La ley busca ser un hito histórico en la defensa de los derechos nacionales y provinciales sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes
Desde el Gobierno provincial aclararon varios puntos referidos al proyecto de Ley Malvinas presentado días atrás por la gobernadora Rosana Bertone, que propone que cualquier instrumento jurídico internacional, sea cual fuere su denominación particular, cuyo objeto y fin involucre, directa o indirectamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes deba contar con la expresa aprobación del Congreso de la Nación.
En primer término, se dejó en claro que la declaración de inconstitucionalidad de cualquier tratado u acuerdo suscripto en el pasado, presente o futuro entre la República Argentina con el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es competencia exclusiva de la Justicia, conforme a lo establecido por el artículo 116 de la Constitución Nacional. El Memorándum de Entendimiento con Irán es un ejemplo en tal sentido. El mismo fue aprobado por el Congreso pero luego quedó sin efecto al intervenir la Justicia declarándolo inconstitucional.
Una ley tampoco puede derogar o dar por finalizado un acuerdo en vigor ya que esto es competencia del Poder Ejecutivo Nacional, quien es quien debe ratificar los tratados internacionales, razón por la cual es el mismo PEN y no el Congreso, quien tiene la capacidad de derogarlos o suspenderlos, tal y como hiciese el presidente Néstor Kirchner en 2005 y 2007 con los acuerdos de cooperación en materia de hidrocarburos y de pesca.
Esta ley tampoco “legitima” lo realizado en el pasado, porque para el derecho internacional, mientras la Justicia o el Poder Ejecutivo Nacional no determinen lo contrario, YA ES LEGITIMO.
Por este motivo, esta ley no puede jurídicamente “derogar” o “suspender” o “declarar la inconstitucionalidad” de los acuerdos suscriptos en el pasado. Pero esta ley lo que sí puede es poner un punto final a la práctica anómala de los acuerdos simplificados respecto a Malvinas, que la Constitución no menciona pero que la práctica argentina acepta y admite; establecer las bases para una política de Estado y finalmente, ser la llave para poder encontrar los consensos necesarios para analizar lo realizado hasta el momento y actuar en consecuencia.
Desde el Gobierno provincial se remarcó también que «esta ley es el fruto de un trabajo serio, a conciencia, sin ningún tipo de búsqueda proselitista ni partidaria –ejemplo de esto es que participaron de la creación del proyecto expertos constitucionalistas cuyos orígenes políticos son totalmente distintos a los de la gobernadora- sino que esta ley busca ser un hito histórico en la defensa de los derechos nacionales y provinciales sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes y es la primera acción específica desde 1982 que busca avanzar, concretamente, en la implementación de una verdadera política de Estado sobre la Cuestión Malvinas».
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