Por estos días retrocedimos poco más de tres años y reinstauramos el debate respecto a si es bueno llenar de jaulas con voraces salmones los mares fueguinos argentinos. Decidimos que un proceso social que ha sido visto en el mundo como un ejemplo de defensa al embate de un modelo de producción de salmones altamente destructivo, hoy se transforme en prototipo irracional de lo que el poder empresarial puede hacer, cuando se prioriza el negocio de la mayor ganancia con la menor inversión posible.
Ingresando a una nueva instancia que creíamos superada, se esgrime una mordaz y tendenciosa crítica a una ley que fue ejemplo en el país y en el mundo, que inspiró a muchos que están padeciendo un modelo destructivo que, es cierto genera importantes ingresos de dólares, pero a un costo ambiental, social, cultural del que nunca se habla ni siquiera se cuantifica. Parados en un supuesto “equilibrio”, como si éste se vendiera por kilo y ellos fueran dueño de los últimos cinco kilos, no se avergüenzan en ubicar a quienes no estamos de acuerdo con la prometida destrucción, en “los extremos”.
Entonces para ganar el apoyo de los distraídos o de aquellos que creen honestamente que la naturaleza es un enorme banquete que hay que deglutir ilimitadamente, se recurre una vez más a determinadas mentiras. La más recurrente es que la ley actual no los deja “hacer salmones”. ¡Mentira!. Pueden producirlos, pero con un sistema en tierra, que seguramente requiere más inversión, más cuidados, menos producción, pero mayor calidad.
Pregonan que se puede replicar en Argentina el “exitoso” modelo chileno, con muchos puestos de trabajo y miles de millones de dólares de ingresos anuales… ¡Mentira!. El país vecino dispone de una geografía con miles de kilómetros de costas, fiordos y bahías por doquier, que ayudan a la protección de las enormes jaulas, mientras que nosotros no disponemos ni remotamente de esa cantidad de costas y, recurriendo a éstas sobre el Atlántico, posiblemente implique que las jaulas instaladas en mar abierto, las deban ir a buscar a Georgias o en el mejor de los casos a las Islas Malvinas.
Dicen que esta ley es consecuencia de la presencia de Greenpeace. ¡Mentira!. La Ley 1.355 ha sido fruto de un largo proceso del que participaron centenares de personas de todos los campos, ambientalistas y no ambientalistas, científicos, académicos, universidades, empresarios del sector turístico y con ellos cámaras del sector, ciudadanía en general, etc.
Otros también han recurrido a absurdas descalificaciones, en el afán de desprestigiar a quienes apoyan la normativa, rotulándolos de “hippies con OSDE”. Esto requiere una respuesta un tanto más profunda, porque la verdad que cansan con las mismas frases de siempre.
Sabemos que lo de “hippies con OSDE”, que en realidad nació como una broma entre amigos, es una manera de definir a aquellos que cuestionan el consumismo sin dejar de disfrutar de sus placeres.
En realidad, más allá del error de meter en la misma bolsa a todos quienes tienen otra mirada respecto de un modelo de desarrollo que se está cuestionando en gran parte del mundo, parece ya absurdo pensar que para defender el ambiente o proponer otro modelo que respete ciertos límites, se lo debe hacer desde la carencia absoluta o practicando un permanente ayuno budista.
Defender el ambiente o cuestionar el extractivismo anárquico es fruto de una toma de conciencia que prioriza la empatía hacia el ser humano y el sustento a futuro. Porque la explotación irracional y dañina de determinados recursos, incluso va más allá de lo ideológico, como ha quedado claramente expuesto en nuestro país.
No cuestionamos el consumismo necesario y tenemos conciencia crítica respecto de aquel que es fruto de una insaciable ambición que hace que cuando ven un bosque nativo, solamente calculan cantidad de madera; cuando ven una majestuosa montaña, solo piensan en minerales y cuando observan un enorme mar, solamente imaginan gigantescas jaulas llenas de salmones hacinados.
Pero quizás el más grande error que cometeríamos al derogar la Ley Provincial 1.355 regulatoria de la producción de salmones, es no respetar los procesos sociales que son fruto y consecuencia del actual desarrollo. Deben entender aquellos capitales que quieran instalarse en Tierra del Fuego, con sus propios anhelos de producción, que ya se hallan radicadas centenares de empresas, grandes y pequeñas, que han invertido, ateniéndose a las leyes imperantes a las que se han adaptado y las que han determinado el perfil de sus inversiones.
Estos empresarios están dando miles de puestos de trabajo y su futuro depende del buen uso y de la preservación que sepamos garantizar en relación al patrimonio cultural, social y natural con el que hoy contamos.
Aquellos que se sumen, deben hacerlo respetando esas reglas de juego, no es justo ni razonable, cambiarlas a conveniencia de unos pocos.