.
Según se pudo saber, el personal de Gendarmería respondía a una manda judicial emitida por el titular del Juzgado de Instrucción Nro. 1, el abogado Sergio Pepe, en el marco de actuaciones referidas a una investigación por la presunta comisión del delito de falsificación de instrumento público, decreto 1.656/24, relacionado con la modificación de la Constitución, impulsada por el Ejecutivo provincial y aprobada por ley del Poder Legislativo fueguino.
Para Pepe no está claro el fechado del mencionado decreto, como así también otros pasos formales, por lo que dispuso el allanamiento y secuestro de todo elemento que se haya utilizado para su confección.
El accionar judicial causó un profundo descontento en los funcionarios gubernamentales, quienes se consideraron víctimas de actitudes de represalia por conceptos críticos vertidos oportunamente por el gobernador Gustavo Melella sobre ese Poder, como así también en el ánimo de algunos legisladores, quienes evalúan si lo ocurrido pudiera constituir una intromisión y avasallamiento entre poderes del Estado.