Marta Yañez llamó a declarar como imputados al ex jefe de la base naval de puerto Belgrano y al ex comandante de la fuerza de submarinos, entre otros. Apuntaría a que la nave no habría estado en condiciones de navegar.
La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez llamó a indagatoria a cuatro ex altos jefes de la Armada en la causa que investiga el naufragio del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur, quienes se suman a los tres primeros marinos que ya habían sido imputados y se negaron a declarar. Así avanza más en la búsqueda de responsabilidades penales sobre oficiales que integraban la cúpula de la Armada en el momento de la tragedia.
La nueva tanda de imputaciones y citaciones dispuesta por la magistrada alcanzó al capitán de navío Claudio Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) con sede en Mar del Plata cuando el buque perdió contacto, el 15 de noviembre de 2017, y al entonces jefe del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (COAA), contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo. Están acusados de “incumplimiento en los deberes de funcionarios público”.
Yáñez citó, también, a prestar declaración indagatoria al jefe de Operaciones del COAA, con asiento en la ciudad bonaerense de Puerto Belgrano, capitán de navío José Marti Garro y al jefe de Mantenimiento de la Armada (JEMA), el contraalmirante Eduardo Luís Malchiodi.
López Mazzeo pidió el pase a retiro después de que en el ministerio de Defensa le anularon el sumario que le había abierto Srur. Villamide sigue en actividad, igual que Marti Garro y Malchiodi también pidió el retiro
Las cuatro nuevas declaraciones dispuestas se desarrollarán entre el miércoles de la semana próxima y el lunes 11 de noviembre, pocos días antes de que se cumpla -el 15 de este mes- el segundo aniversario de la desaparición del San Juan y sus tripulantes, y el primero desde su hallazgo en el lecho marino, a 907 metros de profundidad.
Así la juez investiga la hipótesis de “el San Juan no estaba en condiciones para navegar, después de dos años de investigación judicial y parlamentaria”, comentaron fuentes judiciales.
Fuentes allegados a los imputados afirmaron que “se trata de una imputación a toda la marina (desde los arsenales que proveen el mantenimiento inmediato a los astilleros, comandos logísticos y operativos, que fueron supervisando cada etapa de alistamiento)”. Pero “en particular, a la tripulación del San Juan, quienes eran los responsables de operar la nave. Es inverosímil pensar que Fernández y su tripulación navegaron el submarino a sabiendas de los problemas técnicos que supone la Jueza”, agregaron.
“Sacar a navegar a un buque con las falencias que supone la Juez, pese a todos los controles internos y autorizaciones necesarias sería como afirmar que nadie hizo bien su trabajo en la Armada”, agregaron esas fuentes. Para estas fuentes, se llama a indagatoria “pese a que aún no se comprobó cuál fue la causa del naufragio”.
Villamide y López Mazzeo fueron los dos marinos suspendidos en diciembre de 2017, en pleno operativo de búsqueda del submarino, por el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, quien los responsabilizó por el hundimiento de la nave. Villamide fue pasado a retiro en julio último. Srur y López Mazzeo mantuvieron una dura pelea sobre las causas del naufragio.
Srur insistió además en las presuntas responsabilidades de ambos cuando declaró como testigo ante Yáñez en abril de 2018 y al hacerlo en dos ocasiones ante la Comisión Bicameral del Congreso que investigó el siniestro.
López Mazzeo declaró como testigo ante la jueza en Caleta Olivia en noviembre de 2018, pocas horas antes de que los restos del buque fueran hallados por el barco Seabed Constructor, de la empresa estadounidense Ocean Infinity, pero fuentes cercanas a la investigación aclararon que lo hizo en el marco de la causa paralela sobre las operaciones de búsqueda de la nave.
El marino se había presentado además seis meses antes de manera espontánea en el juzgado santacruceño para tratar de declarar voluntariamente ante Yáñez, acompañado entonces por su abogado, pero la magistrada no se lo permitió, porque no estaba resuelto si eventualmente sería citado como testigo o como imputado.
Las nuevas indagatorias dispuestas por la jueza tendrán lugar luego de que la semana última se negaron a prestar declaración los tres primeros marinos que fueron imputados: el jefe de Logística del COFS capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, el ex jefe de Operaciones de esa fuerza capitán de fragata Hugo Miguel Correa y el jefe del Estado Mayor del COFS cuando se produjo el hundimiento, el capitán de navío Héctor Alonso.
Más allá de su negativa a declarar, Sulia, Correa y Alonso dejaron abierta la posibilidad de realizar una ampliación cuando puedan conocer en mayor profundidad la causa, indicaron fuentes de la investigación.
Las citaciones se conocen semanas después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, hizo lugar, por unanimidad, a un recurso presentado por Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los más jóvenes oficiales del submarino y abogado de un grupo de familiares, para acceder a la información reservada en la causa sobre el San Juan. Tagliapietra, quiere que se acuse a los marinos de “homicidio con dolo”.
Por otra parte, diputados de Cambiemos rechazan adjudicarle responsabilidad política al ministro de Defensa Oscar Aguad, por el naufragio.
“Hay un decreto, número 1691 de 2016, que es de la época del kirchnerismo donde dice que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas serán el organismo responsable del empleo de los medios militares en tiempos de paz”, explicó el diputado radical Luis Petri, miembro de la Bicameral.
Petri agregó que, según esa resolución, es la cúpula de la Armada la que “ejerce el control funcional pero también el control operacional” por lo que “mal puede responsabilizarse al ministro de Defensa respecto de lo que tiene que ver con el control funcional y operacional que dependía del Estado Mayor Conjunto en este caso de (Marcelo) Srur”.
Srur fue desplazado de la fuerza tras la desaparición del submarino, por disposición del ministro Aguad.
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