El proyecto que se tratará en el Senado cuenta con un artículo que aclara las condenas ante el incumplimiento de los deberes. Este jueves se conocerá el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy.
El Gobierno decidió ampliar el temario de proyectos a tratar en las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, incluyendo la denominada “Ley Lucio”.
Mientras la sociedad aguarda conocer el veredicto en el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, donde los jueces decidirán si Magdalena Espósito Valenti (la madre) y Abigaíl Páez (la novia), son condenadas a prisión perpetua, Martín Maquieyra, diputado nacional de La Pampa, brindó detalles del proyecto creado alrededor de esta causa y que apunta a generar concientización y que prevé sanciones a funcionarios.
“Es una ley que surge del dolor de una familia pero de una actitud con mucha valentía. Le dimos media sanción en Diputados, pasó al Senado donde se le dio de comisión, pero no se llegó a fin de año a aprobarlo. Tuvimos la sorpresa que no estaba en el temario de las sesiones extraordinarias, cuando el propio Alberto Fernández se había comprometido con la familia a impulsar el proyecto. Por eso le escribimos una carta al Presidente para que la pueda incluir”, explicó el legislador en diálogo con radio Mitre.
Maquieyra aclaró que el Presidente llamó a la familia, se disculpó y enmendó esa situación con un Decreto, lo que permite que a partir de febrero los senadores puedan tratar el tema: “Necesitamos urgente esta ley en funcionamiento”, enfatizó.
El diputado del PRO aclaró que la Ley Lucio también contempla una sanción para los funcionarios públicos por estos casos de violencia. Según el Código Penal Argentino, ante el incumplimiento de los deberes por parte de un funcionario público, se contempla una pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial.
“Si bien ya está estipulado, la estrategia del abogado y de la familia es seguir con toda la cadena de mando, y no quedarnos con un docente o un médico, si no ver qué pasó con los protocolos, con los funcionarios que tampoco hicieron bien su trabajo o por qué se decidió dar la tenencia a la madre”, explicó Maquieyra.
“El agente público o autoridad judicial que sea requerido, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”, especifica el artículo 8 del proyecto de ley presentado.
Reserva de identidad
Maquieyra reiteró la importancia de realizar la denuncia ante estos casos de violencia. “Es importante que todos los docentes, médicos, la fuerza de seguridad y todas las personas que trabajen con niños y adolescentes la hagan, ya que muchas veces no ocurre por temor. Por eso planteamos la reserva de identidad, para que estén respaldados ante posibles hechos. Y esperamos que una vez sancionada la ley, todas las provincias se adhieran”, agregó el legislador.
No obstante, el diputado nacional aclaró que también se requiere de capacitación para los diferentes sectores que trabajan con menores, a fin de poder concretar a tiempo esa denuncia. “Otra herramienta es la capacitación a todo el personal de salud y educación, también a muchos clubes e instituciones, sobre las alertas tempranas que un niño o niña realiza y que nos permiten inferir que son víctimas de abuso. Esto es importante porque a nadie capacitan en el trabajo para poder inferir sobre ese tipo de actividades, que es un cambio de comportamiento, de la conducta o los dibujos que hace un niño”, aseguró.
Uno de los artículos de la ley plantea la concientización para que toda la población sea parte. “Se estipulan campañas en medios de comunicación para que todos sepamos que tenemos que llamar a la línea 102″, agregó.
La participación del Gobierno
La ley establece que el Ejecutivo y el Judicial actuarán articuladamente para la creación de un protocolo que establezca las formas de actuar de las fuerzas de seguridad, organismos de la niñez y jueces con competencia en familia.
“Con la Secretaría de la Niñez y Ministerio de la Mujer tuvimos 3 reuniones informativas, insistiéndoles para que vengan y finalmente lo hicieron. Si bien nació como iniciativa de una familia, abrimos la participación de legisladores y funcionarios. El proyecto saltó todo tipo de grietas”, resaltó Maquieyra.
Y concluyó: “Nos parece central que haya una participación activa de la Secretaría de la Niñez y Ministerio de la Mujer”.
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