Otra vez el fiscal Nicolás Arias sorprende por su manera de pensar, amparado por una Justicia que se vanagloria de interesarse en la difusión de sus actos, pero que hace todo lo contrario.
El caso cobró notoriedad a nivel nacional por tratarse del senador Matías Rodríguez, fallecido en el marco de un suicidio y de la desaparición misteriosa de su valija y una tablet, hecho este último por el que fueron procesados sus custodios. Nicolás Arias, quien fuera fiscal de la causa por abuso sexual en la que estuvo imputado el empresario Darío Weiss en 2018 y al que pretendió favorecer con una sanción leve “por no tener sus estudios secundarios terminados”, ahora vuelve a dar la nota.
El suicidio – confirmado por las pericias forenses y los técnicos de la División Policía Científica de Ushuaia – del senador nacional Matías Rodríguez, ocurrido el pasado miércoles 18 de octubre en la casa que alquilaba en el barrio Casas del Sur, calle Del Monte 1.930 y otros hechos conexos que envuelven al caso en un sinfín de hipótesis y especulaciones, continúa sin contar con información oficial por parte de la Justicia de Tierra del Fuego. El caso, que cuenta con dos personas procesadas, los dos custodios del senador, Horacio Rubén Leguizamón y Alberto Alejandro Miño, es motivo constante en las redes sociales de cierto interés morboso por parte de quienes centran su atención en los pormenores de la vida íntima del funcionario, exenta de cualquier tipo de análisis o juzgamiento. El Art. 19 de la Constitución Nacional reza: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
Pero no es ese el aspecto sobre el que se pretende que la Justicia, y principalmente el fiscal, informe a los ciudadanos. En absoluto. El pueblo quiere saber de qué se trata mínimamente el hecho, que se explique por qué fueron procesados un policía provincial y otro federal, encargados ambos de la custodia del senador Matías Rodríguez y por qué si está confirmado que se trató de un suicidio, la causa continúa abierta, con producción de medidas judiciales como allanamientos, análisis de cámaras de videovigilancia y citación de nuevos testigos.
¿Qué está buscando la Justicia? ¿Por qué no coinciden las testimoniales de los custodios, la secretaria, el psiquiatra de Rodríguez y su esposa (de la que estaba separado de hecho), en cuanto a horarios, estado de ánimo, apariencia física, del extinto?. ¿Qué habría habido en una misteriosa valija de mano que el senador le había pedido a su secretaria Mónica Valeria Aciar que guardara en su casa y que le pidió poco antes de descerrajarse un tiro?. ¿Documentación? ¿Dólares? ¿Pesos? ¿el arma con la que terminó con su vida? ¿Por qué es tan importante la hasta ahora inexplicable desaparición del carry on de la casa en donde se halló el cadáver?. Todos estos interrogantes y más se los formula una ciudadanía que tiene memoria y que no olvida que el fiscal en este caso es el mismo que en el año 2018 también ocupó amplios espacios en la prensa local y nacional por su curiosa manera de pensar en torno a otro caso resonante. En aquella época Nicolás Arias estuvo al borde de un jury al proponer que el empresario Darío Weiss, denunciado por los padres de dos niñas de 9 y 15 años de edad, se le otorgara el beneficio de la omisión de juicio, sin cumplimiento de pena carcelaria, ante cargos de abuso sexual infantil. Para Weiss, dueño en esa época de una distribuidora de alimentos y bebidas, titular de la concesionaria Citroen y vinculado maritalmente con una empresaria, Arias pidió una sanción leve porque “no había terminado sus estudios secundarios” y “era único sostén de familia”. El fiscal, en medio de un escándalo mayúsculo, terminó siendo apartado del caso y Weiss terminó condenado a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Debido a ese absurdo planteo el fiscal quedó comprendido en la causa Nro. 93/18 caratulada “Nicolás Arias sobre antecedentes”, analizada por el Consejo de la Magistratura y votada de modo negativo por la jueza María del Carmen Battaini, el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, el ministro jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, los legisladores Pablo Daniel Blanco y Federico Bilota, y el consejero Miguel Ángel Castro. No obstante y en forma unánime impulsaron la derivación del caso al Superior Tribunal de Justicia para que se evaluara la aplicación de una sanción disciplinaria administrativa. La ciudadanía tampoco nunca fue informada si se aplicó o no y todo quedó tapado piadosamente por el paso del tiempo.
Los consejeros tuvieron la misión de determinar si el pedido de omisión de debate y la aplicación de una pena mínima y excarcelable propuesta por Arias en beneficio de un imputado con conocido poder económico se había debido a su simple criterio personal o si podría haber sido corrompido monetariamente por el acusado. Inclusive los padres de las dos menores abusadas se presentaron ante el Consejo de la Magistratura con una nota formal, para cuestionar la conducta de Arias, de quien dijeron que “incumplió el rol de acusador que le confiere el cargo y pareció más bien ocupar el de defensor del imputado”.
A un lustro de aquello, el fiscal nuevamente vuelve a sorprender por su particular manera de razonar, al dejar deslizar que no brinda información a la ciudadanía para no revictimizar a los familiares y salvaguardar la integridad emocional de los implicados, pese a que el eje central del caso es nada menos que la muerte de un senador nacional y presidente de la Comisión de Narcotráfico.
Ante la necesidad ciudadana de que los jueces, fiscales y otros actores de la Justicia se manejen con transparencia y ética, e informen en ese sentido sobre la muerte del senador, es lamentable que se introduzca en el tema – en el colmo, de los colmos – el “protocolo para el tratamiento de casos de suicidios”.
Menos mal que el caso del fiscal Alberto Nisman no debió ser tratado por la Justicia fueguina. Ni el del doctor René Favaloro. Por suerte.